• Mantendrá sus tradicionales relaciones con el PSE, que excluyen a la izquierda radical y a Podemos, y se volverá a entender con la derecha española en los asuntos financieros del País Vasco.

Iñigo Urkullu será el jueves lendakari con los nueve de votos del PSE, gobernará en coalición con los socialistas resucitando el último bipartito (1987-1998) y el PNV logrará, así, mantenerse en la zona central de la sociedad vasca y en la vanguardia de la defensa del autogobierno de Euskadi. No es lo único ni lo último que consigue el PNV: negociará con el Gobierno del PP los Presupuestos para acordar la liquidación del cupo (más de una década pendiente). La cifra que se baraja —lo que adeudaría la comunidad vasca al Estado por los servicios que en ella presta la Administración Central— es de 1.600 millones de euros. De una parte, el PNV mantendrá sus tradicionales relaciones con el PSE, que excluyen a la izquierda radical y a Podemos, y de otra, se volverá a entender con el PP, la derecha española, en los asuntos financieros del País Vasco, como también ha sido tradición desde los tiempos de la UCD (1979-1981).

El acuerdo de gobierno PNV-PSE es principalmente socio-económico. Los ciudadanos vascos reclaman —como en todas las demás comunidades españolas— la superación de la crisis económica, y los nacionalistas son muy pragmáticos: ya saben que la emergencia de los populistas en Euskadi tiene una raíz más social que ideológica. Aunque se ha destacado extraordinariamente, la reforma del Estatuto de 1979 es casi una cláusula de estilo en todos los pactos políticos del PNV en los últimos 20 años. El acuerdo (léanse los dos últimos folios) prevé que la renovación del autogobierno se atenga al “ordenamiento jurídico” y se refrende mediante consulta, es decir, por el procedimiento de referéndum. Nada nuevo. El PNV se reserva la defensa del reconocimiento de Euskadi como nación y del derecho a decidir. Es coherente con sus tesis que lo haga, pero en la Constitución no caben las naciones políticas, aunque sí las culturales y lingüísticas, como tiene declarado el Tribunal Constitucional. El derecho a decidir lo podrán ejercer los vascos, al respaldar —o no— la reforma del Estatuto que se acuerde en el Parlamento de Vitoria y en el Congreso.

En el prolijo acuerdo PNV-PSOE (71 folios) no hay nada sorprendente. Solo levantarán las cejas los que no conozcan la historia vasca del siglo XIX y XX y lo que ha ocurrido en los últimos 40 años en Euskadi. La asunción de la legalidad —los nacionalistas se comprometen a hacerlo— es compatible con una aspiración de máximos que solo Ibarretxe creyó poder llevar a la práctica en su disparatada propuesta de “comunidad libre asociada” (2005). Tras la retirada de los talibanes peneuvistas —el propio Ibarretxe, Arzalluz ‘et alii’— y el fin de la barbarie terrorista, los nacionalistas se han posicionado en la zona central del campo político, estableciendo con habilidad relaciones con el PSE y con el PP y el Gobierno que, de hecho, les configuran como el tercer partido en el Congreso de los Diputados, pese a disponer solo de cinco escaños.

El acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE se mueve en el perímetro del sistema constitucional y estatutario; es, en algunos aspectos, aspiracional para el nacionalismo (nadie le puede pedir al PNV que se reconvierta al ‘sano regionalismo’) y tiene un efecto colateral muy significativo: cortocircuita el proceso soberanista catalán, no solo porque la revisión del autogobierno se atiene a la democracia procedimental que sanciona la Constitución, sino porque proscribe también la unilateralidad y aterriza suavemente sobre realidades políticas, sociales, culturales y económicas. El independentismo catalán se queda sin referencia vasca que le demuestra que es posible una metamorfosis ideológico-estratégica sin que implosione, como ha ocurrido en Cataluña, ni el modelo autonómico ni el de partidos.

Este acuerdo de gobierno PNV-PSE —y el que se cerrará sobre los Presupuestos de 2017 con el Gobierno— no hubiese sido posible sin una introspección nacionalista sobre su papel durante los años de plomo del terrorismo etarra. Y sin, también, una valoración sincera de que el actual Estatuto, con sus 47 artículos, una disposición adicional y ocho transitorias —en conexión con la Disposición Adicional Primera de la Constitución—, es muy difícilmente mejorable, aunque su ejecución pueda ajustarse a otros ritmos y pautas. Los nacionalistas saben muy bien que el Estatuto de Guernica es una hallazgo jurídico y político delicado y valioso, del que se deduce un modelo paccionado en lo financiero y muy cercano a la bilateralidad en la relación política con el Estado.

Jugar con el PSE-PSOE y con el Gobierno y el PP resulta la culminación de una gran operación política del PNV que repercute sobre el conjunto de España y sitúa a los nacionalistas vascos como la ‘tercera pata’ de un sistema que debe recuperar la vertebración y solidez que ha ido despilfarrando. Y que ayudará al Ejecutivo, a la vicepresidenta y su equipo (Luis Ayllón, Roberto Bermúdez de Castro y Enric Millo) a abordar la cuestión catalana con una interesante experiencia de coexistencia entre un nacionalismo histórico y un Estado plural como es el español.