Si quisieran hacerlo peor no serían capaces. Si se lo propusieran, si hubiera una estrategia pensada al detalle para exaltar más los ánimos, no mejorarían las consecuencias que pueden provocar con sus actos. ¿O es que sí existe, esta estrategia, y de lo que se trata es de alimentar hasta el límite la indignación no solo de los convergentes sino de todos los demócratas? Han dicho (y lo han repetido hasta la saciedad) que la ley es la que marca la democracia y que, si se reúnen los apoyos necesarios para cambiar la ley, la democracia se adapta. Pero, ¿cómo se puede intentar cambiar la ley si la idea que se defiende -¡una idea!- y que debería ser el motor para cambiar la ley, no es permitida por la ley vigente?

Aplicar el nuevo Partit Demòcrata Català la ley 6/2002 de partidos políticos (recordemos, aprobada también por CiU y pensada ‘ad hominem’, escrita contra la línea de flotación de Batasuna) resulta, sencillamente, un despropósito descomunal. Implica que un partido, en una democracia que debe respetar las ideas, no puede ni siquiera esgrimir la suyas, legítimas, porque resulta que van contra un status quo que, si este partido fuera mayoritario, podría desear cambiar, gracias al apoyo popular que permitiría -lo dicen ellos- cambiar las leyes.

Que prohíban también los partidos republicanos que no quieren la monarquía y que piensen que ERC sería ilegal, según sus criterios. Arreando, que es gerundio.