El Gobierno de Mariano Rajoy “necesita mejorar” en su relación con Catalunya. No se confiesa el suspenso pero se expresa propósito de enmienda. El delegado del Ejecutivo español en Catalunya, las manos y los ojos de Soraya Sáenz de Santamaría en Barcelona, se ha convertido en la punta de lanza de la ofensiva discursiva de los populares. Perdidas en el archivo del Parlament quedan las intervenciones de Enric Millo en las que, “como nacionalista”, defendía los “derechos nacionales de Catalunya” y votaba a favor del “derecho del pueblo catalán a determinar libremente su futuro como pueblo”. Pero lo que no ha perdido Millo es la cintura política y la mano izquierda que ahora reclama Santamaría y nunca empleó María de los Llanos de Luna. No habrá más reprimenda judicial al Gobierno por “malgastar” recursos judiciales, “humanos y económicos”, buscándole los tres pies al gato independentista. La festividad de la Constitución no será el 12 de Octubre.

Hasta ahora, Rajoy “ha hecho lo que tenía que hacer” y lo que toca hacer ahora es, simplemente, otra cosa. Cuando Santamaría comunicó hace diez días al presidente catalán que trabajaba sobre los 46 puntos que le trasladó en abril a Rajoy no se refería al primero de la lista, la celebración de un referéndum vinculante, si no al viraje del discurso gubernamental. La vicepresidenta, Millo, el ministro de Fomento y su anuncio de un nuevo plan Rodalies; el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera… Ya se sabe, el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Y sin gastar, porque el Gobierno tampoco tiene presupuesto. 

Por eso, desde el Palau de la Generalitat, Carles Puigdemont reclama hechos, no palabras –lema electoral de José Montilla en el 2006–, mientras el Govern se refugia en el más pujoliano Fem i Farem. El problema es que el president no maniobra con un ejército, sino con una multitud política que atiende también a sus propios intereses. La sombra de la doble agenda de ERC aparece en todos los análisis de la antigua familia convergente y del nuevo PDECat, las entidades soberanistas imponen un acelerado ritmo gestual que choca con la oferta formal de diálogo, y la CUP sigue pendiente de sus microdesobediencias y de no perder la esencia en un presupuesto en el que no se vislumbra su huella.

Hasta el debate definitivo de las cuentas de la Generalitat durante la primera semana de febrero, el Govern deberá sobrevivir sin perecer en el intento a dos largos meses en los que los anticapitalistas bascularán entre la denuncia del lento cumplimiento de las resoluciones de desconexión y las deficiencias de unos presupuestos autonómicos. Sólo el calendario judicial, con la declaración de la presidenta del Parlament, actuará de amalgama del independentismo hasta el “referéndum o referéndum”, un elemento necesario, pero no suficiente para aumentar su fuerza social. Más aún si a la operación diálogo del Gobierno de Rajoy se suma hasta el Tribunal Constitucional, cuyo presidente ya pide en público –las sentencias son otra cosa– que se rebaje el nivel de judicialización del conflicto catalán.