No hubo manera. El Parlamento surgido de las pasadas elecciones del 20 de diciembre no consiguió llegar a un acuerdo para formar gobierno provocando una suerte de paralización de las políticas con las que hacer frente a los principales retos que el país sigue teniendo encima de la mesa, y que incluso se han agravado en los últimos cinco meses. Si tras el 26 de junio se consigue efectivamente formar un nuevo Ejecutivo, las encuestas dicen que, de nuevo, será imprescindible el pacto y el acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Las opciones son múltiples pero los objetivos son comunes. A continuación se desgranan los principales desafíos a los que deberá enfrentarse ese nuevo Gobierno.

1.- CATALUÑA | EL MAYOR DESAFÍO DESDE EL 23-F

La que ha sido considerada como la mayor crisis de la democracia española después del intento fallido de golpe de Estado de 23F sigue en el aire cinco mese después. El desafío catalán es múltiple, pero la primera labor del nuevo Ejecutivo deberá ser la de afrontar las consecuencias de las medidas puestas en marcha por el equipo saliente, con el objetivo de ir en contra de la hoja de ruta secesionista del Parlament y del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que también se enfrenta a sus retos particulares consecuencia de las divisiones entre los partidos que sostienen el Govern.

Activar nuevas iniciativas para hacer cumplir la legislación vigente y rehacer los puentes para dar con una solución política que frene el choque de trenes y, asimismo, desbloquee la situación de enfrentamiento entre las instituciones española y catalana también serán labor del nuevo Gobierno. Y las conversaciones entre el Ejecutivo central y las instituciones catalanas deberán versar sobre fiscalidad y financiación.

La vía judicial emprendida por el equipo de Mariano Rajoy no tiene que ser la única a juicio de los analistas. “Se debe salir de la lógica actual para recuperar una relación consultiva entre el derecho y la política. El primero debe volver a ser un instrumento para que la segunda no descarrile”, asegura Pere Vilanova, catedrático de Ciencia Política de la Universitat de Barcelona. Josep María Reniu, compañero de departamento en el mimo centro, afirma que “se ha constatado que la vía judicial impide cualquier atisbo de solución en el escenario actual, por lo que será del todo inexcusable la consideración de una salida política, que se base en una negociación que contemple escenarios políticos y no judiciales ni de otra índole”.

Ese camino requerirá que desde la Moncloa se pongan encima de la mesa propuestas para dar solución a los problemas de los catalanes, que junto a las necesidades políticas de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya y del expresidente Artur Mas fomentaron en su día el clima propicio para que el 47,74% de ellos apoyaran la opción de la independencia en las pasadas elecciones autonómicas.

Apagar el fuego avivado a partir de 2012, después de que Rajoy dijera ‘no’ a la propuesta de reforma fiscal de Mas, será una urgencia para el nuevo equipo al frente del país. Mientras tanto, el Congreso de los Diputados discutirá previsiblemente la reforma de la Constitución y el nuevo modelo territorial del Estado. La España federal la proponen PSOE, Ciudadanos y Podemos- IU, pero su definición implicará más o menos autogobierno y reconocimiento nacional de la realidad catalana. Los socialistas acaban de plantear, además, una nueva vía para garantizar que se reconozcan las singularidades de los catalanes. Las tiranteces de los últimos años sólo podrán superarse si encima de la mesa se contemplan también cuestiones como el respeto mutuo a la cultura y a las lenguas.

La despolarización

De forma paralela se tendrá que activar la maquinaria de la seducción para la reconquista social de Cataluña. A diferencia de lo que se encontró en 2011 el equipo de Rajoy –cuando apenas una tercera parte de los catalanes apoyaban la independencia–, el nuevo Ejecutivo llegará a la Moncloa con la ardua labor de despolarizar una sociedad catalana que, según uno de los últimos barómetros de la Generalitat, se parte en dos entre quienes quieren la independencia y se desentienden del proyecto español –un 46,7%– y los que, por el contrario, se alejan del planteamiento secesionista y buscan alternativas dentro de España –el 47,8%–. No valdrán únicamente las estrategias políticas. Entrarán en juego la empatía y el afecto, cualidades que se han mantenido ausentes en los últimos cuatro años de legislatura si se analiza la relación entre España y Cataluña.

