Ya tenemos –y es una buena noticia– Govern de la Generalitat. El 130.º presidente ha tomado posesión y ha formado gobierno. De él se espera que gobierne y de todos los demás, que le demos la enhorabuena por su responsabilidad, le deseamos los mejores aciertos y nos pongamos a su disposición, reconociéndole la autoridad democrática que ostenta.

Hemos llegado a la etapa final de discursos, proclamas y arengas apasionadas. Poco a poco, la pasión y los gestos tendrán que ser sustituidos por decisiones. Hará falta desarrollar un plan de gobierno, aprobar los presupuestos, adoptar medidas y definir las prioridades.

No conviene, a mi entender, que el Govern de Catalunya permanezca instalado en la agitación. Nuestro Govern, como cualquier otro, tiene que gobernar. Es decir, tiene que tomar decisiones, con las competencias y recursos de que dispone, para ir solucionando los problemas del país. Algunos dicen que eso es la pura gestión aburrida de las cosas. Tal vez. Pero es esta gestión aburrida de las cosas la que ayuda a hacer mejor el país y la vida cotidiana de la gente. 

Por descontado que el Govern puede caer en la tentación de seguir haciendo política declamatoria y favorecer una producción legislativa que no respete la legalidad. La reciente constitución de una comisión parlamentaria de estudio sobre la independencia indica que esta es una tendencia que seguirá haciendo su camino.

Pero tengo la esperanza de que se impondrá el realismo y empezaremos una fase diferente. Porque habrá que pasar de la literatura a la aritmética de las cosas concretas. Y es en este terreno donde se pueden encontrar vías de entendimiento.

Creo que poco a poco entraremos en el momento de rehacer las costuras, de reconstruir los acuerdos y los consensos perdidos. Lo creo, lo quiero creer, a pesar de la insistencia de los que agitan banderas porque de lo contrario no tienen propuestas solventes para gobernar nuestro país. Prefiero abonar esta esperanza que resignarme a un horizonte de bloqueo institucional que sería lesivo social y económicamente y letal para nuestro autogobierno.

Ahora hace falta que emerjan voces templadas, que entiendan que es bueno tener razón, y a fe que las decisiones del presidente Rajoy y su Gobierno han reforzado estas razones. Pero sin perder de
vista que es imprescindible entender las razones de los otros. Que no son menos razón que la propia.

Un balance desapasionado de eso que se ha llamado el procés indica, más allá de su incierto resultado, un éxito importante: la cuestión del encaje de Catalunya en una España diferente está en la agenda. No sólo en la agenda catalana, sino en la agenda española. En medio de los sentimientos de incertidumbre, decepción o desazón, las personas que de buena fe lo han apoyado no tendrían que despreciar este hecho.

Sea cuál sea el escenario que se abra a la gobernación de España, todavía difícil de dibujar, es una evidencia que la vía de una reforma constitucional se abre paso. Es una vía que tiene que permitir definir mejor nuestras competencias y asegurar el respeto; establecer un sistema de financiación de la Generalitat justo y equilibrado, que garantice la suficiencia y la responsabilidad fiscal; defender el respeto de nuestra identidad nacional, y establecer espacios para la cooperación “federal”, con instrumentos institucionales que faciliten la participación real de las comunidades autónomas en la adopción de decisiones estatales. Si fuéramos capaces de empezar a discutir sobre los problemas concretos y no sobre sentimientos, tal vez encontraríamos con más facilidad las soluciones. Si sustituyéramos –a ambos lados– “estamos hartos” por un “hablemos”, seguro que podríamos salir adelante.

Con mayor o menor ambición, todos los actores políticos han acabado reconociendo que el problema territorial no se puede resolver sin adaptar la Constitución a las nuevas demandas de nuestra sociedad, a la corrección de las insuficiencias y errores que la experiencia ha puesto de manifiesto y a la imprescindible convocatoria de un referéndum que avale su contenido. Un referéndum, sí, para avalar un nuevo pacto constitucional, en el que los catalanes tendríamos que expresar nuestra opinión con claridad y sin ambigüedades.

Desde Catalunya se puede optar por ignorarlo. Sin embargo, si hay interlocutores inteligentes a ambos lados de la mesa, podríamos considerar que es una buena oportunidad que hay que aprovechar. En otra ocasión dije que los principales actores tenían que cambiar. Que los presidentes Mas y Rajoy no eran agentes de la solución, sino parte del problema. Parece que se puede producir la sustitución de ambos.

Tenemos nuevo president y nuevo Govern. Opino que conviene que el presidente huya de cualquier imagen o gesto que lo proyecten como un gobernante tutelado o sin autonomía. Su experiencia como alcalde de una ciudad importante, acostumbrado a la frecuente soledad en la toma de decisiones y al difícil ejercicio de decir no, es una garantía. Sé que los tiempos de efervescencia son propicios al exceso de teatralización, pero conviene asegurar que el presidente de la Generalitat lo es con todos los atributos de autoridad, legitimidad y capacidad de decisión que figuran en el Estatut. Hacer lo contrario sería debilitar la institución.

JOSÉ MONTILLA –  president de la Generalitat de Catalunya, 2006-2010