• El pasado sábado las bases de CDC estaban llamadas a las urnas, en las primeras primarias de su historia, para decidir, por un lado, si preferían renovar el partido manteniendo sus siglas históricas o refundarlo bajo una nueva denominación; por otro, para determinar el cabeza de lista para las elecciones al Congreso de los Diputados. 

En la jornada, denominada por los convergentes “supersábado”, participaron 14.000 personas, algo más de la mitad de la militancia. Respecto a la primera cuestión se impuso con claridad, con el 67% de los votos, la constitución de un nuevo partido. En la segunda cuestión venció, con el 77,6% de los sufragios, el candidato oficialista Francesc Homs que había recibido el apoyo explícito de Artur Mas y Carles Puigdemont, frente a Sílvia Requena.

Ninguno de estos resultados ha causado sorpresa. Tras el escándalo de la familia de Jordi Pujol, fundador y patriarca del catalanismo conservador, la sigla de CDC había quedado completamente quemada. A esto ha de añadirse el continuado declive electoral de esta formación desde que, en 2011, emprendió el giro soberanista y que ha provocado la ruptura con sus históricos socios de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Ahora, la nueva dirección y orientación política debe surgir del Congreso de refundación que se celebrará del 8 al 10 de julio. De momento, se han postulado tres candidatos a la secretaría general. Josep Rull, actual conseller de Territori y coordinador general de CDC hasta el mes pasado. Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí (JxSí), y Germà Gordó que fue conseller de Justicia del 2012 al 2016, pero que lleva ocupando altos cargos de la Generalitat desde 1988. Rull encarna al denominado sector socialdemócrata que propugna la renovación generacional de la dirección del partido. Gordó es la cabeza visible de la vieja guardia, partidario de mantener el perfil de centro-derecha en el eje social y uno de los consellers de perfil menos independentista en los ejecutivos presididos por Mas y más reticentes a los pactos con la CUP. Turull, un hombre próximo a Mas, se ubica en una posición intermedia entre ambos, tanto en el eje social como en el nacional y es quien cuenta con mayores opciones de convertirse en el nuevo hombre fuerte del partido. Hemos de tener en cuenta que uno de los aspectos de la renovación del partido radica, según el modelo del PNV, en separar los cargos públicos de las responsabilidades del partido.

Además de la reelección de Homs como número uno de la candidatura convergente al Congreso, la dirección convergente anunció que Mas cerraría dicha lista abandonando la poco exitosa denominación de Democràcia i Llibertat por las siglas clásicas de Convergència que sería la última vez que concurría bajo ese nombre en unos comicios. También se hizo público que Miquel Calçada, Mikimoto, periodista y empresario de la comunicación, habitual en los programas de TV3, lideraría la candidatura al Senado. A despecho de su imputación por simular servicios profesionales para obtener beneficios fiscales.

Se trata, con la inclusión de Mas y Mikimoto en las listas, de intentar detener la caída electoral de Convergència que pronostican todas las encuestas y que avalaría el relevo de ERC en la hegemonía del nacionalismo catalán como se ha verificado en las últimas convocatorias electorales.

Las declaraciones de Artur Mas tras el supersábado convergente evidencian el carácter lampedusiano de esta operación política pues propugnó que la nueva formación sería una hija de los “mejores valores de Convergència”, al tiempo que cerraba la puerta a su disolución para cumplir con sus obligaciones legales, derivadas de su implicación en numerosos procesos judiciales por corrupción. Así, pues, con los mismos planteamientos ideológicos y con semejantes liderazgos se pretende cambiar una denominación quemada por otra menos comprometida para intentar contener el imparable avance de ERC en el campo nacionalista y recuperar el espacio de centralidad que ocuparon en la política catalana en la etapa autonomista liderada por Pujol.

La CUP se “libra” del pacto con Puigdemont

Mientras el sábado los convergentes iniciaban el proceso de aggiornamento, el domingo la CUP celebró una asamblea en Esparraguera, famosa por su representación de la Pasión de Cristo en Semana Santa, a la que asistieron 800 militantes. Allí se aprobó una enmienda mediante la cual se “libran” del pacto de estabilidad suscrito con JxSí tras la renuncia de Mas y que desencalló la investidura de Carles Puigdemont. Esta enmienda fue trabajosamente consensuada entre los dos sectores de la izquierda independentista. Poble Lliure, que defendió dicho pacto y que, incluso, propugnó aceptar que Mas continuara en la presidencia de la Generalitat para salvar el proceso soberanista y Endavant que representa al sector más genuinamente anticapitalista y cuya formulación inicial propugnaba claramente la ruptura del pacto de estabilidad, frente a las ambigüedades del verbo “librarse”. Además, la enmienda defiende que la CUP “no entrará en ninguna dinámica que suponga avalar unos Presupuestos” que no planteen la desobediencia frontal a “las imposiciones del Estado español”.

