Existe una historia de una gran familia inglesa que tuvo que vivir un prolongado litigio por la disputa de una herencia, tras la muerte del patriarca. Se trataba de una gran mansión a las afueras de Londres. La disputa fue de tal calado que, durante generaciones, la familia sólo se veía en los juzgados y a través de sus abogados. Tras muchos años de contienda judicial, una de las ramas de la familia se hizo con la preciada propiedad. Sin embargo, y aquí reside la enseñanza de esta trágica historia, cuando fueron a tomar posesión de la mansión, esta había sido devastada por el tiempo. Sólo quedaban en pie unas melancólicas ruinas que recordaban que en ese paraje se había alzado una magnífica mansión familiar. Algo parecido está sucediendo con la disputa institucional entre Catalunya y España. Una disputa que hoy se centra en la lógica, a riesgo de simplificar, de un independentismo de sólidas razones emocionales y económicas, y de un unionismo y constitucionalismo de sólidas bases legales. Nos encontramos litigando mientras el tiempo, que todo lo abarca, va minando nuestras instituciones y va labrando en el imaginario de la opinión pública que lo único importante es el litigio en sí y no las causas que nos han llevado a esta lamentable situación.

¿En qué punto nos encontramos de este litigio que tiene una dimensión política, cultural, social, histórica, económica y emocional? Pues ante dos posiciones irreconciliables. Por una parte, el Estado español, gobernado por el PP, llegó a la conclusión de que la única forma de afrontar la crisis económica que amenazaba un posible rescate de la economía española, por parte de la Unión Europea, más el reto independentista, era sobre la base de una defensa sin fisuras sobre la unidad de España. Por parte del Govern catalán, se pretendió dar forma política a la doctrina del derecho a decidir para forzar una negociación de máximos que no ha tenido respuesta ni la tendrá. Ello ha provocado, en el seno del independentismo, plantear que pasemos de defender el derecho a decidir a defender el derecho de autodeterminación. Un nuevo salto político que radicalizará las posiciones y hará más intenso el litigio entre ambas partes. El único litigio que se gana es aquel que no llega a celebrarse, gracias a la capacidad de acuerdo y confianza entre las partes.