La principal novedad de la votación fue que, por primera vez, la mayoría independentista del Parlament de Catalunya realizó un claro acto desobediencia respecto a una interlocutoria del Tribunal Constitucional. Aunque el documento aprobado carece de efectos prácticos inmediatos, pues no deja de ser una declaración de intenciones, sí que adquiere gran relevancia política en el sentido de que sienta un inquietante precedent

El texto aprobado no difiere en exceso de la declaración de desconexión del 9 de noviembre de 2015, impugnada por el alto tribunal, excepto por incluir “un mecanismo unilateral de ejercicio democrático”. Esta fue una de las exigencias de la CUP que recoge de manera descafeinada el denominado Referéndum Unilateral de Independencia (RUI) aprobado en la Asamblea de Esparraguera de la formación de la izquierda independentista.

La tensa sesión se desarrolló casi al mismo tiempo que Francesc Homs, portavoz de CDC/PDC, se entrevistaba con Felipe VI en la ronda de consultas para la investidura. En un alarde de trilerismo político, característico de esta formación, afirmó apoyar la decisión del Parlament, al tiempo que pedía el amparo del Tribunal Constitucional para disponer de grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. El resultado de la sesión en la cámara catalana comportó que PP y PSOE, partidarios de que esta formación disponga de grupo propio, optasen por retrasar una decisión que hubiera evidenciado de manera descarnada las contradicciones de ambos partidos, que se presentan ante la opinión pública como los garantes de la unidad nacional, pero que premiarían a un partido independentista. Al mismo tiempo la vicepresidenta en funciones de gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lanzaba un durísimo alegato, preñado de amenazas, contra la determinación del Parlament, y Pedro Sánchez ofrecía todo su apoyo al gobierno en este tema. En cualquier caso, todo indica que CDC/PDC tendrá su grupo con el argumento de que sería peor que ERC fuese único grupo parlamentario independentista en el parlamento español.

Las once conclusiones del documento, que prevé la proclamación de la independencia de Catalunya en tres fases, está dominado por el concepto de “unilateralidad” que excluye cualquier solución pactada con el Estado Español. El camino se iniciaría con un “proceso participativo” para decidir sobre la independencia, continuaría con la aprobación de las leyes de desconexión con España y culminaría con unas elecciones constituyentes que elegirían una Asamblea Constituyente, con plenos poderes, para elaborar la carta magna catalana y que sería sometida a referéndum.

De este modo se desoyen los consejos del líder independentista escocés, Alex Salmond, quien recomendó a Carles Puigdemont evitar las vías unilaterales, que no tendrían reconocimiento internacional y le invitó a buscar una vía de negociación con el Estado para la convocatoria de un referéndum. Especialmente cuando el secesionismo carece de la mayoría social necesaria, como se comprobó en las elecciones “plebiscitarias” del 27S, cuando cosechó el 48% de los votos y cuando en las dos legislativas españolas el apoyo a los partidos independentistas CDC/PDC y ERC se situó en torno al 1,1 millones de votos y poco más del 30% de los sufragios.

Desde un punto de vista táctico, la votación del Parlament se explica por dos motivos. En primer lugar, por la necesidad imperiosa de Junts pel Sí (JxSí) de contar con el apoyo de la CUP para superar la moción de confianza que Carles Puigdemont planteó después que la oposición, incluidos sus socios de la CUP, le tumbasen los Presupuestos. Tanto es así que el president de la Generalitat anunció que se sometería a la moción de confianza el 28 de septiembre con la seguridad de que la izquierda independentista le apoyará.

En segundo lugar, por la necesidad de alimentar las movilizaciones de la ANC previstas para el 11 de septiembre y que no parecía que en esta ocasión pudiese reeditar los éxitos del pasado. Se trata, pues, de proporcionar combustible al tradicional victimismo del nacionalismo catalán provocando deliberadamente un choque frontal con el Tribunal Constitucional y el gobierno central, a quienes no les quedará otro remedio que imponer sanciones a la presidencia y los miembros de la mesa que desacataron las prescripciones del alto tribunal.

El papel de los Comunes

La sesión de la cámara catalana fue el escenario de la presión de los dirigentes de la CUP al grupo parlamentario de Catalunya Sí que Es Pot (CSQP) para que apoyasen las conclusiones de la Comissió. De esta manera, la CUP actuó como mamporrera por la izquierda del nacionalismo burgués y pequeñoburgués, encarnado por CDC/PDC y ERC, ratificando su papel de extrema izquierda del movimiento secesionista, con quien comparte base social mesocrática y referentes identitarios. En todo este proceso se está reafirmando que la CUP, puesta en la disyuntiva entre izquierda e independentismo, se decanta claramente por la segunda opción.

En el curso del debate los portavoces de JxSí y la CUP cargaron duramente contra CSQP, acusados de traición al proceso soberanista y de alinearse con el españolismo. Ello revela la posición estratégica de esta formación, que ha vencido en los dos últimas generales en Catalunya y a quien las encuestas otorgan un importante crecimiento en las elecciones catalanas, sin cuyo concurso resulta imposible que las fuerzas independentistas asuman la ansiada mayoría social. No sólo en términos cuantitativos, sino cualitativos, en la medida que CSQP representa a sectores de la clase trabajadora, lo cual ampliaría la base social del movimiento independentista más allá de las clases medias que ahora son su principal, por no decir único, sostén.

Afortunadamente, la coalición izquierdista resistió las presiones. Claro está que si se hubieran sumado al bloque secesionista hubiera perpetrado un suicidio político en toda regla. No sólo porque su base social no es separatista, sino porque hubiera planteado un serio problema a sus socios españoles de Podemos que siempre se han manifestado contrarios a la independencia aunque partidarios de un referéndum legal y pactado con el Estado español.

La pasada campaña electoral del 20D fue el escenario de los constantes ataques de los partidos independentistas a En Comú Podem, que más que un aliado en la reivindicación del “derecho a decidir” fue tratado como el principal enemigo a batir. Esta actitud rompió muchos puentes que ahora se han vuelto a dinamitar con la aprobación de las conclusiones de la Comissió con el único apoyo de los grupos independentistas y sin negociar con nadie.

Tres imponderables

El formato del proceso independentista tiene todos los visos de acabar en un fracaso. En primer lugar, por la ausencia de una mayoría social favorable a la separación cuando, además, da la impresión de que los apoyos a la independencia disminuyen en vez de crecer. Ello a despecho de las encuestas manipuladas del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, como en la última donde descendía el apoyo a los partidos secesionistas pero aumentaban los apoyos a la independencia. En segundo término, por el carácter unilateral del proceso que aboca a un choque frontal con las instituciones del Estado español que posee los mecanismos legales y coercitivos para hacer descarrilar la hoja de ruta independentista. En tercer lugar, por la ausencia de apoyos internacionales que no reconocerían una secesión unilateral.

Sin embargo, todo ello está generando la fractura de las formaciones políticas y de la sociedad catalana en dos bloques antagónicos. Además, puede abocar a una enorme frustración entre las clases medias atomizadas y despolitizadas ante la imposibilidad de ver realizada la utopía independentista como panacea de todos los males que aquejan al país. Una frustración de difícil gestión en la medida que espoleará las crecientes tendencias a la xenofobia antiespañola y a los sentimientos de supremacía social y étnica que se están consolidando como uno de los signos de identidad del movimiento soberanista, como revela una somera visita a los foros de opinión de los medios de comunicación independentistas.