ERC y los independientes de Junts pel Sí sabían que podían afectarles las cargas penales de Convergència

La operación de registro de la Guardia Civil en las sedes de la fundación  CatDem, vinculada a Convergència, en la central del partido, el domicilio del tesorero y cuatro municipios catalanes gobernados por CiU ha levantado el lógico revuelo político en puertas de la campaña electoral del 27-S. Lo primero que hay constatar es que se trata de unas diligencias ordenadas por el juzgado de El Vendrell derivadas del caso Torredembarra, de presunta financiación ilegal de CDC (el famoso 3%), a cargo de la constructora Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, estrechamente vinculada al partido y a su fundador, Jordi Pujol.  Es un caso, pues, en manos de un juez, no una acusación basada en documentos redactados en oscuros despachos policiales, sin paternidad conocida, como se ha dado en algún caso.
Puede alegarse, como han hecho el coordinador general de CDC,  Josep Rull, y otras voces, que la intervención está sospechosamente ligada a la campaña electoral, para perjudicar el proceso soberanista, pero vale también la réplica de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría de que «las operaciones anticorrupción no entienden de partidos ni fechas electorales», como bien han experimentado recientemente el propio PP con el caso Púnica y el PSOE con el de los ERE.  Con todo, la mejor forma de que el procés no se viera afectado por todo esto sería no tener causas pendientes por presunta corrupción. Pero  en este aspecto CDC tiene unos  cuantos frentes abiertos (caso Palau, Pujol y familia, caso Crespo, ITV…). Y Mas no puede quedar al margen, por mucho que en ello ponga énfasis el argumentario de Junts pel Sí al señalar que «ha demostrado una actitud inequívoca en la lucha por la transparencia y contra la corrupción». Tanto ERC como los independientes que se sumaron a la candidatura unitaria que exigía Mas para adelantar las elecciones sabían que podían verse afectados políticamente por los casos judiciales de CDC. Ayer era perceptible la incomodidad o el silencio de unos y otros ante lo ocurrido.
Convergència, como todo implicado en este y otros casos, merece la presunción de inocencia hasta que la causa judicial haya concluido. Lo lamentable es la exasperante lentitud de la justicia. Solo el caso Palau lleva abierto desde julio del 2009, cuando los Mossos entraron en el Palau de la Música. Demasiado tiempo para culpables e inocentes.