• Si fracasa la consulta lo que quedará sobre la mesa será la vuelta a la autonomía

Tanto da que las encuestas digan que hay en Cataluña una ligera mayoría contraria a la independencia (que fue el resultado de las plebiscitarias de 2015) o que indiquen que hay una pequeña ventaja del voto independentista; en ambos casos, lo que tenazmente revelan esos datos es que sigue sin haber una mayoría suficiente (suficientemente clara, en términos canadienses) para un paso tan grave y tan difícilmente reversible y que divide a la población en dos partes de similar dimensión.

Los independentistas lo saben pero se han convencido de que bastaría con superar en alguna consulta la mitad de los votos para legitimar, si no la independencia, la continuidad del proceso de desconexión. Y a eso dedican sus afanes: a garantizar un aumento del voto independentista sacándolo del único depósito disponible: el de quienes son favorables a la consulta pero no a la independencia. Sector que hoy se identificaría en Cataluña con las posiciones de Podemos y sus afluentes. Y no ven otra forma de movilizar ese voto a su favor que una intervención represiva del Estado. Ese es a día de hoy el estado de la cuestión catalana, cuestión de Estado por antonomasia.

La CUP fue en septiembre de 2015 la primera fuerza en reconocer que no se podía proclamar la independencia con el 48% de votos. Pero dando por supuesto que sí se podría si superaba el 50%. Muchas decisiones políticas se adoptan con ese criterio: la mayoría, aunque sea por un voto, basta para decantar una decisión política corriente; pero no para aprobar una reforma constitucional o estatutaria. La del Estatut, por ejemplo, requiere, según su propio texto, una mayoría de dos tercios.

Pero además, no es lo mismo una consulta sobre la separación que una sobre “el futuro político de Cataluña”, o sobre las “relaciones entre España y Cataluña” como con frecuencia se formula. Pues la independencia no es el único futuro posible. Sondeos como el de Metroscopia del 16 de abril indican que si bien hay una mayoría a favor de la consulta, el 46% de los consultados está a favor de que Cataluña siga formando parte de España si se garantiza una autonomía con más competencias y seguridades de que no se recortarán. Y si a ese porcentaje se suma el 19% favorable al actual sistema autonómico sin más, casi dos tercios (el 65%) estaría a favor de salidas diferentes a la ruptura con España. Es decir: por soluciones compatibles con la autonomía.

Estos días han saltado pronunciamientos de dirigentes nacionalistas partidarios de que, en caso de que no llegara a celebrarse el referéndum, se fuera, no a unas elecciones anticipadas, sino directamente a la declaración unilateral de independencia (DUI) por parte del Parlament en el que los independentistas tienen mayoría absoluta. Se emplazaría al Gobierno a autorizar el referéndum de autodeterminación bajo amenaza de ir a la DUI.

Los nacionalistas siempre han preferido el referéndum porque, gane o no el , su celebración sentaría un precedente para volver a convocarlo cuando haya condiciones favorables. Como ahora en Escocia. Mientras que la DUI pierde apoyo (29% frente al 37% según el sondeo de La Vanguardia del 17-4-2017); y sube del 59% al 66% el porcentaje de quienes consideran que el referéndum solo debe celebrarse si es pactado con el Gobierno. La sugerencia del número dos del PDECat de presentar un candidato autonomista si falla el referéndum y hay elecciones significa que la posibilidad de fracaso de la consulta ha dejado de ser tabú.