Desde que se hizo público el informe Ideas para una reforma de la Constitución ( La Vanguardia, 21/11/2017) la mayoría de las dudas que ha suscitado tiene que ver con Ca­talunya. Para unos, el mismo planteamiento de la reforma viene provocado por la situación catalana y se trata en el fondo de una artimaña para dar una salida honorable a la posición insostenible de los que defienden el proceso y la independencia. Para otros, es una iniciativa inútil porque la reforma constitucional no influiría en la autonomía de Catalunya y su futuro inmediato. Los autores del documento no compartimos estas ideas. Creemos que España, como Estado, está atravesando la crisis más grave desde la aprobación de la Constitución y la situación de Catalunya es reflejo, y factor, de la crisis del Estado autonómico.

En realidad, las reformas que precisa la Constitución son diversas (derechos sociales frente a la crisis económica, representatividad de las instituciones, renovación de la legitimidad de la propia Constitución…) y su ausencia ha empanta­nado los problemas. Un dato revelador lo proporciona la comparación entre las reformas constitucionales llevadas a cabo desde la promulgación de la Constitución respectiva en Alemania (unas 60) o en Francia (unas 25) y en España (1, prácticamente).

A la vista de la complejidad de la crisis consti­tucional, nuestra propuesta no es abordar todas las reformas posibles, sino abrir “una época de reformas” sucesivas, realizando inmediatamente las más urgentes y pos­teriormente las demás, siguiendo el modelo utilizado en las últimas dé­cadas en países como Alemania. En este sentido, nos parece que la primera reforma debe abordar la estructura terri­torial del Estado, porque es el tema más preocupante y urgente.

El Estado autonómico ha permitido una amplia descentralización política, permitiendo que las 17 comunidades autónomas posean instituciones propias y gestionen además los servicios más importantes para los ciudadanos como educación, sanidad y servicios sociales. El cambio introducido por la autonomía prevista en la Constitución no se puede negar. Pero la regulación constitucional se agotó prácticamente en la descentralización, culminada hacia finales del siglo pasado y no creó los mecanismos necesarios para el gobierno de un Estado tan complejo. La nueva España autonómica, tan descentralizada como un Estado federal, necesitaba reformas profundas, que ningún gobierno impulsó.

Desde esta perspectiva, planteamos cinco cuestiones: la función del Estatuto de Autonomía, el cambio del reparto de competencias, la participación autonómica en las instituciones del Estado, la ausencia de órganos de colaboración y la constitucionalización de los elementos generales de la financiación autonómica.

El Estatuto de Autonomía es, ahora, a la vez la norma básica de la comunidad autónoma y ley orgánica del Estado y esta doble naturaleza es fuente de muchas disfunciones. Sería preferible aprobar y reformar el Estatuto sin intervención de las Cortes, como la Constitución de un Estado federado (EE.UU.) o de un land alemán, aprobadas por sus respectivos Parlamentos (sin intervención federal) y con escaso control del Tribunal Constitucional, aunque naturalmente sometidas a la Constitución federal.

El sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades es técnicamente deficiente. Arranca de una lista de materias y funciones del Estado y de la remisión a los estatutos de autonomía para su concreción, sin apenas cláusulas generales que resuelvan las contradicciones de la legislación respectiva de desarrollo, de manera que el bloque de constitucionalidad (Constitución, más estatutos, más leyes atributivas de competencias) conduce a múltiples conflictos que se plantean ante el Tribunal Constitucional. Las sentencias se retrasan varios años y son tantas que resulta difícil establecer cuál es realmente la que fija la doctrina.

La participación de las comunidades autónomas en el Estado es débil, hasta el punto de que no tienen ninguna instancia central donde debatir los problemas comunes. Las conferencias sectoriales y la conferencia de presidentes ni aparecen en la Cons­titución, y están bajo el control total del Gobierno central. Igualmente es frágil la participación de las comunidades en la Unión Europea. La reforma del Senado representando a los gobiernos autonómicos, como en Alemania, podría permitir la par­ticipación decisiva en la legislación, las políticas públicas, el acceso a la Unión Europea y los nombramientos de los órganos superiores del Estado.

La financiación autonómica está prevista en la Constitución de manera tan general que carece de criterios y las reglas efectivas del gobierno financiero hay que buscarlas en la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que no deja de ser una ley orgánica más.

Catalunya tiene además interés en otras cuestiones, como reconocimiento de su singularidad, pero debe quedar claro que de poco servirán estas especialidades si no se resuelven los problemas generales de la distribución territorial del poder.

Los hechos diferenciales, principalmente la lengua y el derecho civil especial, pueden ser tratados por la Constitución con mayor precisión, y pueden arrastrar a su vez una parte de la educación y de los medios de comunicación conectados con la lengua. Se trataría de articular de forma más eficaz y concreta estos elementos, con la creación de un órgano superior de colaboración bilateral con el Estado para los problemas específicos. En este caso, la relación bilateral está justificada porque no afecta al conjunto de las comunidades sino sólo a Catalunya y al Estado. También cabe la recuperación de los aspectos del Estatuto de Autonomía del 2006 que se declararon inconstitucionales por razones formales y la remisión al Estatuto de los aspectos identitarios o de organización institucional y territorial que sólo afectan a Catalunya.