Hace unas semanas, un poco más de la mitad del Parlamento de Cataluña, que representa menos del cincuenta por ciento de los ciudadanos que fueron a votar en las últimas elecciones, aprobó una resolución que declara “dar luz verde a la desconexión con España”.

Los políticos de este Parlamento, al igual que el resto de parlamentarios del Estado español, son representantes políticos elegidos por la ciudadanía para ejercer su labor en un marco de competencias claramente definidas por la ley. Cualquier decisión que tomen fuera de este marco competencial se halla fuera del mandato ciudadano, como es el caso que nos ocupa. Sin embargo, a pesar de carecer de competencias y de sustentarse en una minoría de votos, manifiestan ser representantes del pueblo de Cataluña y actuar impelidos por un mandato democrático. Es difícil hallar mayor cinismo en los representantes políticos. Solo los tiranuelos lo hacen, para justificar sus tropelías.

En la resolución acordada en el Parlament, se dice que el proceso pasa por la creación de una Asamblea Constituyente formada al margen de la Cámara, sus conclusiones serán de obligado cumplimiento para todas las instituciones, personas físicas y jurídicas y no atenderán a la legislación vigente ni en Cataluña ni en España. Y con tales métodos antidemocráticos, aseguran que se encaminan hacia la construcción de un Estado democrático. Permitan que lo dude. Los métodos y la retórica falaz, más bien recuerdan decisiones oportunistas que frecuentemente se toman sin garantías para los ciudadanos, en momentos de conquista rápida del poder, aprovechando el revuelo generado en las situaciones de conflicto.

En su demagogia, estas gentes dicen no reconocer al Tribunal Constitucional al que recurren con frecuencia. Como muestra, los representantes de la antigua Convergència en el Parlamento y el Senado, que querían constituirse en grupo parlamentario apoyando su argumentación basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Un Estado democrático no surge por generación espontánea ni depende de uno o varios políticos en particular, ni se distingue por realizar referéndums y votaciones de vez en cuando. Al revés, un Estado democrático involucra a todos los políticos relevantes y a la ciudadanía y se expresa en la norma legal, en el establecimiento de garantías y en el funcionamiento efectivo de las instituciones. En un Estado democrático se respetan las reglas del juego, no se ningunea a las minorías y se tiene el derecho a reclamar cuando se producen ineficiencias o distorsiones. Lo que ha hecho el Parlamento de Cataluña no se parece en nada a esto. Siendo como es el Estado español un Estado democrático de derecho, la ley debe prevalecer sobre el arbitrio de los gobernantes, ya que la ley en democracia es la garantía que tenemos los ciudadanos frente a la impunidad de los poderosos. La ley es un patrimonio común de los ciudadanos, que ofrece certidumbre y normas de juego claras y previene y castiga las arbitrariedades de la acción política. La ley no es inmutable y se cambia también con el concurso y el acuerdo de todas las fuerzas políticas relevantes y de los ciudadanos, mediante procedimientos reglados. Cuando una minoría altera este orden constitucional, al margen del resto de la sociedad, se habla de golpismo y solo puede mantenerse en el poder mediante el uso de la fuerza y la manipulación informativa.

El Estado democrático de derecho está abierto al pluralismo, a la tolerancia y al cambio social y puede considerarse como una conquista civilizatoria del pensamiento y la acción política. Un Estado en que el fin nunca podrá justificar los medios, por más retórica que se utilice.

Si nos atenemos a las encuestas, lo que ha hecho la mitad del Parlamento catalán con menos del cincuenta por cien de los votos, ni siquiera responde a la voluntad de la mayoría de ciudadanos que lo ha votado, ya que la mayoría ciudadana manifiesta reiteradamente en las encuestas, su voluntad de seguir manteniéndose dentro de España y realizar los cambios que sean necesarios para mejorar nuestro sistema democrático.

Los sentimientos que me embargan son la tristeza y la indignación. Tristeza, porque me equivoqué al pensar que habíamos dejado para la historia el monopolio del uso del poder por parte de una parte de la sociedad en contra de los intereses del resto. La indignación que siento se relaciona con la impunidad y el cinismo con el que actúan, los que se llaman a sí mismos gobernantes. Actuaciones que, al margen de la democracia que tanto costó construir, solo nos conducen al aislamiento y la autarquía, que ya sufrimos en años anteriores.

Un último sentimiento me embarga: la confianza en que nuestra inteligencia colectiva y madurez democrática sea capaz de resolver los problemas que dan pábulo y discurso a la desfachatez y a sus arbitrariedades. Por eso les pido a los políticos salidos de las urnas que dejen de tomarse las medidas unos a otros y que, con altura de miras, con generosidad y sin sectarismo, se pongan a coser un traje donde quepamos todos.