En la Plaza Mayor de Chinchón, esa belleza medieval de la provincia de Madrid, frente a los restaurantes que en la primavera se llenan de domingueros y turistas, yo observaba hace exactamente diez años, como unos pijillos del PP, banderita española en la muñeca, recogían firmas en una mesa petitoria. El Partido Popular, entonces en la oposición, estaba en plena campaña de recogida de firmas para forzar un referéndum contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Puso tenderetes en gran parte de los pueblos y ciudades de España, y logró algo más de cuatro millones de firmas. Cuatro millones de firmas caben en una furgoneta, pero el PP forró diez de azul y Rajoy lideró su camino hacia el Congreso de los Diputados, donde apareció con la caravana, el 25 de abril de 2006, como valedor de la “defensa de la unidad española y de la igualdad de todos los españoles”. El referéndum contra el Estatut, claramente ilegal, no se celebró nunca, por supuesto, pero el recurso de inconstitucionalidad, el ruido y las manifestaciones, dejaron el texto en papel mojado, y la frustración de Cataluña en carne viva.

Hay un acuerdo extendido entre quienes vivimos aquella época en que la hostilidad del PP frente al Estatut primero, y luego frente a la reforma del sistema de financiación de Cataluña, generó entre la mayoría de los catalanes una sensación de desafecto hacia el Estado. Hay que recordar que en aquel tiempo gobernaba la Generalitat una alianza del PSC con ERC y con la versión catalana de IU. Y existe entre muchos también la sospecha de que si el PP, y algunos conservadores del PSOE como José Bono o Rodríguez Ibarra, no hubieran reaccionado con tanta virulencia ante cuestiones simbólicas como el reconocimiento de Cataluña como “nación”, los independentistas no hubieran obtenido el enorme cúmulo de oxígeno que luego les permitió abogar por el “derecho a decidir” y, más tarde, directamente por la independencia.

Zapatero trataba de canalizar entonces lo que muchos catalanes consideraban agravios, enfrentándose a un PP agresivo, que incluso tonteaba con la posibilidad de boicotear productos de Cataluña. Quienes estuvimos entonces en algún lugar privilegiado, como era Moncloa en mi caso, sabemos lo vulnerable que es la opinión pública a los gestos y las declaraciones de los políticos. Sabemos que una consulta o un referendo no es meramente una cuestión jurídica, de derecho administrativo o de técnica constitucional. Es un asunto político, que tiene que ver también con los sentimientos de la gente. 

En estos días en los que Podemos promete en su programa electoral un referéndum para Cataluña, habría que decirles que escucharan la voz del PSC, que ya estuvo en esa posición. Debo explicar que yo mismo creí en un momento determinado que una consulta legal y acordada podría ser una buena solución. Vivíamos entonces en directo un proceso relativamente parecido en Escocia. Pero pronto el PSC y el PSOE entendieron que bajo esa proclama beatífica del “derecho a decidir”, lo único que había era una propuesta ilegal, victimista, forzada y engañosa, para esconder el camino hacia la ruptura, tal como hemos comprobado tristemente después. La única justificación para que Podemos plantee su referéndum para Cataluña, sabiendo como sabe que es un asunto que no gusta en el resto de España, y que a duras penas apetece ya siquiera en Cataluña, es la presión de sus socios nacionalistas. Ellos sabrán lo que hacen, pero si defienden como dicen la unidad de España, y no quieren aprender de los errores del PSC, quizá puedan al menos aprender de los aciertos del PNV, que en los últimos tiempos ha soslayado la cuestión, produciendo un descenso histórico en el independentismo vasco.