• El pacto de Rajoy con el PNV puede blindar el estatus fiscal de Euskadi mientras el independentismo catalán está en un callejón sin salida

Confieso que me disgusta que Iñigo Urkullu alejara de Madrid a Josu Erkoreka. Era adicto a sus intervenciones en el Congreso. Y sus análisis -estuviera o no de acuerdo- eran brillantes y, por lo general, ponderados. Pero ayer me quedé estupefacto cuando le vi en TV decir -sobre el inminente pacto presupuestario con el PP- que Euskadi estaba a punto de conseguir “15 años de paz fiscal, algo muy relevante”.

O sea que el PNV, un partido que no votó la Constitución, está pactando con la derecha española -y ojo, indirectamente con Ciudadanos-, la consagración definitiva del concierto y de una interpretación favorable del cupo. Totalmente al margen de la que se prevé tormentosa negociación sobre la financiación autonómica. ¡Chapeau para el PNV porque se tratará de un pacto fiscal bueno para Euskadi, y para la derecha porque viene a admitir que España es una nación plural de varias velocidades, como ahora Merkel quiere para Europa! Y que no se trata tanto de discutir su justicia o injusticia sino de aceptar las realidades históricas y saber convivir con ellas. Gusten más o gusten menos. Y como supongo que en Moncloa el régimen vasco -no así el navarro- siempre ha gustado poco, debo deducir que Urkullu, Erkoreka y Aitor Esteban son buenos jugadores. Y eso que el Athletic de Bilbao ya no es lo que era.

Vi poco después a la esforzada portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, y -pese a Messi y a que el Barça todavía puede ganar LaLiga- no aguantaba la comparación. Insistió -una y otra vez- en que habrá referéndum porque ese es el compromiso del Gobierno catalán, que la Declaración Unilateral de Independencia no está en el horizonte, aunque como dice la ANC, sí es un último recurso (luego el referéndum no es tan seguro). Se lamentó luego con amargura de las malas artes del Gobierno de Madrid, que ha logrado dejar sin agenda al presidente Puigdemont, que debía encabezar una misión comercial a Marruecos que interesaba mucho a los empresarios catalanes -a los que se habían unido los de Flandes- y que había tenido que ser suspendida. Mientras el vicepresidente Oriol Junqueras -que se deja fotografiar con rosas y libros con Soraya Saénz de Santamaríaestá en Estados Unidos, no para firmar un pacto fiscal a la vasca (como exigía Mas, con más énfasis que persistencia) sino para ver –como decía ayer Marcos Lamelas en El Confidencial– si dentro de unos meses, y acabe como acabe el choque de trenes, Cataluña puede volver a emitir deuda en los mercados para que no toda esté en manos del FLA y Montoro.

Desde luego no es bonito que la diplomacia española ponga palos en las ruedas a las iniciativas comerciales catalanas. Seguro que a muchos catalanes les parece mal. Pero después de que la Generalitat lleve tantos meses proclamando que quiere romper el Estado español que impide que Cataluña pueda votar (cuando lo ha hecho 11 veces desde la restauración de la autonomía), tampoco es extraño que ese viejo Estado –Rajoy diría que el más antiguo del mundo- no se comporte como Cáritas Diocesana. El Estado español -con su GAL y su ‘policía patriótica’- no es de los que ponen la otra mejilla.

Y resulta que los políticos del PNV, que no votaron la Constitución y tuvieron su Ibarretxe, han progresado adecuadamente mientras que los de CDC, que participaron en su elaboración, no sólo han liquidado el invento sino que han decidido plantar cara a España. Los de ERC son rancho aparte porque Heribert Barrera -que era más nacionalista que Pujol y tenía menos hijos que alimentar- no votó el texto del 78. Y pudiera ser que Junqueras esté estudiando la historia reciente del PNV mientras que la antigua CDC -entre los jubilados, los que se han ido pero no se acaban de ir (el clan Mas)-, el presidente Puigdemont pendiente de que la CUP no le defenestre, los nuevos del PDeCAT, con buena intención pero faltos de rodaje (Marta Pascal y David Bonvehí), Santi Vila, que no se enfrenta al maximalismo pero piensa a media voz que es un error y proclama que, en circunstancias normales, no deberían tratarse con la CUP, no saben qué camino seguir. Sólo saben lo que no quieren. Admitir que se equivocaron y que ERC no tenga más votos en las próximas elecciones.

Sea como sea el independentismo ha tenido una mala semana. Ayer lo escribí en ‘El Periódico de Cataluña’ y me valió una oleada de tuits que me calificaban de escoria del periodismo, pero los hechos son tozudos. Tras la prisión sin fianza de Jordi Pujol Ferrusola, ‘El Periódico’ titulaba el jueves, después del registro a los domicilios y al despacho del expresident: “Cerco a los Pujol: posible evasión de 30 millones a Panamá”. Y ‘La Vanguardia’, que durante el tripartito de izquierdas y hasta 2015 estuvo cercana a Mas, abría su portada diciendo: “El juez atribuye a Jordi Pujol el dinero de su hijo en Andorra”. Todo el mundo recuerda la orgullosa comparecencia del primogénito de la saga Pujol ante el parlamento de Cataluña, en la que se declaró aficionado a comprar coches de lujo a precio regalado y se definió como dinamizador económico, pero ‘La Vanguardia’ volvía el sábado al asunto titulando: “El hijo de Pujol declara que no tiene dinero para vivir”.

