Al término del Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy compareció ante los medios de comunicación. Lo hizo para explicar que su gabinete había acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución aprobada el lunes por el Parlament de Catalunya, según la cual se iniciaba la desconexión del Estado español y el proceso catalán hacia la independencia. Rajoy reiteró que no estaba dispuesto a permitir tal desconexión. En paralelo, la abogada general del Estado Marta Silva de Lapuerta presentó a media mañana el correspondiente recurso de inconstitucionalidad ante el TC, en cuyo texto se incluía el apercibimiento de suspensión en sus funciones para 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament. Y, también, la prohibición expresa de admitir a trámite cualquier iniciativa de carácter legislativo, o de otro tipo, que dé continuidad a la resolución soberanista. Por la tarde trascendió que el TC había admitido a trámite por unanimidad la impugnación del Gobierno, lo que suponía la suspensión automática de la resolución impulsada por Junts pel Sí y la CUP.

Esta contraofensiva estatal era perfectamente previsible. La resolución aprobada el lunes en el Parlament constituía un desafío en toda regla al orden constitucional español. Y se había anunciado reiteradamente que el Gobierno iba a proceder como ayer lo hizo.

La situación en la que se hallan los principales impulsores del proceso independentista era ya muy compleja tras la primera, y fallida, sesión de investidura del martes. El presidente Mas afronta hoy su segundo intento, que probablemente resultará de nuevo infructuoso, con lo que se abrirá otro periodo de incertidumbre, que puede conducir a otras elecciones autonómicas anticipadas en marzo. La situación, decíamos, ya era compleja. Pero ahora pesa sobre Mas, Forcadell y otros cargos catalanes una nueva espada de Damocles. No se trata únicamente de que las decisiones del Parlament puedan ser revocadas de inmediato. Es que, además, numerosos representantes institucionales catalanes pueden ser suspendidos en sus labores.

La ley constituye un instrumento formidable, de enorme potencia. Pero de los políticos esperamos un uso proporcional y mesurado de ella. No cabe esgrimirla para resolver problemas que reclaman una solución política. «No cortes lo que puedas desanudar», recomendaba Joseph Joubert. La facilidad con que el recurso a la ley puede neutralizar el desafío que ha planteado el Parlament no debe hacer pensar a Rajoy que las reclamaciones de Catalunya terminarán, como por ensalmo, recurriendo a la vía judicial.

El pasado martes, en esta misma página y a renglón seguido de la resolución secesionista del Parlament, reclamábamos a dicha Cámara que rectificara; que reconsiderara su huida hacia delante y buscara nuevas estrategias, alianzas y caminos de futuro, siempre en el marco legal. Hoy le pedimos aquí al Gobierno que preside Rajoy que sea más proactivo a la hora de ayudar a hallar los mecanismos políticos adecuados para satisfacer las peticiones catalanas. Y, muy particularmente, le pedimos al Gobierno, sea cual sea la fuerza ganadora en las elecciones del 20-D, que rehúya cualquier tentación de auspiciar una involución autonómica, porque además de ser injusta para el conjunto de los catalanes constituiría un tremendo error político.