A finales del 2015 el Parlament aprobó una declaración que decía que era soberano y que no acataba la ley española. El ‘conseller’ Mas-Colell -y otros- se llevaron las manos a la cabeza, pero el texto era imprescindible para que las CUP no vetaran a Artur Mas. Claro, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la declaración. La historia finalizó con que Mas se retiró, Carles Puigdemont le sustituyó y se recurrió la anulación ante el mismo TC. Parece el juego de los disparates, pero así fue.

El 4 de julio se presentó con gran pompa en el Teatre Nacional, no en el Parlament, la ley del proyecto de referéndum del 1-OY el 31 de julio se registró en la cámara catalana. La idea era admitirla a trámite el 16 de agosto y para eso se había cambiado la normativa, para que la sesión parlamentaria se iniciara el 15 de agosto. Era lógico porque sería difícil votar en referéndum el 1 de octubre si la ley no era aprobada con una antelación mínima de un mes. No sólo por la campaña, había que exponer el censo y crear una sindicatura electoral.

Pero no pasó nada. El 16 de agosto no se llevó a la mesa la ley de referéndum y ahora parece que no se hará hasta el miércoles 6 de septiembre, en vísperas de la Diada. ¿Se puede votar en referéndum el 1-O con una ley que se presenta solo 25 días antes? Es un disparate, pero así se pretende.

Un permanente disparate

Esconder un disparate exige ruido. Y ya que no se admite a trámite la ley de referéndum -por voluntad del independentismo- se dobla la apuesta y se presenta una ley de ruptura con España que se dice que será aprobada antes del 1-O, pero que no entrará en vigor si en el referéndum gana el ‘no’. Y no se contempla que no se llegue a celebrar o que sólo vayan a votar los separatistas. Parece un disparate, pero ha pasado este lunes.  

¿Por qué vivimos en este permanente disparate acompañado -eso sí- de solemnes declaraciones y muchos días históricos, pero de pocas nueces y ninguna firma? El separatismo se lo piensa ante el Rubicón: la ruptura real con el Estado de derecho.

No solo porque teme los recursos al TC y las suspensiones que podría acarrear. También porque pese a que en su loca carrera lo ha olvidado, no hay democracia sin Estado de derecho. Es falso afirmar que sólo se rompe con la legalidad española. La Constitución fue votada en referéndum por los catalanes y con más mayoría que en el resto de España. Y se destruye también -lo que moralmente es menos justificable- la propia legalidad catalana. El Estatut del 2006 (y el anterior del 80), votados en referéndum, que establecen que para cambiarlo -o modificar la normativa electoral- se requiere una mayoría de dos tercios que el independentismo no tiene.

Ante el precipicio, el separatismo retrasa el momento de la verdad y tapa con ruido la dilación. Pero carece de coraje para cambiar de campo de juego y lo más probable es que, la tarde del 6 de septiembre, Puigdemont tenga que firmar el decreto de convocatoria y hacer dar a Catalunya -y a España- un salto al vacio. La sombra del Lluis Companys de 1934 es alargada.