• El PSC acierta en la reforma de la Constitución, no en la idea del referéndum

El socialismo catalán ha reabierto el debate sobre el futuro de Cataluña de manera al mismo tiempo sugestiva y algo atropellada al someter a su próximo congreso la cuestión de la posible necesidad de un referéndum sobre el futuro de Cataluña.

 Intenta responder así a la continuidad de esa reivindicación en la sociedad catalana, mayoritaria; a la competencia que desde las filas de En Comú-Podemos se le plantea, al haber absorbido estas su antigua querencia por una consulta “legal y pactada”; y a los ninguneos de algunos barones centralistas del PSOE que pusieron sordina a la propuesta de Pedro Sánchez de un “pacto bilateral con Cataluña”, escasos minutos después de ser formulada.

La conveniencia de dar respuesta a esa triple interrogación está fuera de duda, y más para un partido que pretenda recuperar un papel central en la política catalana tras el retroceso visto en las últimas convocatorias electorales. Acierta su primer secretario, Miquel Iceta, cuando recuerda que la sucesión de fiascos secesionistas no ha evitado que casi la mitad de los votantes catalanes sigan apoyando a partidos independentistas. Una alerta pertinente cuando las alternativas ofrecidas, como la reforma constitucional, no han logrado todavía resituar el debate de la cuestión catalana.

Ahora bien, una cosa es la actitud con que se abordan los problemas y otra las fórmulas concretas que se proponen. La idea de utilizar la “vía canadiense” para el caso de Cataluña significa que en caso de fracasar la reforma constitucional entre el electorado catalán, porque la rechazasen más votantes de los que la asumiesen, debería celebrarse directamente un referéndum sobre la independencia.

El PSC utiliza el referente del Tribunal Supremo canadiense sobre el caso de Quebec, que le negó el derecho a la autodeterminación pero encajó la votación como un imperativo democrático ante una demanda mayoritaria y sostenida en el tiempo, un argumento que el Constitucional español también ha apuntado en su resolución sobre la fallida declaración por la soberanía de Cataluña.

Canadá ofrece un precedente de interés jurídico-académico. Pero tiene escaso sentido invocarlo con anterioridad al propio desarrollo de la reforma constitucional. Lanzar previsiones sobre la alternativa mejor tras su eventual fracaso revela poca convicción sobre la viabilidad del objetivo de la propia reforma. Incluso puede hacerla descarrilar al incentivar a algunos actores a desentenderse del éxito de la reforma. Esa elemental prudencia debería aconsejar al PSC reformular el planteamiento realizado sobre la “vía canadiense” para encontrar una “vía catalana” más acorde con nuestra realidad.

No sabemos todavía si una reforma en sentido federal de la Constitución será suficiente para canalizar los deseos y tensiones de una sociedad como la catalana. Mucho depende de sus contenidos concretos, incluyendo las cuestiones fiscales, de los pactos que se tejan para llegar a ella y de cómo presenten los firmantes un eventual pacto ante la ciudadanía. Mejor debatir sobre contenidos que sobre nuevas subastas formales de referendos, precisamente ahora que el de Reino Unido acaba de mostrar sus brutales insuficiencias.