• En los últimos días hemos asistido a un brusco aumento de la velocidad de la hoja de ruta independentista adentrándose en la vía unilateral. Una apuesta de incierto resultado, pero que asegura escenarios de la máxima tensión política e institucional.

La semana pasada se ha imprimido una gran aceleración al proceso soberanista. El martes 6 de junio el Pacte Nacional pel Referèndum anunció su semidisolución. En un comunicado de cinco puntos la plataforma manifestó que se “había culminado el encargo recibido”; es decir, explorar la posibilidad de un referéndum pactado con el Estado que, como era previsible, se ha demostrado imposible, sin pronunciarse ni a favor ni en contra del referéndum unilateral. De manera contradictoria –en la tradición tan catalana del “sí, però no…”– se informó de la disolución de su ejecutiva, pero afirmando que el Pacte “seguía vivo” si las circunstancias lo requerían. Esta decisión debe interpretarse como una concesión a los Comunes que han apostado firmemente por este tipo de plataformas transversales. En efecto, el 29 de mayo se celebró una reunión de los partidos independentistas para legitimar la vía unilateral al referéndum, saltándose al Pacte, a la que no asistieron los representantes de Catalunya en Comú, pero sí el dirigente de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín, cuya única resolución fue convocar a la citada plataforma. Una reunión que provocó gran malestar entre los Comunes y evidenció las diferencias entre éstos y la dirección de Podem Catalunya.

El viernes 9 de junio, cubierto el trámite, con el cadáver del Pacte Nacional del Referéndum congelado como el cuerpo de Walt Disney, con la máxima solemnidad de los días históricos a los que nos tiene acostumbrados el proceso soberanista, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, flanqueados por los diputados de Junts pel Sí y la CUP, anunciaron la fecha y la pregunta del referéndum. Ambos pronunciaron sendos discursos donde, en un ejercicio de victimismo, culparon al Estado español de todos los males que padece el país y justificaron el carácter unilateral de la consulta por la negativa del gobierno central a negociarla.

Presidente y vicepresidente de la Generalitat trazaron una ruta discursiva binaria para el consumo de sus bases sociales, las clases medias atomizadas y despolitizadas. En el orden interno, se trazó una línea divisoria según la cual los partidarios del referéndum y por extensión los independentistas son los demócratas, frente a sus detractores que no lo serían. En el orden externo, se estableció la igualdad entre Partido Popular, gobierno y Estado, en una suerte de pujolismo invertido, donde las instituciones de la Generalitat son plenamente democráticas, frente a un Estado autoritario y sólo aparentemente democrático. No en vano semanas antes Puigdemont había comparado el Estado español con Turquía. Para evitar las incómodas preguntas de los periodistas, la rueda de prensa convocada para después del solemne anuncio fue desconvocada, en una muestra más de la transparencia que jalona el proceso soberanista.

Éste fue el guión discursivo de la concentración del domingo, 11 de junio, en Montjuïc, con la participación estelar de Josep Guardiola. El acto no cumplió con las expectativas, pues sólo reunió a 30.000 personas según la Guardia Urbana, en contraste con las anteriores masivas movilizaciones. Ello indica que la larga duración del proceso, el llamado procesismo, está reduciendo la base del movimiento a su núcleo duro. Quizás este relativo pinchazo impulsó la radicalización discursiva de los portavoces de ANC, Òmnium y AMI, quienes realizaron unas intervenciones más propias de Assemblea de Catalunya en la época de la lucha antifranquista que de la situación actual. Equiparar la lucha por la independencia con la lucha antifranquista es uno de los lugares comunes del movimiento independentista. Con la notable diferencia de que España ya no es una dictadura, sino que entonces las organizaciones de la clase obrera llevaron el peso del combate democrático, mientras ahora la base de estas movilizaciones son las clases medias, formateadas ideológicamente en el pujolismo, con la clamorosa ausencia de la clase obrera. Eso sí, con la también notable diferencia que entonces la clase trabajadora estaba organizada política y sindicalmente y ahora esta desorganizada y desestructurada.