Teniendo en cuenta que ‘El Periódico’ y ‘La Vanguardia’ son, de largo, los dos grandes diarios de Cataluña, es evidente que el independentismo ha tenido una mala semana porque los hijos de Pujol tienen bastante que ver con la deriva al independentismo de CDC. El dinamizador económico no ocultó nunca sus preferencias y Oriol Pujol Ferrusola fue nombrado por Artur Mas secretario general del partido y fue el artífice del congreso en el que CDC practicó el tránsito al independentismo. Es una historia cuyo origen está en el ‘Freedom for Catalonia’, cuando los JJOO del 92.

Además, la hoja de ruta independentista parece cada día más difícil de cumplir. La portavoz Munté repitió ayer lo que el ‘president’ dijo a la ANC el sábado ante la asamblea de Granollers: referéndum o referéndum. Eso después de que el Parlamento aprobara una reforma del reglamento que permitirá aprobar la llamada ley de desconexión (su texto es secreto pero se colige que es la ruptura con el ordenamiento jurídico español) en un solo día, sin ningún trámite previo, y sin ningún cúorum. Se trata de una ley no sólo anticonstitucional sino también contraria a la legalidad catalana ya que el Estatut -votado por el Parlament y no alterado en esto por el Constitucional- establece unos trámites claros y una mayoría necesaria de dos tercios de los diputados para cualquier reforma estatutaria. Si para una reforma (relativamente lo menos) se necesitan 90 diputados, es una auténtica barbaridad que se pretenda lo más -proclamar de hecho la separación de España- con solo 72 diputados, aunque sean cuatro más que la mayoría absoluta.

Todo el mundo sabe que esa hoja de ruta es imposible y que todo acabará en unas elecciones catalanas (las terceras desde 2012). Pero ¿cómo se dice al electorado independentista -al que se le había prometido que Cataluña ya sería ahora un Estado europeo- que lo que ya se había ganado (con el 47,8% de los votos) en 2015 se tiene que volver a votar a finales del 2017? Y estas futuras elecciones el separatismo las puede ganar (la imagen de España en Cataluña no ha mejorado pese a los intentos a última hora de la vicepresidenta), pero también perder. En todo caso el pacto con la CUP (10 diputados) es difícil que se pueda repetir. No por lo que dice Santi Vila sino porque los anticapitalistas se habrán reafirmado en que la vía parlamentaria es un error. El venezolano Maduro está señalando el camino.

¿Entonces? Pues se buscan parches imaginativos como una Declaración Unilateral de Independencia ‘a posteriori’, que no entraría en vigor hasta seis meses o un año después, lo que tendría la ventaja -si la CUP lo permitiera- de dejar con vida al Parlamento actual, no tener que celebrar elecciones…y continuar en la Generalitat. Lo decía el domingo María Dolores Garcia en su crónica semanal en ‘La Vanguardia’.

Y las sorpresas no se acaban aquí. Mientras, habría que intentar que la calle se volviera a movilizar y Francesc-Marc Álvaro, buen conocedor del independentismo, decía ayer en una crónica titulada ‘¿Huelga general con estelada?: “Lo más sorprendente es la posición actual de Artur Mas, paradójicamente coincidente con la de la CUP. El ‘expresident’ ha hecho saber a varios interlocutores que la única manera de presionar a Madrid sería prolongar las protestas en la calle e intentar -si hace falta- una huelga general”.

Muchos lectores de El Confidencial se habrán quedado tan pasmados como yo. El candidato ‘business friendly’ de 2010 -la gran esperanza blanca de la burguesía catalana (y del PP) para acabar con el peligroso tripartito de Maragall, Montilla, Carod-Rovira y Joan Saura- estaría pensando en una huelga general. Lo dice alguien que está, o estuvo, próximo.

Parece el mundo al revés. Pero dado que TV3 nos informó en su día de que Artur Mas había donado la pluma estilográfica con la que firmó la consulta participativa de 2014 al Museo de Historia de Cataluña…todo puede ser posible. Artur Mas fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dos años de inhabilitación, en una sentencia que curiosamente a alguna lumbrera madrileña le pareció floja y le llevó a pensar que los jueces catalanes tenían síndrome de Estocolmo, pero luego la sala segunda del Supremo, con el fiero Marchena al frente, sólo condenó a un año a Francesc Homs, su fiel secretario que había firmado más papeles comprometedores. Se puede pensar pues que el Supremo tendrá que admitir parcialmente el recurso de Artur Mas e igualará su pena de inhabilitación a la de Homs. Entonces, si el ‘procés’ se alarga unos meses -DUI en diferido, protestas en la calle e incluso huelga general mediante- Artur Mas podría volver a ser candidato.

Y el presidente condenado injustamente por poner las urnas podría resurgir como el cabeza de lista de una reedición de Junts pel Sí en unas nuevas elecciones plebiscitarias cuando se hubiera demostrado, durante unos meses más, que no hay tercera vía posible y el Gobierno Rajoy huiera fracasado -por falta real de interés- en que Barcelona sustituya a Londres como sede de la Agencia Europea del Medicamento.

Artur Mas podría estar especulando con que su futuro político saliera beneficiado por la Sala Segunda del Supremo. ¡Qué quieren que les diga, si fuera nacionalista me quedaría con Josu Erkoreka!