Tras años de enfrentamiento, algunos analistas consideran que la única opción pasa por la convocatoria de un referéndum de autodeterminación y que ésa debería ser la prioridad del Gobierno que se cree tras el 26J. Reniu argumenta que “con la estrategia de judicialización” practicada desde las instituciones españolas “la situación actual pasa por la negociación de los términos de un referéndum ‘a la escocesa’ como única opción viable”. Estima que “ni la oferta de ‘terceras vías’ en forma de reforma en sentido federal, ni la oferta de un sistema de financiación similar al concierto económico de Euskadi, ni la propuesta de una disposición adicional a la Constitución son escenarios considerables para la mayoría parlamentaria, política y social en Cataluña actualmente”. Ve el referéndum como el único “punto de encuentro” posible para avanzar.

Pere Vilanova señala, en cambio, que se debe plantear un escenario que se inspire en los Pactos de la Moncloa de 1978. “El nuevo Gobierno tiene que admitir que lo que ha sucedido en Cataluña no responde a frivolidades o imaginaciones. Debe legitimar el debate, y para ello tendrá que llamar a la nueva Generalitat, pero también a los agentes sociales”. El catedrático barcelonés es optimista y sí ve posible un acuerdo que mantenga a Cataluña dentro de España.

2.- REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN | RECUPERAR EL CONSENSO

La Constitución cumplía en diciembre 37 años justo en el momento en el que pasaba de símbolo de la modernidad de la democracia española a lastre para el desarrollo y la evolución del Estado de derecho. Esto es lo que sostienen la mayoría de los partidos políticos, que se muestran convencidos de la necesidad de reformar la ley de leyes para adecuarla a la situación socio-económica de la España actual. El Gobierno que tome las riendas del país será el encargado de pilotar y supervisar un proceso que vistos los meses de negociación que han desembocado en la convocatoria de unas nuevas elecciones, se presenta arduo y complicado. La principal y complicada tarea del Ejecutivo consistirá en tratar de garantizar el grado de acuerdo que exige esta revisión.

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, recuerda que “no hay reformas sin consenso. Es un requisito sine qua non”. Así lo establece la propia Constitución. El procedimiento ordinario, recogido en el artículo 167, es el que se utilizó en 2011 para incorporar el principio de estabilidad presupuestaria al artículo 135, gracias al polémico acuerdo alcanzado entre PSOE y PP. Exige que el proyecto de modificación sea refrendado por una mayoría de tres quintos –210 diputados– tanto del Congreso como del Senado, aunque si no también es posible hacer el cambio con el voto a favor de la mayoría de dos tercios –233 representantes– de la Cámara Baja y la mayoría absoluta de la Cámara Alta. El referéndum en este caso no es imprescindible.

Sí lo es cuando se recurre al procedimiento agravado, contemplado en el artículo 168 de la Carta Magna. Este precepto regula la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I o al Título II. En este caso la reforma debe ser apoyada por dos tercios de los representados en ambas cámaras, que tendrán que ser disueltas de inmediato. Resulta así obligada la convocatoria de nuevas elecciones que conformen las cortes constituyentes que revisen el nuevo texto, que vuelvan a aprobarlo por dos tercios y que convoquen la consulta. 

La división del voto augurado por las encuestas determinará, por tanto, el calado de la reforma constitucional. Aunque las distintas fuerzas políticas han planteado también diferentes prioridades, hay varios aspectos en los que se centrará el debate en los próximos meses. La reforma del Senado para convertirlo en una cámara territorial y descentralizada la plantean todos los partidos. Y Ciudadanos contempla incluso su supresión. La catedrática Yolanda Gómez sí considera que es necesario que se mejore la “representación de las autonomías” en la Cámara Alta. Y, como en 1977, en este debate resultará determinante el papel que tengan las fuerzas nacionalistas en la negociación.

Pero la cuestión clave de la nueva legislatura será la reforma del modelo territorial, cuando se multiplican las voces que consideran agotada la España de las autonomías, en pleno conflicto abierto con Cataluña y, en menor medida, con el País Vasco y Navarra por su régimen fiscal. El reto del próximo Ejecutivo y de los constitucionalistas que trabajen en el nuevo texto será consensuar el modelo en el que todas las comunidades autónomas –incluidas las que gozan de una mayor soberanía– se vean aceptadas. El federal es el que tiene más opciones de prosperar, aunque los partidos que lo proponen disienten sobre detalles como el grado de competencias de las ‘federaciones’ y el carácter singular de algunas de ellas. Juan María Bilbao, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, ve deseable que se contemple una mejor regulación del referéndum que posibilite consultas como la exigida por los catalanes.

