• Ambos utilizaron el ejemplo del federalismo norteamericano para reivindicar la unidad articulada técnicamente en un sistema federal que consagra la “unión indestructible” del país

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional y vocal del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña entre 1981 y 1998, ingresó ayer como académico de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, con una clarificadora intervención sobre el federalismo, acerca del que, advirtió, existe en España “confusión” y “prejuicios”, al tiempo que enfatizó que un Estado Federal significa “unión y no disgregación” y lo distinguió claramente de una Confederación, que “no es una forma de Estado sino una organización internacional regulada por un tratado”. Las confederaciones son “inestables” y acaban en la separación o en la federación. De Carreras reivindicó el federalismo estadounidense, destacando que —como ha declarado su Tribunal Supremo— es “una unión indestructible de estados indestructibles” en el que no cabe la secesión.

Del Estado español de las autonomías, el nuevo académico destacó que su modelo “encaja en el federal”, pero que lo es “débilmente”, debido a una cultura política llena de apriorismos y fracasos en la construcción federal y a una trayectoria centralista y, como razón más inmediata en el tiempo, a la “deslealtad” de los nacionalismos, que concretó en el Plan Ibarretxe de 2005 y en la actual “desobediencia a las leyes y al Estado de la Generalitat de Cataluña”.

De Carreras elogió los primeros 20 años de la construcción autonómica, pero criticó la deriva de su desarrollo a partir del inicio de este siglo, porque los nacionalismos estimularon una descentralización ya “imposible” y ha faltado “colaboración, participación y coordinación”. Consideró también que las actuales circunstancias políticas “ponen cada día más difícil la reforma constitucional”, aunque mantuvo su criterio, ya conocido, de que es preciso “cerrar el modelo acabando con el principio dispositivo” y aclarando el cuadro de competencias del Estado y de las comunidades autónomas. De Carreras obvió toda mención a un reconocimiento nacional de Cataluña ni aludió a medidas concretas, identitarias o lingüísticas, para solucionar un problema de “raíces antiguas”, mencionando que la “inacción del Estado” contribuye a la actual situación catalana.

La contestación al discurso de ingreso de Francesc de Carreras correspondió al también catedrático y académico Santiago Muñoz Machado, que, tras glosar la trayectoria de su colega, afirmó que el de Cataluña “es el problema más importante que amenaza la convivencia pacífica de los españoles”. Añadió que no “hay posibilidad constitucional, histórica, de derecho y de política internacionales” que pueda permitir la separación de Cataluña del resto de España y, evocando la guerra de Secesión norteamericana, sostuvo que la fragmentación de los estados se ha producido históricamente con un alto coste de “sangre y armas”. Muñoz Machado tampoco aludió a reformas constitucionales específicas para Cataluña, aunque tanto en su contestación a De Carreras como en sus últimos ensayos es partidario de una reforma constitucional que cierre el modelo autonómico y corrija determinadas disfunciones, aunque se mostró escéptico sobre la muy reiterada alusión a la necesidad de modificar el Senado que, a su juicio, los nacionalistas no demandan.

Tanto De Carreras como Muñoz Machado se han convertido en referencias en la comunidad jurídica y política sobre el análisis de nuestro sistema constitucional, el alcance de las reformas que precisa. Y ambos se significan por la divulgación —tanto en medios de comunicación como en numerosas publicaciones— de la imposibilidad de la secesión catalana. En la solemne sesión de ayer en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ambos utilizaron el ejemplo del federalismo norteamericano y de la doctrina de su Tribunal Supremo para reivindicar la unidad articulada técnicamente en un sistema federal que consagra la “unión indestructible” del país, con alusiones expresas a Cataluña y sin concesión alguna a la procedencia de una reforma constitucional que recoja aspecto alguno que pueda propiciar la secesión del Principado del resto de España.