Los vascos y los gallegos votarán el domingo para elegir quién ha de gobernar sus respectivas autonomías, y lo hacen cuando la política de Madrid es como el carro en el barro. La entrevista reciente de La Vanguardia al lehendakari y candidato del PNV ha dado mucho que hablar, por lo que decía y también por lo que callaba. En Catalunya, siempre ha habido un interés por las cosas de los vascos, lo cual ha generado –a veces y en ciertos entornos– una actitud imitativa más sentimental que inteligente. Ahora sucede un fenómeno desconcertante, incluso divertido: después de décadas de vasquitis en parte del mundo nacionalista catalán, hoy son sectores que no se consideran nacionalistas los que quieren inspirarse y reflejarse en los aires de Euskadi. Como siempre critiqué el exceso de un nacionalismo catalán ingenuo que quería ser vasco, creo que puedo criticar también la repentina –sobreactuada– pasión por el Gobierno de Vitoria y el partido fundado por Arana que les ha cogido últimamente a algunos y algunas, entre los que hay dirigentes de los comunes.

Que el nacionalismo catalán y el vasco son muy diferentes es algo que se sabe o debería saberse. Diría que los que han de saberlo lo saben, sobre todo en la capital de España. Además, también es radicalmente diferente la manera como lo vasco (y el vasquismo) es observado y narrado por la cultura política española, desde hace cien años hasta hoy. Para resumirlo: ­mientras la catalanidad y el catalanismo han sido tratados siempre como una anomalía incomprensible, la identidad vasca y el vasquismo encajan bastante bien y no despiertan las reacciones furibundas que provoca el hecho catalán y especialmente los catalanes que expresan ser una nación. Eso ha sido así incluso durante los años en que el terrorismo etarra era más intenso, recuerden las manifestaciones con pan­cartas donde se podía leer “Vascos sí, ETA no”. Para los poderes de Madrid, el foralismo de Euskadi y Navarra es una fórmula no cuestionable, lo cual queda claro en la Cons­titución de 1978. En este sentido –y hasta la aparición de UPyD y Ciudadanos– el consenso sobre el concierto fiscal ha sido unánime. 

Por otra parte, mientras el catalanismo político hizo bandera –desde su nacimiento como movimiento moderno– de la voluntad de intervención a fondo en la política española, el vasquismo ha ido a Madrid sin interés alguno por reformar el Estado, sólo con el objetivo –bien legítimo– de reforzar sus posiciones como conductor de un autogobierno que –de facto y gracias al concierto– es casi confederal. Los vasquistas no han dicho nunca cómo debe organizarse España, han hablado –sobre todo– de sus asuntos. Los catalanistas –hasta el 2012– no se han cansado de hacer propuestas para vincular el autogobierno a “la otra forma de hacer España”, para decirlo como el lema del efímero PRD que impulsó ­Miquel Roca. Dos patas, hasta hace dos días: reconocimiento nacional de Cata­lunya y puesta al día de España. Pero cuanto más ha querido intervenir el catalanismo en el Gobierno de España más se ha consolidado y difundido la idea de Catalunya como anomalía.

El gran historiador Vicente Cacho Viu nos ha dejado lúcidas páginas sobre el catalanismo como factor de modernización del Estado y la sociedad españolas. Pero no piensen sólo en Cambó y su atropellada y controvertida experiencia, vayan más allá: Pasqual Maragall y los Juegos Olímpicos de 1992 son también parte de esta corriente de fondo histórica, y su canto del cisne brillante; sin Barcelona no existiría el nacionalismo catalán, Catalunya habría sido otra Occitania y hoy la lengua catalana sólo serviría para el verso de Navidad. Los ignorantes todavía se refieren al nacionalismo como un movimiento de trabucaires de comarcas cuando es –mucho antes ya de 1901– un proyecto plenamente urbano que mira hacia París, porque si mira hacia Madrid –la crisis de 1898– se deprime.

Debemos escuchar a Urkullu con atención. Pero también hay que tener memoria: si Rajoy hubiera aceptado hablar de un nuevo pacto fiscal, muchos de los que hoy son independentistas no lo serían, empezando por Mas. Si la caja de la Generalitat –que es la administración que provee, entre otros, de los servicios de salud, educación y políticas sociales– no fuera víctima de un agravio fiscal estructural, la mutación política de las clases medias moderadas no se habría producido. Las cosas no ocurren sin motivo. La autonomía vasca no tiene ningún problema de caja, como es notorio, y eso permite una gran tranquilidad de espíritu al analizar los escenarios. Si a eso sumamos el final de la violencia, vemos un país altamente motivado que ahora tiene el reto de reinventarse, lo cual es apasionante. Pero es justamente el final de ETA lo que nos recuerda que, según se dijo un día en Madrid, “en ausencia de violencia” todo puede hablarse. El independentismo de hoy es un movimiento impecablemente pacífico y democrático y, por lo tanto, no debería ser tratado como una organización criminal. Las democracias fuertes hablan de todo y no llevan un problema político a los tribunales.