La relectura del artículo 57, el referido a la Corona, tendría como objetivo eliminar la preferencia del varón en la sucesión del trono. El consenso es pleno en este aspecto, incluso por parte del PP. Y aunque no es su prioridad, IU sí tratará también de cuestionar la propia monarquía para instaurar la III República, iniciativa que no está en la agenda del resto de fuerzas políticas.

Los derechos fundamentales

Más fácil resultará el acuerdo en lo referido al artículo 1 de la Constitución que recoge los derechos fundamentales. El objetivo será incorporar algunos que no se recogen como tales en el texto, como el de la sanidad o el de la protección de las personas discapacitadas. También otros de nueva generación como el de la protección de datos. Bilbao añade, asimismo, la necesidad de abolir la pena de muerte de la Carta Magna, incluso en casos de guerra, y plantea que se elimine cualquier vinculación con la Iglesia católica. “A través de la reforma se tiene que conseguir que la Constitución pueda ser asumida como propia por la mayoría de los españoles y, sobre todo, por quienes no pudieron votar la actual. Tendrá un efecto saludable sobre la democracia”, vaticina Bilbao.

Encima de la mesa de las negociaciones se situarán, además, la redefinición de las relaciones entre los órganos del Estado y el método de elección de instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. El principal propósito es que se garantice su independencia del poder político y se ponga punto final al sistema de cuotas del que se benefician las grandes fuerzas políticas.

3.- EMPLEO | OTRA VUELTA DE TUERCA A LA REFORMA LABORAL

Primero fueron los brotes verdes, que tímidamente anunciaban el fin de una crisis global que en España ha tenido efectos devastadores, con una tasa de desempleo que superó los seis millones de parados, más de tres millones de ciudadanos en situación de pobreza severa y la desaparición de la clase media. Después se empezó a hablar abiertamente de recuperación; más tarde de milagro económico y de un país transformado en la nueva locomotora europea. La economía sigue siendo la principal baza electoral del PP y el argumento de Mariano Rajoy para recobrar la confianza de los votantes, dilapidada con la reforma laboral y unos ajustes que, si bien evitaron el rescate de la Unión Europea (UE), no lograron mantener el bienestar de una sociedad que nunca se creyó que había vivido por encima de sus posibilidades, arrasando de paso con conquistas sindicales, derechos laborales y todo el sistema de prestaciones públicas.

En realidad, todos los partidos políticos han echado la carne en el asador con las propuestas económicas de sus respectivos programas, lo que refleja la síntesis más descarnada de la incidencia de factores como crecimiento, empleo e inflación a la hora de votar. El ciudadano sabe que hará falta algo más que bonitos discursos y buenas intenciones para dejar atrás una recesión que ha empeorado sus vidas, en ocasiones hasta límites insoportables. Se admite que es necesario cambiar el modelo productivo,pero se discrepa sobre quién debe pagar los platos rotos de la crisis, un coste que hasta ahora han asumido los más débiles: las familias, los funcionarios, los que cotizan en el IRPF y las pequeñas y medianas empresas. Ni la construcción ni el turismo, a pesar de su incidencia en el PIB, volverán a crear empleo y riqueza como lo hicieron antes del estallido de la burbuja. El cambio que se precisa es más profundo, estructural, que flexibilice sin precarizarlo el mercado laboral y que transforme el sistema educativo para que los demandantes de trabajo afronten las necesidades contractuales de las empresas.

La OCDE ha revisado al alza su previsión para la economía española este año, que deberá crecer un 2,8%, una décima más de lo que había anticipado en noviembre y de lo que espera el Gobierno, pero recortó la de 2017 en dos décimas para dejarla en el 2,3%. En su informe semestral de Perspectivas publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es también más optimista que la Comisión Europea para 2016 (Bruselas augura un 2,6%) y de nuevo algo menos para 2017 (el Ejecutivo comunitario calcula un 2,5%)

Otro factor que tira del consumo -principal vector de la recuperación en España- es el crecimiento del empleo, que según la organización se traducirá en una reducción de la tasa de paro del 22,1% de media en 2015 al 19,8% este ejercicio (una décima menos de lo que calcula el Ejecutivo) y al 18,4% el próximo (el Gobierno anticipa un 17,9%).

