Los diputados de la CUP salieron sonrientes, el martes a última hora, de la reunión de tres horas con el consejo político de su formación, en la que decidieron mantener el veto a los presupuestos de la Generalitat. La noticia no causó la misma alegría en el Palau de la Generalitat, donde fue recibida con desagrado e indignación. No había para menos. La prolongación del veto deja en posición poco airosa al Govern, pone en peligro el desarrollo de una legislatura que ya se concibió breve y, de paso, torpedea el proceso en su línea de flotación. Es difícil imaginar que en una reunión de semejante duración se pueda ocasionar un estropicio superior. El fracaso del Govern a la hora de aprobar los presupuestos, instrumento básico en una legislatura ordinaria, no induce a pensar que será capaz de afrontar con éxito empresas de mayor calado. Y menos cuando entre ellas destaca, ni más ni menos, la desconexión de España y la creación de estructuras estatales propias.

En los últimos tiempos ha quedado perfectamente acreditado que la CUP no es un apoyo de gobierno fiable. Lo que está ocurriendo se veía venir, pese a que los anticapitalistas estamparan su firma en un pacto de estabilidad para garantizarle a Junts pel Sí una navegación plácida, que se ha tornado borrascosa.

 La CUP tiene todo el derecho a ser una formación anticapitalista y revolucionaria que persigue acabar con un sistema político que ahora goza de apoyo mayoritario. Los que quizás no tienen derecho a ponerse en sus manos, con mayor o menor entusiasmo, son partidos como CDC o ERC. Pueden hacerlo atendiendo a intereses políticos cortoplacistas, pero deben asumir las consecuencias. La asociación con la CUP le ha costado a CDC la cabeza de un presidente de la Generalitat, Artur Mas, que la entregó a cambio de una estabilidad inexistente. Le está costando a Junts pel Sí unos presupuestos sin los cuales el proceso encalla. Y ha costado también al conjunto de los catalanes serios desperfectos en el prestigio de las instituciones que a todos nos representan, y que son sistemáticamente empujadas hacia la ilegalidad. Quizás sea un precio demasiado elevado para contentar a una fuerza que cuenta con escasa representación del Parlament, pero que lo hace bailar al son de su música. Algo en la misma línea podría decirse de lo que pasa en el Ayuntamiento de Barcelona.

Las fuerzas políticas catalanas más votadas harían bien en tomar nota de estos últimos episodios y decidir si quieren seguir al dictado de la CUP. Prescindir de su apoyo, por demás volátil, puede restarles energía. Pero la experiencia nos dice que conservarla como compañera de viaje puede ser peor. Ya se ha visto.

El Govern intentará ahora salvar los muebles. No le queda otra. Pero la rivalidad entre sus socios, que es manifiesta, no va a ayudar. CDC y ERC dicen remar en el mismo bote, pero juegan esta partida muy atentos a sus intereses de partido. El presidente Puigdemont anunció ayer que presentará una cuestión de confianza. Puede ganarla, o no. Las elecciones pueden adelantarse, o no. Alguna de estas operaciones puede salir bien, o no… En todo caso, la percepción creciente entre los ciudadanos es que el proceso nunca contó con apoyos suficientes, se ha planteado con excesiva prisa y ahora ha entrado en fase crítica, que no admite más errores y que podría abocar, cuando lleguen los comicios, a unos resultados muy adversos para fuerzas políticas que fueron centrales.