• Un fondo único, igualitario entre CCAA, que simplifique el sistema y dé mayor claridad

Los socialistas catalanes queremos participar de forma activa en el debate y la negociación del nuevo sistema de financiación autonómico que debe acordarse en un futuro inmediato. Nuestra propuesta se sostiene en base a dos fundamentos políticos: primero, las Comunidades Autónomas, todas, deben poder ser gobiernos auténticos -no meras gestoras de un estado descentralizado- y segundo, como socialistas defendemos un Estado federal para España y Europa, y por lo tanto defendemos la necesidad ineludible de la existencia de transferencias interterritoriales para lograr nuestros objetivos de justicia social y de cohesión interna, sin la cual los pactos y los acuerdos son difíciles de alcanzar y de cumplir.

Es imprescindible reconocer la actual situación económica y social, después de una grave crisis económica, que ha dejado nuestro Estado de Bienestar seriamente tocado. Nuestro objetivo es, en primer lugar, recuperar y consolidar ese Estado de Bienestar para luego aprender de la historia reciente, en este caso de los nueve años transcurridos desde la puesta en marcha del sistema de financiación actual aprobado en 2009.

Hay algo que conviene tener muy claro y es que en la realidad española actual, de los cinco pilares del Estado de Bienestar dos recaen en el Gobierno central: las pensiones y las prestaciones por desempleo que son pagos monetarios preestablecidos y están en parte, aunque no lo bastante claro, protegidos por las leyes y los presupuestos públicos. En cambio, los otros tres pilares (la educación, la sanidad y los servicios sociales) son competencia de las CCAA y su cumplimiento ha ido ligado a los avatares del sistema de financiación. Un sistema que para las comunidades de régimen común ha hecho aguas durante la crisis, y se ha deteriorado aún más por la negativa del Gobierno del PP a remediarlo cuando tocaba; de eso hace ya cuatro años.

Proponemos pues establecer un vínculo fuerte entre una parte de la recaudación conjunta en toda España por los tres grandes impuestos sobre la renta y el consumo (el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales) y la financiación del Estado de Bienestar que es competencia de las CCAA. Supondría aumentar los porcentajes de cesión de estos impuestos para aumentar la suficiencia financiera necesaria y al mismo tiempo crear también con estos recursos un fondo de garantía a repartir de manera igualitaria entre las CCAA. De esta manera sería una realidad la igualdad de acceso a servicios públicos fundamentales del Estado de Bienestar en todos los territorios. La existencia de este único fondo daría claridad y simplicidad al sistema y a la vez garantizaría la ordinalidad de los recursos finales.

De este modo, con la aplicación del principio de ordinalidad, se daría cumplimiento a los Acuerdos de Granada suscritos por el PSOE que se inspiran en el sistema alemán que gravita, como nuestro sistema, entorno a los impuestos compartidos y también se cumpliría la Sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatut que entiende este principio de manera que la contribución interterritorial no coloque en «peor condición relativa a quien contribuye respecto a quien se beneficia».

Queremos avanzar en la construcción de una Hacienda federal, basada en compartir impuestos, asumiendo toda la responsabilidad fiscal y de gobierno que ello supone, y por tanto también la recaudación y gestión -en consorcio con la Administración central del Estado, tal como dice el Estatuto- de todos los impuestos que pagamos en Cataluña.

La Hacienda de un Estado federal exige mecanismos institucionales y de gobernanza orientados a la cooperación y al pacto, y los pocos que existen en España -el Consejo de Política Fiscal y Financiera- o bien se han casi desvanecido o bien se han consolidado como órganos de imposición de las decisiones del Gobierno central. Hay que cambiarlo también. Hay que recuperar autonomía financiera y económica real. Y ello implica afrontar el problema de la deuda autonómica en la línea de la discusión planteada por la comisión de expertos y recogiendo la reflexión del ministro Montoro sobre una quita parcial de la misma.

La reforma del sistema de financiación es urgente, es una de las reformas estructurales pendientes en España con más incidencia en el bienestar de todos y cada uno de los españoles. No hay que esperar una nueva Constitución, podemos avanzar mucho. Hay que hacerlo. Eso sí, con intención y voluntad federal.