El que la demanda secesionista está tensando las costuras de la organización territorial del Estado no es un descubrimiento. Es una obviedad. Y lo es porque, no cabe duda, sus pretensiones no encajan en la Constitución; ni las de considerar que su objetivo secesionista, apoyado o no, por un sector de la población, sea un salvoconducto frente a la Ley. El secesionismo, en su pretensión rupturista, no sólo quiere romper con las reglas de la organización territorial del Estado, sino lo que es, incluso, aún más grave, con las del Estado de Derecho. Se podrá manifestar el número de descontentos que se quiera. Se podrán alegar sedicentes exigencias democráticas. Se podrá apelar al pueblo. Se podrá pretender constituir un hecho desde el que deducir una exigencia jurídica. Se podrá argumentar como si Cataluña ya fuese independiente, de modo y manera que cualquier exigencia “externa” sea reputada como colonial, autoritaria o fascista. Se podrá pretender, alegar o argumentar lo que se quiera, pero las reglas del Estado de Derecho son de obligado cumplimiento por todos y para todos.

R. Dahrendorf (1929-2009) nos alertaba de los peligros de la anomia, de la sociedad sin normas y de la imposibilidad de la libertad. Y uno de los caminos de la anomia es, precisamente, el de la impunidad, el de la declinante validez de las normas. La consecuencia es la que nos alertaba: la libertad desaparece. Las normas “administran” la relación entre el individuo y la colectividad, la sociedad. Si se eliminan, y una de las formas es, precisamente, la del incumplimiento, sufre la libertad individual, aplastada por la arbitrariedad, tanto del poder como de la colectividad. El cumplimiento de las reglas es una cuestión esencial, no por mero formalismo nominalista, sino para la efectiva protección de la libertad. ¿Qué sucedería en Cataluña si el Estado de Derecho desapareciera? ¿Qué y quién protegería a los que no comparten las tesis de los secesionistas? Ya hemos podido comprobar el sufrimiento de los padres que reclaman que el 25 por 100 de la docencia se imparta en castellano, o los que se atreven a colocar una mesa petitoria en la calle a favor de la selección española, o los daños que sufren las sedes de los partidos opuestos a la secesión, o la microfísica de la violencia que se le aplica a todos los caracterizados como anti secesionistas, … Y todo esto cuando, al menos, nominalmente, subsiste el Estado de Derecho. Si algo es cuestionable, en este ámbito, es el lento caminar del Estado. Al menos, que no ceje. Que se siga aplicando la Ley. Lentamente, cansinamente, pero que los Tribunales no dejen de cumplir con su cometido. Está en riesgo la libertad individual.

En el plano de la organización territorial, en cambio, se abre un amplio abanico de opciones para que, al menos, puedan encontrar satisfacción los que quieren hallar una solución al callejón sin salida al que los secesionistas están abocando. Es verdad que hay un malestar. También es verdad que ese malestar ha sido construido y reduplicado a través de distintos altavoces. El martirologio de Cataluña ha sido elevado a la condición de agravio, además, exclusivo y excluyente, como si los demás “territorios” no sufriesen similares o, incluso, peores. Es más, se considera que tales problemas lo sufren los catalanes en su condición de tales: es un castigo. La propuesta federal podría ser la respuesta. Es insuficiente, muy insuficiente, para aquellos que ya transitan por el camino de la secesión. Incluso, para aquellos que reclaman el referéndum secesionista. Sin embargo, es la oferta que el constitucionalismo debe articular; no puede permanecer inmóvil frente a la tensión territorial.

La propuesta federal ha recuperado la iniciativa con el discurso de ingreso de F. De Carreras en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el pasado día 15. Un discurso brillante. Una exposición clara y sugerente que nos advierte sobre cómo afrontar la reforma constitucional en clave federal. Pero también nos alerta de que no será suficiente para el secesionismo. Se podrá federalizar lo que se quiera. Se podrá corregir, en el plano funcional, lo que se estime oportuno para que España disfrute de una organización territorial realmente federal, pero no será bastante. En el momento presente, la reforma constitucional se encuentra en una tesitura: o federalismo para todos, o singularidad para Cataluña. Lamentablemente, tras tantos años de cultivo del nacionalismo, Cataluña no busca, ni desea, una solución para “todas las Españas”, sino una solución para ella sola. Y esta solución es, en su singularidad, contradictoria con cualquier otra, por muy federalizante que se quiera.

El éxito de la organización territorial de la Constitución le ha abocado, paradójicamente, al nacionalismo, a la secesión. Por un lado, la igualación territorial niega la singularidad catalana. Y, por otro, el nivel de la descentralización alcanzado hace insostenible cualquier agravio. Se ha quedado sin argumentos. En la actualidad, el debate central no es el de federalizar más o menos; es el de cómo encajar la “singularidad” catalana para que, al menos, una parte de los catalanes que desean encontrar una solución al cul de sac en el que ha conducido el secesionismo, se encuentre cómodo. Ésta es la dificultad. Ni el federalismo es suficiente.