• El president concretará a final de mes con Junqueras su plan para la cuestión de confianza

Una paella de amigos, una guitarra… Carles Puigdemont ha sido esta semana el protagonista de una de las imágenes del verano –con permiso de los medallistas de Río– pero más allá de la compañía y el Let it be desafinado, la postal de verano no deja de ser reflejo del talante del presidente de la Generalitat. “Cada cosa a su tiempo”. El home d’Amer ha impuesto su ritmo. Un tempo ajeno a las inquietudes de sus socios de Esquerra en el Govern y a las ansias de la CUP por refugiarse en la dialéctica del proceso soberanista y para eludir las obligaciones propias de un aliado parlamentario estable. El calendario político catalán y las obligaciones económicas de la Generalitat se cruzan con los vaivenes en el Congreso, pero la determinación de Puigdemont de avanzar en el escenario de la “preindependencia” es del todo independiente del resultado de las negociaciones para formar gobierno en Madrid.

Puigdemont se ha tomado unos días de activo descanso, pero algunas de las disputas dialécticas con la CUP de los últimos días llevan su sello. El president tiene claro que después de que los anticapitalistas tumbaran su proyecto de presupuestos para este año, la cuestión de confianza agendada para el día 28 de septiembre debe ir más allá de una votación que garantice la continuidad de la legislatura. Incluso más allá de los presupuestos del próximo año. “Se necesita estabilidad parlamentaria” al margen del proceso soberanista, sostienen desde el Palau de la Generalitat. Junts pel Sí, y con el grupo parlamentario el Govern de CDC y ERC, ha perdido un centenar de votaciones este año, aunque también es cierto que convergentes y republicanos votaron por separado en una decena de ocasiones.

No ha habido una reunión específica entre Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras, para abordar el plan de gobierno que se someterá a la confianza del Parlament pero sí han planteado las líneas generales. Junqueras tiene previsto ausentarse hasta el día 24 de agosto –el DOGC publicó el viernes el decreto de suplencia de funciones– y el plan del president es trabajar en la propuesta a partir de la última semana del mes. Primero con Junqueras, luego con los respectivos partidos, y después con la CUP. Se trata de “hablar y como mucho retocar” algún elemento, “no de negociar”. La consellera de Presidència, Neus Munté, marcó el terreno el miércoles siguiendo indicaciones del president: “La confianza no se negocia”. Se trataba de replicar especialmente a la cupera Anna Gabriel y sus urgencias sobre la hoja de ruta. El Govern ha labrado una relación estable con miembros del nuevo secretariado de la formación anticapitalista que encabeza el exdiputado Quim Arrufat y no se plantea un escenario de rechazo a la cuestión de confianza. “Debería ir muy mal para que voten en contra”. No obstante, saben que “hay muchas CUP” y la “amenaza” de Gabriel sobre la obligación de someter al voto de las bases cuperas cualquier decisión sobre los presupuestos introduce incertidumbre.

El nuevo enfoque de la hoja de ruta del proceso será “flexible” sin renunciar a la unilateralidad –el ideario del Partit Demòcrata Català así lo recoge, como las conclusiones de la ponencia del proceso constituyente– aunque existen dudas sobre cómo culminarlo. “No se puede hacer un referéndum unilateral de independencia, como pide la CUP, sin Barcelona”, sostienen a modo de ejemplo dirigentes del PDC, y Ada Colau se resiste hasta a integrarse en la Associació de Municipis per la Independencia. Tampoco renunciará a la seguridad jurídica y la homologación internacional. De momento, Puigdemont quiere evitar cualquier imagen de excepcionalidad en la reunión que tiene pendiente con la CUP desde que la solicitaron en julio y la enmarcará en una serie de contactos políticos. Todo un tira y afloja.

La negociación de los presupuestos para el 2017 es otra cosa e inquieta especialmente en ERC ya que vuelve a ponerse en juego el trabajo del equipo de Junqueras. Los republicanos hubieran preferido acelerar los debates, y así se lo hicieron saber a Puigdemont tras conocer sus planes con la cuestión de confianza. “Se deberían cerrar ya los principios de la nueva propuesta”, sostienen desde las filas republicanas. De hecho, fue el portavoz en el Congreso, Joan Tardà, quien reclamó en público que se celebrara antes de la Diada. También fue Tardà el encargado esta semana de lanzar un mensaje alentando la reunión con Puigdemont que la CUP pone como condición. Pero el calendario no permitía prisas en la antigua Convergència. Primero las elecciones generales y, a continuación, un proceso congresual para crear un partido en tres semanas.

La Conselleria d’Economia, a través de Pere Aragonés, ha instado a la CUP a abrir la negociación de las cuentas pero los cuperos se resisten. La cúpula de ERC cree que debe imponerse la “discreción y la prudencia” y creen indispensable que junto a la cuestión de confianza se asuma una pauta presupuestaria. No hay socio alternativo y en las filas republicanas no ahorran reproches hacia Catalunya Sí que es Pot. “Si el independentismo permitió a Colau aprobar unos presupuestos, ¿por qué en el Parlament no dejaron ni que se debatieran?”.

El calendario fijado por el departamento de Junqueras obliga a las conselleries a transmitir toda la documentación presupuestaria antes del 30 de septiembre para presentar el proyecto de ley en al Parlament el 10 de octubre. No obstante, Junqueras también debe mirar a Madrid. El Ministerio de Hacienda todavía no ha informado de los fondos del sistema de financiación para cada comunidad y ni de la previsión de liquidación del ejercicio 2015, cifras que solían estar a disposición de las autonomías a finales de julio. Ni previsión de fondos ni de techos de gasto y de déficit a la espera de que haya nuevo gobierno y con el aliento de Bruselas en la nuca.

Por si acaso, la orden del 14 de julio que establece las normas para elaborar el presupuesto rehúye veleidades soberanistas. La asignación de recursos se hará en función de las siguientes prioridades: garantizar la prestación de políticas educativas, sanitarias y sociales vinculadas al Estado de bienestar, luchar contra la exclusión social; avanzar en la creación de empleo estable y de calidad; impulsar la competitividad empresarial, promover medidas para mejorar la eficiencia en el gasto, avanzar en el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria e impulsar medidas relacionadas con el buen gobierno y la transparencia.

Junqueras tiene otra cita previa. Antes del 5 de septiembre su departamento debe responder a la petición de Hacienda en la que se reclamaba mayor control del gasto. Aunque la carta instaba a detallar medidas para corregir desviaciones en el déficit, la Conselleria d’Economia limitará su respuesta a información sobre ingresos y gastos.