Las elecciones del 26J nos enfrentan a la compleja situación política española y a la urgencia de obtener respuesta a las demandas de una sociedad desorientada por la actuación de su “clase política” tras los comicios de diciembre, huérfana de soluciones a los efectos de la crisis y a la corrupción. La falta de gobierno estable y de iniciativa parlamentaria no conviene a un país con un difícil panorama económico (léase recortes requeridos por Bruselas), que debe recuperar posicionamiento internacional y encarar el “problema catalán”.

Encuestas en mano se aventuran resultados electorales parecidos, pero sabemos que la nueva legislatura no puede fracasar. Por el contrario, deberá servir para satisfacer la demanda de amplios sectores sociales de una acción política más cercana, transparente y participativa sin utopías o demagogias; repartir con mayor equidad los costes de la crisis y reorientar la gobernanza bajo una perspectiva que permita afrontar reformas, entre ellas un nuevo modo de abordar la “cuestión catalana” y los desajustes territoriales.

No se podrá tratar el tema catalán -y el territorial- sin un diagnóstico compartido entre Madrid y Barcelona, y entre las fuerzas políticas, sobre la crisis de relaciones entre Cataluña y el conjunto de España y sobre la crisis del estado de las autonomías. El problema, agravado por la inacción del gobierno de Mariano Rajoy, se deberá resolver mediante acuerdos y mecanismos –creo en la reforma constitucional- que ofrezcan soluciones y permitan que se reconozca la realidad plurinacional y plurilingüística de España.

En este contexto hay que preguntarse sobre el papel de los diputados catalanes en Madrid, especialmente aquellos que parecen meros observadores de la vida política española a la espera de una “desconexión” cada vez más improbable. A medida que transcurren el tiempo, se constata que la “hoja de ruta” independentista no solo era frágil –fruto de los resultados electorales de septiembre de 2015 y las difíciles alianzas- sino que estaba alejada de la realidad. A menudo apelar a las emociones sirve para enmascarar las carencias políticas y algo de eso ha habido en Cataluña en los últimos años.

Parece que en las filas independentistas se ha ido imponiendo cierto realismo cotidiano y tal vez sea el momento de recuperar una de las viejas pantallas “superadas”: el catalanismo transversal, basado en el diálogo, el progreso y la voluntad de intervención en la vida política española.

Probablemente sea hora de definir el catalanismo del siglo XXI que tiene su propio Memorial de Greuges (financiación, infraestructuras,  recentralización…) pero también capacidad de ser fuerza de regeneración en España, apostando por el encaje de Cataluña en un estado que podemos transformar desde el diálogo, el compromiso con la legalidad y la defensa de la cohesión social.

Cataluña es una sociedad plural, diversa, que basa su fuerza en la unidad civil y que tiene derecho a su lugar en el mundo global, al respeto a su identidad, lengua, cultura, en el marco de una España plural en una Europa más unida, valiente y justa. De eso se trata.

Mario Romeo, notario, presidente de la asociación La Tercera Vía

19 de juny de 2016