Según sus cálculos, el déficit público que en 2015 se quedó en el 5,1% del Producto Interior Bruto (PIB), muy lejos por encima del objetivo, bajará al 3,7% en 2016, como estima el Gobierno, pero la OCDE no coincide con el 2,5% que se espera para 2017, sino que prevé un 2,7%. La consecuencia de todo eso es que la deuda volverá a incrementarse hasta el 100,3% del PIB este año y sólo caerá muy lentamente, hasta el 100,1% en 2017, en parte por la inflación, que por tercer año consecutivo volverá a ser negativa este año (-0,5 % de media) antes de pasar a territorio positivo el próximo (1 %).

Según Rafael Domenech, economista jefe de Economías Desarrolladas del servicio de estudios de BBVA, la necesidad de reducir la brecha entre gastos e ingresos obliga a incentivar el ahorro con medidas de choque entre las que destacan las reformas estructurales que liberalicen los mercados, la reducción del tamaño del sector público y el avance de los sistemas de copago en materia de sanidad, educación e infraestructuras, es decir, menos gasto y más impuestos para financiar los servicios públicos. El principal reto presupuestario se centra en reducir el impacto de la Seguridad Social en las cuentas públicas sin que se pongan en peligro las prestaciones en sanidad, dependencia y pensiones.

Menos inflación, más déficit

La receta económica es la misma, pero depende de quién la aplique varía la proporción de los ingredientes. La tendencia es menos inflación, más superávit de la balanza de pagos y más déficit público. El PP seguirá apostando por la reforma laboral que puso en marcha en 2012, cuando aprobó duros ajustes que, según Rajoy, evitaron el rescate y reactivaron la economía. No obstante, para el futuro anuncia bajada de impuestos y reforma fiscal, una promesa incumplida de su anterior programa electoral. También contempla modificaciones en la financiación autonómica y municipal y un adelgazamiento de la Administración pública. Reconoce que la asignatura pendiente es el paro y la reactivación del consumo.

4.- EMIGRACIÓN | EL DESAFÍO DE LOS REFUGIADOS

1 de noviembre de 1988. Una barca de madera de unos seis metros aparece varada en la playa de Los Lances (Tarifa). Junto a ella, el cadáver de un joven marroquí. Había pagado 35.000 pesetas para subir a la primera patera de la que se tiene constancia en España. Casi tres décadas después, la historia es la misma, pero las cifras se multiplican. Más de 8.300 inmigrantes han llegado a nuestro país en lo que va de año y otros 800.000 han llamado a la puerta de Europa, según datos de ACNUR. Pagan miles de euros en busca de una vida mejor.

El mayor desafío para el nuevo Ejecutivo, en el que irá de la mano de la UE, lo plantea el continuo flujo de refugiados. Los expertos muestran unanimidad: no parará. Las cifras hablan por sí solas, de los 800.000 que llegaron en 2015 sólo se ha conseguido un acuerdo para reubicar a 120.000 y se hará a lo largo de dos años. Los titubeos iniciales, la lentitud del proceso y los pasos encaminados hacia el bloqueo (cada día se introducen más controles en las fronteras y hasta el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha asegurado que Schengen está en juego) están poniendo en cuestión los principios básicos que sostienen la UE. “Será crucial saber qué posición va a tener el Gobierno con respecto a esta situación y de cara al reparto; si trabajará en la defensa de los derechos de estas personas, desarrollará políticas para atenderlas o si apostará también por las políticas de contención”, manifiesta Julia Fernández, directora de la ONG ACCEM.

Otro de los asuntos que se tendrá que abordar de manera conjunta es el sistema europeo común de asilo. “Es muy disfuncional, hay unos países que han aplicado unas directivas y otros, otras… esta disfuncionalidad está ocasionando que sea una lotería para el refugiado tramitar su asilo en días o en meses; que pueda completar la reunificación de su familia en seis meses o en dos años”, explica María Jesús Vega, portavoz de ACNUR. Esta situación no es ajena para los refugiados, que tienen muy claro su destino y ése es Alemania.

