El problema no es la plurinacionalidad. Todos los actores políticos, con independencia de su posición ante la cuestión catalana, saben que el pacto constitucional de 1978 distinguía en su arti­culo 2 entre nacionalidades y regiones. ¿Que son las nacio­nalidades? No tanto las naciones sin Estado, como se dice a menudo, como las naciones históricas que delegan su soberanía en el Estado compuesto que es España. El término nacionalidad es el eufemismo acuñado en los frágiles equilibrios de la transición para denominarlas y prever el acceso rápido a la autonomí­a (disposición transitoria segunda) de los territorios que en el pasado plebiscitaron proyectos de Estatuto (los casos de Catalunya, Paí­s Vasco y Galicia). Además, en el caso catalán, el carácter preconstitucional del autogobierno había quedado ya corroborado con el restablecimiento de la Generalitat en la persona de Josep Tarradellas, el presidente republicano en el exilio, el 23 de octubre de 1977.

Es todo un sarcasmo que cuarenta años después aún se ponga en entredicho aquella realidad. Es verdad que nacionalidad y nación son términos polisémicos y están cargados de la necesaria ambigüedad que reclamaba el momento. No es esta la única ambivalencia de una Carta Magna que en su preámbulo proclama la voluntad de proteger a los “pueblos de España” y, acto seguido, en su artículo primero habla solo de “pueblo español”. Sin embargo, cuatro décadas después, la única vía para encarrilar la cuestión catalana y evitar el anunciado choque de trenes es una lectura abierta de la Constitución, acorde con el espíritu de sus redactores. Se trata, en teorí­a, de una tarea aún más factible en el nuevo marco de soberanías compartidas (y ciudadan­as también compartidas) de la Unión Europea.

El problema no es la plurinacionalidad. El problema es la desafección mutua que se ha ido acumulando desde la tramitación del Estatut del 2006 y la ­posterior sentencia del Tribunal Constitucional, de 27 de junio del 2010. Por primera vez una ley del Parlament de Catalunya, paccionada en las Cortes Generales, aprobada con rango de ley orgánica española y ratificada en referéndum fue enmendada. El choque de legalidades se produjo entonces. Por el camino se ha alimentado la catalanofobia en el resto de España y la ­hispanofobia de sectores de la sociedad catalana. Jaume Vicens Vives, en su Notí­cia de Catalunya, describe un movimiento paralelo durante los años de la Segunda República: “Intelectuales y políticos, que habí­an salido más de una vez de sus reductos de comodidad para combatir la antropofagia neandertaloide de las masas, no tuvieron el valor para sacrificar su popularidad a los designios de una tarea mancomunada. Al final se acabó hablando de concordia y conllevancia, grandes palabras que se pronuncian cuando el callejón no tiene salida”.

“Era posible entonces considerar a España como una lira, cuyas cuerdas se armonizar­an en voluntad y amor. Pero estas cuerdas quizás cada vez eran menos en número y menos tensas de afectos”. Y aquí estamos. La armonía hispánica chirrí­a por falta de voluntad polí­tica mutua y exceso de ira recí­proca. Este es el auténtico problema.