• Desde 2012, las diadas han visto grandes movilizaciones con un fuerte entusiasmo independentista. Este año toma el relevo un cierto desencanto

En 2012 se produjo la primera Diada masiva a favor de la independencia. El 11 de septiembre de aquel año –la fiesta nacional de Cataluña, en la que se conmemora la pérdida de las instituciones catalanas tras la derrota frente a las tropas de Felipe V en la guerra de sucesión a la Corona de España– sorprendió por su gran y entusiasta participación, y por la determinación independentista de los manifestantes. El éxito sorprendió incluso a la ANC y a Òmnium Cultural, las entidades convocantes.

En base a dicha manifestación, Artur Mas convocó aquel otoño elecciones anticipadas esperando obtener la mayoría absoluta. No le salió bien, pues perdió 12 diputados (pasó de 62 a 50), que básicamente fueron a ERC. El nacionalismo se radicalizaba y confiaba menos en CDC que el propio Jordi Pujol, que afirmó que había jugado a dos cartas demasiado tiempo. Con desparpajo, confesó que había hecho “la puta i la Ramoneta”. Y desde entonces las diadas sucesivas se han vivido con gran entusiasmo (al menos, de los que las convocaban y los muchos que participaban) y con una gran movilización. La de 2014 precedió al ‘referéndum’ de Artur Mas del 9 de noviembre y la de 2015 fue el prólogo a las elecciones plebiscitarias del 27-S (sustitutivas del referéndum legal que no se podía celebrar), que debían ser el gran salto adelante para lograr la independencia de Cataluña.

Pero ahora, un año después, todo es más gris y parece que la Diada de 2016 va a estar presidida por un sentimiento diferente. Podríamos decir que se ha pasado del entusiasmo voluntarista a un resignado desencanto. Los organizadores lo admiten implícitamente, ya que no han convocado un espectacular acto central sino que se han inclinado por cinco manifestaciones en cinco lugares diferentes, lo que hace que esta Diada vaya a ser más difícil de comparar con los anteriores. Y los datos de inscritos fluyen con mayor retraso y las cifras son inferiores a las de los años anteriores.

Las manifestaciones no van a ser ningún fracaso y se volverá a ver a muchos catalanes movilizados, aunque en número menor (¿cuántos?) y menos entusiastas. Es lógico. La gran masa independentista fue a la manifestación de 2015 con la esperanza de una gran victoria electoral de la candidatura unitaria de Junts Pel Sí (la coalición de CDC, ERC y personalidades no adscritas a ningún partido) en las elecciones del 27-S, que debía abrir un camino rápido y triunfal hacia la independencia.

Un año después, el balance es otro. La candidatura de Junts Pel Sí se quedó lejos de la mayoría absoluta y los independentistas solo tienen dicha mayoría gracias a un pacto (por definición inestable) con la CUP, una coalición asamblearia, anticapitalista y antisistema que no solo quiere irse de España sino de la Europa comandada por Bruselas y Berlín. Y además destruir el capitalismo. El primer fruto de la nueva mayoría independentista –tras una primera declaración rupturista que provocó incomprensión incluso en seis ‘consellers’ del Gobierno de Artur Mas– fue hacer rodar por los suelos la cabeza del propio Mas, el presidente de la Generalitat, el convocante del referéndum de 2014, el candidato de Junts Pel Sí y el ‘inventor’ de las plebiscitarias.

Luego las divergencias entre Junts Pel Sí y la CUP han sido continuas y las relaciones dentro de JxS, entre CDC y ERC, tampoco han ido demasiado bien. El Gobierno no ha podido aprobar los Presupuestos de 2016 por la oposición de la CUP, y la cúpula dirigente de CDC ha sufrido una desestabilizadora sacudida cuando el partido se refundó como PDC poco antes de las vacaciones.

Pero lo que es más grave: el 47,8% del voto independentista de las elecciones autonómicas-plebiscitarias de 2015 se ha reducido a poco más del 30% en las dos elecciones españolas del 20-D de 2015 y del 26-J de 2016.

Eso sí, las dos veces ERC ha dado el ‘sorpasso’ a CDC, lo que ha desmoralizado al público convergente y al sector más moderado del nacionalismo, y en las dos ocasiones la primera fuerza política ha sido En Comú Podem, una amalgama de la tradicional y prestigiosa ICV de Joan Herrera y Dolors Camats, con la organización de Podemos en Cataluña y el grupo emergente de Ada Colau, que se está demostrando una política con gran capacidad de atracción tras conquistar la alcaldía de Barcelona (por la mínima) en las municipales de 2015.

El frente independentista –no ya JxS– no solo no es mayoritario (aunque gracias a la ley electoral española tiene mayoría en el Parlamento catalán) sino que se ha dividido en multitud de ocasiones, anda a la greña continuamente y quienes querían proclamar el nacimiento de un nuevo Estado dentro de la Unión Europea no han logrado ni aprobar los Presupuestos de 2016. La sagrada unidad para la independencia se ha ido estrellando en las minucias del día a día y el liderazgo de Cataluña se ha difuminado y fraccionado. Artur Mas dio en enero un paso atrás (él dijo “al lado”) y ha sido maltratado incluso por los suyos, su sustituto Carles Puigdemont, el antiguo alcalde de Girona, intenta cabalgar la nueva CDC, que ha perdido peso específico, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, ahora vicepresidente y ‘conseller’ de Economía, ha subido enteros, pero su partido no ha conseguido ser la primera fuerza en ninguna de las últimas contiendas electorales. Hay una dura batalla en el campo de la izquierda –con un PSC que, liderado por Miquel Iceta, se defiende en segunda línea– entre ERC y ECP. Y ERC cree que la alianza con la antigua CDC –que suscribió para que el independentismo ganara las plebiscitarias de 2015– puede no ser una buena apuesta de futuro.

