Los independentistas lo saben: han encendido la mecha del mayor conflicto de España desde la llegada de la democracia; peor que el golpe de Estado del 23-F, porque la chapuza de la tejerada duró unas horas y tuvo la virtud de conjurar para siempre el golpismo en un país de tanta tradición de espadones. En cambio, el pacto para la desconexión abre un periodo de tensiones de imprevisible duración y plantea lo más grave que se puede plantear a un Estado: la ruptura de la unidad territorial. Es natural que ese Estado se disponga, como dijo Rajoy, a utilizar todos los medios políticos y jurídicos para impedirlo. Si son suficientes o no, sólo el tiempo y los acontecimientos lo dirán.

De entrada, deseo anotar la progresión de la terminología. En tres años hemos pasado de la autonomía a la independencia, y en una semana, de las estructuras de Estado a la República catalana. Eso no estaba en el programa electoral de Junts pel Sí, pero es un hallazgo sonoro para manifestaciones y finales de discursos como el de Carme Forcadell. También hay progresión, y más peligrosa, en el instrumento elegido para la hoja de ruta: la deslegitimación de las instituciones estatales, empezando por el Tribunal Constitucional y la desobediencia a todas las leyes españolas. Esto se puede definir como locura, como rebeldía, como iniciativa ilegal o incluso como delito de sedición o de rebelión, según interpretan algunos juristas. Pero es el camino elegido por el soberanismo catalán y probablemente aplaudido por amplios sectores de la sociedad catalana.

Aquí la cuestión es dónde está el límite que los soberanistas ponen a su hoja de ruta y, concretamente, dónde está el límite a la desobediencia. Si se queda en gestos institucionales y de gobierno, será una situación penosa, pero se puede resolver por la vía jurídica. Si la desobediencia se lleva al cuerpo social, tendremos conflicto abierto. Nadie sabe qué dimensión de orden público podría alcanzar una sucesión de protestas cívicas. Nadie sabe los efectos de un arropamiento popular continuado a cargos públicos llamados a los tribunales. Nadie intuye hasta qué punto de acritud podría llegar la convivencia civil en ese clima. Y no nos engañemos: esa podría ser la próxima fase, una vez terminado el capítulo de los recursos legales.

Por eso puede ser terriblemente irresponsable el acuerdo soberanista de desconexión. Por eso puede ser tremendamente alicorta la respuesta del Gobierno central. Y por eso se encienden luces de alarma. Ni los soberanistas pueden ignorar que juegan con fuego y que la mitad de la sociedad no está con ellos, ni el señor Rajoy puede ignorar la composición del Parlament y gobernar como si la inmensa mayoría quisiese seguir en España. Y lo más triste: en esa situación donde nadie tiene la razón plena, la palabra diálogo ha desaparecido del discurso oficial. Y donde no hay diálogo, todo se vuelve confrontación.