Carod-Rovira, exvicepresidente de la Generalitat e independentista de primera hora, ha confesado que siente un cierto desconcierto al escuchar las declaraciones de los dirigentes del proceso: “Un presidente que dice que un referéndum unilateral de independencia quizá sí, un expresidente que dice que tal vez no, otro que dice que referéndum antes de las (elecciones) constituyentes, otro que constituyentes antes del referéndum… Que se pongan de acuerdo para que sepamos hacia dónde vamos y para que lo entienda la comunidad internacional”. En espera de que el president Puigdemont concrete la hoja de ruta en la cuestión de confianza, una cosa está ya clara: Junts pel Sí y la CUP emprenderán en los próximos diez meses que restan de proceso una vía unilateral hacia la independencia de elevada siniestralidad.

De puertas afuera, la apuesta soberanista es de alto riesgo. El lehendakari Urkullu la desechaba el domingo en este diario: “Yo no creo en la vía unilateral ni creo que tenga posibilidades en la Unión Europea”. La vía de ­Iñigo Urkullu es la puesta al día de la vieja receta del catalanismo: un nuevo pacto con el Estado que incluya el reconocimiento de la identidad nacional, la bilateralidad y la posibilidad de una consulta legal y acordada. De puertas adentro, la vía unilateral catalana exige una sobredosis de legitimidad para contrarrestar su déficit de legalidad en el marco constitucional español. El problema de las fuerzas del proceso es que suman 72 diputados, lejos de los dos tercios del Parlament (90 escaños) que el Estatut exige para su reforma o para elaborar una ley electoral propia. En resumen, el proceso carece de cobertura legal española y está bajo mínimos respecto a la legalidad catalana.

 La hoja de ruta unilateral topará con el muro de la ley y el president Puigdemont deberá intentar saltarlo, con los daños colaterales que la operación puede comportar. Existe un precedente en la historia de la Generalitat contemporánea que puede ilustrarnos. Lo evoca Amadeu Hurtado en su dietario Abans del sis d’octubre( Quaderns Crema, 2008). Este abogado y político catalanista fue comisionado por el president Companys para defender la ley de Contractes de Conreu ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Hurtado negoció un pacto político con el entonces presidente del Gobierno, el radical Ricardo Samper. Hurtado presentó el 8 de junio de 1934 los términos del acuerdo a Lluís Companys: “Manifiestamente no sigue mis explicaciones. Me parece que no las entiende, pero que tampoco le interesan (…) ‘Estoy dispuesto a todo –señala Companys–. Los recibiré a tiros si hace falta (…) Ha llegado la hora de dar la batalla y de hacer la revolución. Es posible que Catalunya pierda y que algunos de nosotros dejemos la vida en ello; pero perdiendo, Catalunya ganará porque necesita sus mártires que mañana le asegurarán la victoria definitiva’”.

Después vino la fallida proclamación del Estat Català y una trágica concatenación de errores. Deseo de todo corazón que la historia no se repita, pero espero que de repetirse siga aquella secuencia fijada por Marx en los déjà-vu históricos: la primera vez como tragedia y la segunda como farsa.