Es lógico pues que el catalán independentista que creía que la unidad de los partidos separatistas estaba garantizada y que la victoria se tocaba con la punta de los dedos se sienta un poco apaleado, experimente cierto desencanto y estémenos proclive a la movilización.

Pero este desencanto coincide curiosamente con una indudable radicalización y con una extraña ampliación de las fuerzas políticas que apoyan la manifestación del próximo domingo. La radicalización se ve en que la ANC –que sabe que perdió parte de su virginidad política al implicarse en la creación de JxS– ha decidido que para elevar la moral de sus tropas tenía que exigir el llamado referéndum unilateral de independencia (RUI). Demanda que coincide –aunque su origen es otro– con la condición que la CUP ha puesto para votar a favor de la moción de confianza del presidente Puigdemont el próximo 28 de septiembre. La CUP la va a votar porque, caso contrario, caería Puigdemont, habría que convocar casi obligatoriamente nuevas elecciones y los anticapitalistas perderían el privilegiado papel central que tienen hoy –son la bisagra imprescindible para que JxS gobierne– en la política catalana.

No sabemos todavía la fórmula con la que Puigdemont aceptará esta exigencia de la CUP, pero la asumirá pese a que mucha gente (por ejemplo, el círculo próximo a Artur Mas en CDC y dirigentes de ERC) cree que el RUI es una vía aventurera que llevará a un enfrentamiento estéril con el Estado. Y el actual presidente de la ANC, Jordi Sánchez, ha llegado a afirmar que en un referéndum unilateral (que se haría si España lo sigue prohibiendo) no sería necesario que votara el 50% de la población.

Es una radicalidad que sorprende. En 2014, dirigentes de la CUP como David Fernández y Antonio Baños llegaron a decir que para proclamar la independencia sería necesario tener una mayoría superior al 51%. David Fernández, el diputado que lanzó su zapato contra Rodrigo Rato, habló incluso del 55%. Hace pocas semanas, Artur Mas todavía afirmaba que el referéndum unilateral no era un buen instrumento porque los contrarios a la independencia no irían a votar y el resultado quedaría automáticamente deslegitimado. Ahora la CUP exige el RUI como gesto de ruptura con España, el presidente de la ANC dice que es indiferente que vote menos del 50% y el presidente Puigdemont –que se creía era un independentista total, pero también un político cauto– parece dispuesto a sumarse al carro del referéndum unilateral que generaría un conflicto grave e inmediato con el Estado. Mientras, Oriol Junqueras, el líder de ERC, mantiene una actitud cauta, aunque Joan Tardà –uno de sus diputados en Madrid– le llegó a decir a Rajoy en el debate de investidura que el estatus jurídico de Cataluña en España era como el de Argelia en la IV República francesa.

Pero curiosamente esta radicalización no impide una ampliación del campo político de apoyo a la manifestación de protesta. Ada Colau, la líder real de En Comú Podem (ECP), ha captado algo importante: en Cataluña, la voluntad separatista no es hoy por hoy mayoritaria, en cambio sí lo es la desafección con las instituciones y la política española. Para Colau, la bandera de ECP debe ser pues el referéndum, el derecho a decidir, que como fórmula de ‘marketing’ Rubalcaba reconoció imbatible (lo que tapa además la división interna entre federalistas e independentistas en su coalición), y no quiere quedar al margen del movimiento reivindicativo. Por eso, Ada Colau, que el año pasado no fue a la manifestación del 11 de septiembre porque creyó que sería instrumentalizada por JxS en la campaña electoral, sí ha decidido acudir este año. Se quiere sumar así a la protesta contra el Gobierno de España, que es además el del PP.

En la Diada puede quedar pues patente el desencanto (relativo) del independentismo, su menor movilización, la radicalización como huida hacia adelante y también una ampliación del campo político de apoyo (a la protesta y al referéndum, pero no a la independencia) como consecuencia de que Ada Colau ha decidido no cortar los puentes con el independentismo. Hay que constatar no obstante que Colau exige un referéndum legal y por lo tanto pactado con el Estado –como el PSC hacía no hace demasiado tiempo– y no un referéndum ilegal.

¿Por qué pese al desencanto, a los errores y a la radicalización, el 11-S de 2016 será un relativo éxito e incluso tendrá el apoyo de un campo político más amplio? La respuesta es clara. Porque desde la gran manifestación de 2012, el Gobierno de España no ha dado ninguna respuesta política elaborada al hondo malestar de Cataluña, a la desafección de la que ya advirtió el ‘president’ Montilla con anterioridad. Y así, en Cataluña muchos han llegado a la conclusión (espero que equivocada) de que si España no da una respuesta inteligente y se limita a proclamar que hay que respetar la ley (y castigar al infractor), es que en Madrid casi no queda ya vida inteligente.