Son inevitables todos los pasos hacia la fragmentación intraespañola, e intracatalana, que se auguran para la convocatoria electoral del 27 de septiembre lanzada por Artur Mas? ¿Resulta obvio que los ciudadanos catalanes deban votar ese día, y voten, a favor de la secesión? ¿Y que la respuesta única sea, sin matiz posible, la puesta en cuarentena de la autonomía de la Generalitat y por consiguiente una monumental crisis de Estado, del Estado autonómico tal y como lo conocemos desde 1978?

Evidentemente, no, aunque las fuerzas centrífugas, asidas a los dos polos extremos de la secesión y del uniformismo central, así lo puedan pretender. Es cierto que el camino recorrido hacia el desastre es ya largo, y que resulta difícil cambiar la lógica del enfrentamiento por una dinámica de diálogo, negociación y pacto.

Es difícil; pero es lo más aconsejable, lo más conveniente y lo más rentable. Sobre todo porque las relaciones de los catalanes con el resto de los españoles, o si se quiere, la de Cataluña con el conjunto de España (y a la inversa), nunca han sido producto de un mero cálculo de interés, ya fiscal, ya comercial, ya estratégico o militar. Han sido generadas, a veces con tensiones, enfrentamientos e incluso episodios violentos, por la convicción general de que no se trataba de pergeñar una construcción de suma cero, sino una operación ganadora para todos: en la que todos ganen, y ganando se multipliquen.

 

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