• Los independentistas consideran que desobedecer al TC es pasable, aunque la ley diga que se ha de obedecer el fallo del alto tribunal

O por las buenas o por las malas. Los independentistas catalanes no darán tregua. El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ya lo advirtió el día en que Junts Pel Sí ganó las elecciones en una pírrica victoria: ahora toca movilizarse desde las instituciones y en la calle. Sin pausa, ya que los resultados de las urnas fueron insuficientes.

La presión independentista irá ‘in crescendo’ los próximos días porque este sector de la población no se queda de brazos cruzados ante nada. El pasado mes de septiembre, el presidente catalán, Artur Mas, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le llamase a declarar antes de las elecciones del 27-S por su imputación en la causa del 9-N, es decir, por haber presuntamente desobedecido al Tribunal Constitucional y haber sacado las urnas a la calle. El Tribunal prefirió dejar pasar la campaña electoral para no distorsionarla y eso supo a cuerno quemado a los independentistas. De hecho, les perjudicaba la cautela del órgano judicial porque con una citación en tiempo y forma se hubiera podido tener una baza más de confrontación con “el Gobierno español”.

Hoy, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, coincidió con Mas en los actos de la 58 reunión Unión Internacional de Magistrados, en Barcelona, y se lo dijo muy claro: “Respetar la ley es la fuente de la legitimidad para una convivencia democrática”. El ‘president’ le respondía que “cualquier utilización partidista de la justicia podría mermar el sustento democrático”. Y el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, terciaba: “Hacer respetar la ley nunca se puede considerar una afrenta”. Diálogo de sordos, en definitiva.

Claro que todo depende de la concepción que se tiene de la legalidad y de la legitimidad. Los independentistas consideran que desobedecer al TC es pasable, aunque la ley diga que se ha de obedecer el fallo del alto tribunal. ¿Sería lo mismo que legitimar el impago de las deudas, los impuestos o la hipoteca por considerarse abusivos? ¿Quién es el TC -o cualquier otro tribunal- para decir que son legales?

Es el razonamiento aplicado en Cataluña. Y ello da carta de legitimación a la movilización por tierra, mar y aire, hasta el punto de convocar concentraciones en apoyo a los imputados por desobedecer al TC. Se trata de Artur Mas, su exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, que deberán declarar como imputados ante el TSJC los días 13 y 15 de octubre.

Protestas masivas ante los tribunales

Ante ello, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), la Asociación Catalana de Municipios (ACM) yÒmnium Cultural han llamado a sus afiliados a materializar la protesta de dos maneras: concentrándose ante los ayuntamientos catalanes a las 19.30 horas el 13 de octubre y acompañando a declarar a los imputados. La ACM es la organización de municipios a los que se afiliaban mayoritariamente los ayuntamientos de CiU para hacer frente a la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), donde estaban los mayores consistorios, en manos de la izquierda socialista y ecosocialista.

¿Por qué tamaña acción de presión sobre la justicia? “El 9-N fue un éxito colectivo, de país: de aquellos que fueron a votar, de los voluntarios, de las entidades y sindicatos y de una gran mayoría parlamentaria”, dice un comunicado conjunto de esas cuatro entidades. De ahí que, además, animen a enviar una carta de protesta a título individual al TSJC.

El comunicado recuerda a los jueces del tribunal que 2,3 millones de personas votaron en el “proceso participativo del 9-N” ejerciendo su “derecho democrático de votar y expresar la opinión sobre si queríamos que Cataluña se convierta en un Estado y si este ha de ser independiente”.

También recuerda a los magistrados que ha habido “numerosas y multitudinarias manifestaciones” a favor de un Estado propio. “Es así como apelo a su condición de conciudadanos y a su conciencia para determinar que, en un Estado democrático como en el que vivimos, es un contrasentido que se considere delito una consulta que pretende conocer la opinión de la ciudadanía para ejercer la acción política”. Por ello, se pide el archivo de las causas abiertas contra los tres altos cargos de la Generalitat, finalizando:”En ningún caso, poner las herramientas de la democracia, es decir, poner las urnas, puede constituir delito, y, si lo es, entonces los encausados tendríamos que ser todos los ciudadanos y ciudadanas que demostramos conformidad con la decisión de ir a votar el 9-N”.

Pero no se ha de dejar ningún cabo suelto. “Estas movilizaciones tendrán una réplica en las redes sociales con una serie de acciones que se detallarán próximamente”, anuncian en el comunicado.