Entrevista frustrante

El mismo día a las diez de la noche el presidente de la Corporació Catalana de Mitjans Audivisuals (CCMA), Vincent Sanchís, entrevistó a Puigdemont y Junqueras. Una entrevista rodeada de la máxima expectación pues se había anunciado que se despejarían las dudas y las muchas preguntas surgidas en torno al referéndum. Conviene recordar que Sanchís, ex director del diario Avui vinculado a CiU y exvicepresidente de Òmnium Cultural, ha sido impugnado por el Parlament de Catalunya por su manifiesta parcialidad, y por tanto la entrevista resulta expresiva del escaso respeto del ejecutivo catalán a las decisiones de la Cámara catalana cuando no se ajusta a sus objetivos.

La entrevista fue un auténtico fiasco. Puigdemont y Junqueras no respondieron ninguna pregunta respecto al papel de los funcionarios, el censo electoral o la intendencia de la consulta con el argumento de que todo está previsto y que se explicará las próximas semanas. Únicamente quedó claro que no se establecerá ningún quórum y sea cual fuere el nivel de participación, éste será considerado válido. Ello a pesar de las repreguntas de Sanchís en el sentido de que la comunidad internacional no otorgaría credibilidad a la consulta con menos de un 50% de participación y cuando todo parece apuntar a que los contrarios a la secesión, como en el 9N, no irán a votar. La entrevista tuvo algunos momentos grotescos, como cuando se invocó el dictamen de la Comisión de Venecia, que recientemente se ha pronunciado contra un referéndum fuera del marco constitucional español, como hubo de recordar a su pesar el entrevistador. O en el tema de las pensiones, donde primero se acusó al gobierno español de ponerlas en peligro al vaciar la caja, para acto seguido asegurar que, como los catalanes habían cotizado en el Estado español, éste estaba obligado a pagárselas y nadie tenía por qué preocuparse.

Quizás el fiasco de la entrevista en TV3 hizo mella en Puigdemont, quien fue algo más explícito en la entrevista concedida el día siguiente, lunes 12 de junio, a la radio independentista RAC1, donde anunció que, entre finales de junio y principios de julio, se explicará la ley de transitoriedad –el secreto mejor guardado y paraguas legal para el referéndum– que se aprobaría a finales de agosto, para acto seguido convocar en septiembre la consulta. En una diáfana muestra de su estrategia de provocación al Estado, indicó que el decreto de convocatoria podría estar firmado no sólo por el gobierno, sino por numerosos diputados y alcaldes, buscando inhabilitaciones masivas. Sin embargo, no parece que el gobierno del PP esté dispuesto a caer en provocaciones con acciones contraproducentes. Más bien da la impresión que emprenderán medidas jurídicas de carácter quirúrgico, como asumir ciertas competencias estratégicas de la Generalitat que, sin provocar excesivo ruido mediático, supongan un serio impedimento para la realización de la consulta.

Contradicciones Comunes

El mismo lunes por la mañana tuvo lugar la declaración de Joan Josep Nuet, líder de EUiA y diputado de Catalunya Si Que es Pot, imputado como miembro del Parlament, quien con su abstención permitió la votación de varias resoluciones relacionadas con el proceso independentista expresamente prohibidas por el TC y tras la advertencia de los letrados de la cámara catalana. Nuet, en principio fue excluido de las imputaciones de la Fiscalía, aunque ante su insistencia ante la “injusticia” de no ser él también imputado, consiguió finalmente serlo.

Nuet compareció arropado por miembros de su partido y su coalición, como Xavier Domènech y Gerardo Pisarello, pero también por la plana mayor del independentismo: Puigdemont, Junqueras, el expresident Artur Mas o Carme Forcadell y el resto de los miembros de la mesa del Parlament imputados. Las imágenes de los líderes de los Comunes y las formaciones independentistas juntos ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no disipan las ambigüedades del espacio de izquierdas respecto al proceso soberanista, aunque expresan ciertos puntos de confluencia entre ambos vectores. Respecto al referéndum unilateral, los líderes de Catalunya en Comú han manifestado que no se pronunciarán hasta que no se concreten sus condiciones concretas y comprobar si existen las mínimas garantías democráticas para participar en él. Por su parte, Albano Dante Fachín, aunque ha considerado que no se trata de un referéndum, ha adelantado que Podem Catalunya participará en él al considerarlo un acto de movilización popular. Esto a pesar de que no acabado el proceso de consulta a sus bases que plantea tres escenarios: el rechazo al referéndum unilateral, la asunción de que se trata de una consulta vinculante y la postura intermedia de participar en él como un acto de movilización; es decir, la postura defendida por la dirección de Podem Catalunya.

