Una alta personalidad me confesaba este jueves: si el Gobierno se decide a aplicar el artículo 155 de la Constitución, lo hará de forma sibilina. Le pregunté si hay algún modo sibilino de aplicar la Constitución y concretamente ese artículo, porque es muy claro en su contenido: el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a una comunidad autónoma a cumplir sus obligaciones. Mi interlocutor me recordó que una aplicación directa del artículo obligaría a un pronunciamiento del Senado y podría provocar revueltas sociales. Por tanto, lo que hará el Gobierno, sea cual sea, será adoptar dos medidas que no parezcan el artículo 155: controlar la caja, es decir, los presupuestos de la Generalitat, y tomar el mando de los Mossos d’Esquadra.

Recordé este arriesgado pronóstico al escuchar a Soraya Sáenz de Santamaría y a Cristóbal Montoro comunicar la última decisión del Consejo de Ministros: solo se dará dinero del Fondo de Liquidez Autonómica a Cataluña para el pago a proveedores. Recordé también una reciente advertencia del ministro de Hacienda: no habrá un euro para las veleidades independentistas del Gobierno de una autonomía. Y recordé lo último conocido de las finanzas catalanas: no hay dinero para las farmacias ni, por tanto, para medicamentos. La Generalitat debe al sector farmacéutico más de 300 millones de euros, con riesgo de aumento de la deuda.

Amparada la medida en el poco discutible criterio de que el dinero del Estado se debe dedicar a garantizar los servicios públicos, está llena de lógica. No es formalmente una intervención de la autonomía, pero se le parece, porque decide el destino de los fondos. No es la aplicación del 155, pero se puede interpretar parcialmente como tal. Y se parece mucho también a algunas de las recetas más clásicas y eficaces de la autoridad frente a la desobediencia: quien paga manda, aunque se replique con la mentira de que España les roba; quien administra los recursos públicos decide su destino, y no es leal gastar el dinero del Estado en financiar la ruptura con el Estado.

Opinión personal: la decisión de ayer es la expresión del cabreo del Gobierno, que quizá tenga algo más que sospechas de que la República catalana, las movilizaciones sociales, el pago de condiciones a la CUP y otras veleidades se están financiando con fondos que proporciona la Hacienda pública. Aunque Montoro diga que ni un euro de los 52.000 millones recibidos por Cataluña se ha gastado en actividades independentistas, creo que dice una mentira diplomática. Al fin y al cabo, él también es ministro de Hacienda de los farmacéuticos catalanes. Y creo que le gusta mucho un pensamiento clásico: el de tener a alguien agarrado por salva sea la parte.