La CUP justifica la ruptura del pacto de estabilidad por el hecho que JxSí no acaba de poner en marcha la hoja de ruta rupturista de la declaración del 9 de noviembre del 2015 que incluye las tres leyes de desconexión y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Esta determinación les deja las manos libres para realizar una oposición dura al ejecutivo catalán que, a su juicio, es la única manera de ampliar la base del independentismo por la izquierda. También, en la asamblea de Esparraguera, se propuso la convocatoria de un referéndum unilateral de autodeterminación que habría de celebrarse en enero del 2017, cuestionando la hoja de ruta aprobada con JxSí y que prevé la convocatoria de elecciones constituyentes en el verano del año próximo.

Este giro estratégico de la CUP deja en una situación muy complicada al ejecutivo de Puigdemont que necesita el voto de, al menos, dos diputados de esta formación para aprobar los Presupuestos y hacer avanzar la hoja de ruta soberanista. En circunstancias normales, si JxSí no pudiese aprobar los Presupuestos debería disolver la cámara catalana y convocar elecciones. Sin embargo, como aseguró Junqueras la intención del ejecutivo sería prorrogarlos con el argumento de salvar el proceso soberanista.

En cualquier caso, la decisión de la CUP se explica por la contradicción que suponía que una formación anticapitalista se hubiese convertido en el único sostén parlamentario de un ejecutivo donde cada vez más se imponen las tesis conservadoras de Convergència, como ha sucedido, por sólo poner algunos ejemplos, con la negativa de Puigdemont a subir las cotizaciones del IRPF de las rentas más altas, desautorizando al vicepresidente económico Oriol Junqueras de ERC, o con la votación de JxSí junto con el PP para no admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular sobre educación que planteaba la cancelación de los conciertos económicos con las escuelas privadas.

Por otro lado, el mantenimiento del pacto de estabilidad estaba provocando una pérdida de apoyos sociales y electorales a la CUP, como se reflejaba en las encuestas, a favor de En Comú Podem y el desencadenamiento de fuertes tensiones internas. Así, Josep Manuel Busqueta, exdiputado, miembro de Endavant y negociador de los Presupuestos con JxSí, lanzó un órdago el pasado mes de febrero en un acto realizado en Vallecas donde consideró “inadmisible” el apoyo de la CUP a Puigdemont que comprometía el proyecto estratégico de la izquierda independentista y anticapitalista.

Tras la asamblea de Esparraguera se puso inmediatamente en marcha el poderoso aparato mediático de Convergència para repetir la exitosa operación, denominada pressing CUP, para obligar a la formación de la izquierda independentista a investir primero a Mas y luego a Puigdemont con el argumento que su postura maximalista provocaría el descarrilamiento del proceso independentista, lo cual les convertía en cómplices objetivos del PP y que ahora se centraría en que la CUP facilite la aprobación de los Presupuestos. En efecto, incluso para los sectores más sectarios del movimiento soberanista, resultaría un contradicción difícilmente superable afirmar que se quiere conducir el país hacía la independencia cuando se es incapaz de aprobar las cuentas de la Generalitat.

Los disturbios en el barrio de Gracia tras el desalojo de un inmueble ocupado han ahondado las distancias entre JxSí y la CUP. El pasado martes cuando el vicepresidente Oriol Junqueras convocó a los grupos parlamentarios para presentar los Presupuestos, la CUP se negó a asistir y convocó una rueda de prensa para denunciar la violencia policial, reclamar la disolución de Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d’Esquadra y la dimisión del director del cuerpo policial, Albert Batlle.

Finalmente, no parece que el ejecutivo catalán quiera emprender ninguna determinación hasta que no se aclare el panorama político en el gobierno de España y se compruebe el desenlace de la aprobación de los Presupuestos. Ahora bien, si la CUP se orienta en el sentido de la asamblea de Esparraguera el actual formato del proceso soberanista devendría inviable, abocando al país a una nueva cita con las urnas donde sería muy complicado que las fuerzas independentistas reeditasen su actual mayoría parlamentaria. No obstante, dada la extremada complejidad del escenario político catalán y español, no pueden descartarse otras opciones. Así, si Mariano Rajoy fuese reelegido presidente del gobierno de España, podría reactivarse el frente secesionista con la CUP para impulsar la hoja de ruta contenida en la declaración del 9 de noviembre.