Además de la crisis de los refugiados, la herencia recibida en política migratoria del Ejecutivo de Mariano Rajoy estará en primera línea los próximos cuatro años. La exministra Ana Mato dejó sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y limitó su cobertura a los servicios de urgencia, excepto para las embarazadas y los menores de edad. La polémica nunca se ha separado de esta medida que fue rechazada por las comunidades no gobernadas por el PP y que a día de hoy sigue dando titulares: el Tribunal Constitucional ha suspendido este noviembre la sanidad universal para los inmigrantes en la Comunidad Valenciana, como ya lo hizo antes en Navarra y País Vasco. En estos dos últimos casos, finalmente el Constitucional anuló esa suspensión que había pedido el Gobierno. Tanto el PSOE como Podemos y Unidad Popular han asegurado que derogarán esta medida; Ciudadanos, por su parte, habla en su programa de limitar las prestaciones en sanidad para los inmigrantes.

El nuevo Ejecutivo también tendrá que dar respuesta a las denuncias por las ‘devoluciones en caliente’ en Ceuta y Melilla, práctica que el Gobierno de Rajoy intentó ‘legalizar’ bajo la figura de “rechazo en frontera” en la Ley de Seguridad Ciudadana (‘ley mordaza’). Estas actuaciones vulneran la normativa internacional de derechos humanos de la que España es parte. Cuestionada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tiene como origen la tragedia del Tarajal, donde murieron 15 personas. Esta reforma está en la agenda de toda la oposición.

En el punto de mira también las peligrosas concertinas y, cómo no, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Interior ha llegado a admitir que se incumple la legalidad en todos los CIE -ocho en toda España- “por la necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exigen”. Pablo Iglesias y Alberto Garzón piden su cierre, Pedro Sánchez propone diseñar un nuevo modelo; mientras, Ciudadanos, que votó en contra de su cierre en el Parlamet catalán, asegura que hará que se respeten los derechos humanos en ellos.

5.- MACHISMO | NI UNA MUERTA MÁS

Que sea una cuestión de Estado. Ésa fue la reivindicación de los más de 400 colectivos feministas que el pasado 7 de noviembre reunieron a cientos de miles de personas en la mayor manifestación contra la violencia machista en España. Ahora, la piedra está en el tejado del próximo Ejecutivo.

Los datos abruman: desde el año 1995, 1.378 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas (datos hasta finales de 2015). Y no sólo son ellas. En la última década, 44 menores han muerto a manos de sus padres, 26 de ellos durante el régimen de visitas. En el punto de mira: la eliminación de la custodia compartida y el régimen de visitas a los menores de los maltratadores condenados.

Movimiento Feminista alerta de “la necesidad de redoblar los esfuerzos de toda la sociedad y de los poderes públicos”. El recorte sistemático de las partidas presupuestarias “está poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres, así como de sus hijos”, señala. Actualmente, España dedica a la prevención integral de la violencia de género un 26% menos de recursos que en 2010.

6.- EDUCACIÓN | LA FORMACIÓN ES EL FUTURO

Muy pocas leyes han conseguido tanto consenso como la famosa ley Wert (LOMCE). Toda la comunidad educativa se unió para decir ‘no’ a la séptima ley orgánica de educación no universitaria en España desde la llegada de la democracia. En la memoria, dos huelgas generales y el compromiso de los principales partidos de la oposición de derogar esta norma. Nada nuevo. Cada vez que el Ejecutivo cambia de signo, los estudiantes cambian de libros. Un vaivén que lastra el sistema y sume en la inestabilidad a uno de los pilares básicos de cualquier sociedad: la educación.

Actualmente reina el caos y el nuevo Gobierno, sea el que sea -si el PP consigue gobernar necesitará apoyos y esos apoyos pedirán cambios-, tendrá que abordar la octava reforma educativa. En el horizonte, la utopía de un gran pacto por la educación que esgrimen en sus programas tanto el PSOE como Ciudadanos. Deseable, pero a primera vista, parece imposible. Si el bipartidismo no pudo conseguir ese acuerdo, la aparición de Ciudadanos y Podemos no facilitará el diálogo.

Para Ángel Gabilondo, quien buscó ese pacto cuando fue ministro de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero, quienes han dedicado “una vida a trabajar en educación” saben “que el acuerdo y el consenso es el único modo de avanzar en ella. El pacto ha de ser social y político, pero también territorial. Hay que articular programas de cooperación entre todas las comunidades para lograr cumplir con los objetivos educativos que nos marca Europa. Sigo creyendo que, por eficacia, eficiencia y por calidad democrática el pacto es no sólo posible sino que es imprescindible”.

