El acuerdo que Convergència y Esquerra seguían redactando ayer para presentarse juntos a las elecciones del 27-S y proclamar la independencia en caso de victoria contiene medidas para tratar de burlar la respuesta del Estado a la hipotética secesión. Los negociadores de CDC y ERC contemplan varios escenarios, especialmente las consecuencias judiciales y económicas. La llamada ley de transitoriedad, que es la que quieren aprobar en el Parlament entre seis y ocho meses después de las elecciones, supondría según CDC y ERC la “desconexión” o “ruptura” con el resto de España e incluiría esas medidas.

 

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