• El punto más afilado del dirigente catalán es el que aboga por desobedecer las leyes españolas y sentencias de sus tribunales y, específicamente, las del Constitucional

“Pero esto qué es”, exclamó, más que preguntó, el consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, a la vista de la propuesta parlamentaria de desconexión con España que sería aprobada el pasado día 9. Su punto más afilado es el que aboga por desobedecer las leyes españolas y sentencias de sus tribunales y, específicamente, las del Constitucional por considerarle “deslegitimado y sin competencias desde la sentencia de 2010 sobre el Estatut votado previamente por el pueblo en referéndum”.

A Mas-Colell pudo irritarle esa pretensión algo pueril de que baste con declarar que no se reconoce la competencia de un tribunal para quedar dispensado de acatar sus resoluciones. Pero la referencia a la sentencia sobre el Estatut indica una voluntad de recuperar el argumento de que la radicalización independentista es una respuesta inevitable a esa sentencia, interpretada como prueba de que las aspiraciones de los catalanes no caben en la Constitución española. Pujol padre vio en la sentencia la evidencia de que hay “presiones para que Catalunya desaparezca”.

Pero ignorar los contenidos inconstitucionales que conservaba el texto, con el argumento de que había sido votado en referéndum, también habría sido problemático, y más con otras reformas estatutarias en marcha. El tribunal optó por una vía tendente a mantener el máximo posible de artículos mediante la técnica de condicionar su validez a una interpretación congruente con el marco constitucional. El resultado fue declarar total o parcialmente inconstitucionales 14 de los 223 artículos del Estatut y someter a interpretación otros 27. Pero ese Estatut está vigente y garantiza un autogobierno amplísimo.

Que surjan desacuerdos en su aplicación, como ahora en relación con el control del uso de los Fondos de Liquidez, no significa que se esté aplicando bajo cuerda el artículo 155 de la Constitución, como se ha respondido desde el Govern a la muy discutible iniciativa de Montoro. Tratar los problemas técnicos como cuestiones de principio es una característica del soberanismo que ha dificultado acuerdos posibles.

Antoni Fernández Teixidó, ex- dirigente de CDC, ha abandonado sus cargos porque no se quiere “sentir corresponsable de lo que está pasando”. Lo que está pasando lo resume en ocho errores graves atribuibles a Mas (EL PAÍS, 20-11-2015), y que van del seguidismo acrítico de los organizadores de las Diadas masivas a la supeditación a la CUP, que sería el más grave.

La paradoja es que no hay acuerdo con la CUP porque se resiste a votar la investidura de Mas que este exige como cuestión de principio y, en paralelo, se abre una vía para la retirada voluntaria delpresident mediante la disolución-refundación de Convergència (que no podría encabezar porque sería absurdo un partido que renueva nombre e ideario y conserva líder).

Pero antes que esos errores y como causa última de todos ellos está la interpretación inflamada de la sentencia del Estatut, y su peor consecuencia: la desvalorización de la autonomía como residuo centralista, con olvido de su papel como punto de encuentro de la mayoría social catalana y de partida para posibles reformas consensuadas del propio marco autonómico.