En esta nueva legislatura volverá el debate sobre la convivencia entre la escuela pública, la privada y la concertada, la presencia de la asignatura de Religión en las aulas -que con la LOMCE cuenta para la nota media-, las reválidas, los itinerarios de los estudiantes, la segregación por sexos…

A modo de resumen, un dato: España es líder de la Unión Europea en fracaso escolar con una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que ha abandonado prematuramente el sistema educativo habiendo completado como mucho el primer ciclo de secundaria, según datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat. Este porcentaje duplica la media comunitaria (11,1%) y está todavía muy lejos del objetivo de reducir el abandono escolar al 15% de aquí a 2020.

A esto hay que sumarle que crecen las desigualdades entre ricos y pobres. Bruselas lamenta la caída de inversión cuando aumenta el número de alumnos en las clases y alerta del crecimiento de las desigualdades en educación.

También se ha puesto el foco en las últimas semanas en la preparación del profesorado, con Finlandia siempre en el horizonte, donde esta carrera es la que más nota requiere en el corte. En su libroDespertad al diplodocus, el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, responsable de trazar las líneas maestras del Libro Blanco de la Profesión Docente (encargado por el Ministerio de Educación) ha puesto sobre la mesa que “los profesores buenos no deben cobrar lo mismo que los malos”. El pedagogo apunta a relacionar el sueldo con el efecto que causa en el progreso de sus alumnos y la evaluación de su trabajo en el aula. Rescata también la propuesta de un MIR educativo, algo en lo que coincide con Ángel Gabilondo.

No obstante, el socialista defiende que “los docentes son imprescindibles en este momento y hay que cuidar su carrera. Ahora hay que lograr que una profesión que es absolutamente vocacional tenga el merecido reconocimiento financiero y la estabilidad imprescindible para que el ejercicio de la profesión despliegue todas sus posibilidades en el sistema educativo”.

Con respecto a si en alguna ocasión se ha puesto la ideología por delante de la educación, Ángel Gabilondo explica que “el mayor ruido se produce cuando se pretende resolver todo desde y a través del sistema educativo. Siempre he dicho, y repito, que no se educa sólo en horario escolar. Deberíamos lograr que en el debate educativo no sea donde reverberan todos los problemas políticos y de convivencia del país”.

7.- TERRORISMO | FACILITAR EL CAMINO HACIA LA PAZ

Según los expertos en la lucha antiterrorista, en Francia queda una veintena de etarras. La mayor parte son jóvenes provenientes de la kale borroka. Sin ningún tipo de estructura, o la mínima, la organización terrorista se encuentra con un escaso arsenal y prácticamente descabezada. Cuatro años después del anuncio del cese de su actividad armada ETA no sabe cómo poner punto final a su macabra historia. El problema principal es que los etarras dicen que no encuentran interlocución para proceder a su desarme y a su disolución. Desde el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no se ha tomado ninguna iniciativa para cerrar el problema, ni se ha producido contacto alguno con los terroristas para acelerar su desaparición, ni se ha acercado a cárceles vascas a los presos de la banda armada.

Esta situación de impasse, con una ETA agónica y un Ejecutivo autista, no favorece una salida ordenada como pretende el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu. Se ha vencido al terrorismo, que tanto daño ha hecho a nuestro país, pero las instituciones deben facilitar una solución que permita afianzar definitivamente la paz. No se trata de ceder ante el terrorismo, pero no se puede permitir después de tantos años de lucha que se cierre en falso y se deje pudrir un problema que ha costado tantas vidas y tanto dolor.

ETA tiene que entregar su armamento y disolverse y el próximo inquilino de la Moncloa tendrá que abordar, con compromiso y responsabilidad, la tarea de cerrar este capítulo para que nunca se vuelva a reproducir. Y el acercamiento de los presos de la banda a centros penitenciarios cercanos al País Vasco permitiría limar la tensión y vaciaría uno de los argumentos que esgrime la izquierda abertzale. Hay que actuar con raciocinio e inteligencia. Derrotado el terrorismo; es la hora de la visión política y también, cómo no, de apostar por la reinserción. Le corresponde a ETA tomar la iniciativa, pero todos deben asumir su responsabilidad para llegar al punto final. Cuando el terror se ha convertido en un síndrome global, que une a la comunidad internacional en contra de la amenaza, no tiene sentido mantener abierta la herida de ETA. La pacificación del País Vasco es hoy un hecho irreversible.