Da la impresión de que, tanto Catalunya en Comú como Podem Catalunya, podrían decantarse por esta última opción para suturar las contradicciones entre los vectores independentista y no independentista de la formación y por el miedo cerval a ser metidos en el mismo saco que PP, C’s y PSC. Un posicionamiento que contrasta con el de Federalistes d’Esquerra, para quienes no concurren las mínimas garantías democráticas para que la consulta anunciada por Puigdemont y Junqueras pueda ser considerada un referéndum. Así, mencionan la falta de tiempo para que pueda desarrollarse un debate a fondo sobre los perjuicios y beneficios de la secesión, la opacidad de la ley de transitoriedad y la reforma del reglamento del Parlament para silenciar a la oposición, la falta de neutralidad de los gobernantes y de los medios de comunicación públicos o la ausencia de una autoridad electoral independiente; circunstancies que “posen en dubte la qualitat democràtica del procés”.

Volviendo a los Comunes, resulta muy significativo el artículo Comuns i independentistes, de Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y conspicuo representante de los independentistas de Catalunya en Comú. En el texto publicado por el digital El Crític, un medio que promueve el entendimiento entre el mundo de los comunes y el independentismo de izquierdas, el autor apuesta por un “bloc històric de ruptura democràtica” formado por comunes e independentistas para iniciar el proceso constituyente de la República catalana en ruptura con el régimen del 78 y en respuesta a la deriva autoritaria del PP. El autor ilustra su razonamiento con la aproximación acaecida durante la dictadura de Primo de Rivera entre republicanos, anarquistas y nacionalistas que sentó las bases de la alianza para derrocar a la monarquía y proclamar la Segunda República.

Ahora bien, Asens no tiene en cuenta que entonces el objetivo fue la transformación democrática de España y no la separación de Catalunya y que Estat Català de Francesc Macià, una formación separatista (en el lenguaje de la época), aparcó este objetivo tras el Estatut de Núria. Tampoco menciona que el objetivo del otro bloque histórico, que funcionó al final del franquismo en el marco de la Assemblea de Catalunya, fue también la democratización del Estado español y no la secesión de Catalunya. Así pues, ninguno de los “bloques históricos” operativos en el país han funcionado en clave secesionista y no parece que ahora vaya a funcionar ante la indiferencia, cuando no la hostilidad, de la clase obrera con el proyecto independentista.

En descargo de Asens hemos de admitir que tampoco las izquierdas españolas, en particular Podemos, han sabido poner en el primer plano de su acción política la reivindicación estratégica de la República Federal como marco de democratización y resolución de los conflictos territoriales, postulando una reforma del régimen donde el nuevo PSOE de Pedro Sánchez tiene todas las de ganar.

Para aumentar más la confusión en el ámbito de Podemos y los Comunes, el sector anticapitalista de Podemos, en la víspera de la moción de censura, se desmarcó de la ambigua línea oficial del partido para manifestar su apoyo incondicional al referéndum unilateral, en una muestra de infantilismo político y de escaso conocimiento de la realidad catalana.

Generación independentista

En definitiva, no parecen concurrir las mínimas condiciones para que el referéndum pueda celebrarse con las exigibles garantías democráticas. En primer lugar, debido a la cerrada negativa del PP a permitirlo y al previsible empleo de todos los recursos jurídicos para impedirlo. En segundo término, por la estrategia partidista y ventajista del bloque soberanista. Conviene recordar que el referéndum ni siquiera figuraba en el programa de Junts pel Sí al considerarlo una “pantalla pasada” tras los comicios plebiscitarios. En estas condiciones difícilmente gozará de reconocimiento internacional, como ya ha avanzado la Comisión de Venecia. Especialmente si, en el caso de que llegara a celebrarse, sólo acudiesen a votar los independentistas.

Quizás el objetivo del movimiento independentista catalán no sea tanto obtener la independencia de manera inmediata, sino consolidar sus bases sociales a fin que durante al menos una generación se mantenga la movilización en torno a este objetivo. En realidad, el programa autonomista está satisfecho casi en su totalidad, salvo por lo que respecta a la financiación autonómica y porque en su día CiU no quiso aceptar el concierto económico a la vasca ofrecido por Adolfo Suárez.

No obstante, en las próximas semanas asistiremos a acontecimientos de máxima tensión que podrían desembocar en el temido choque de trenes. El bloque soberanista hará todo lo posible para provocar una respuesta agresiva del Estado.