• El presidente está en su derecho a hacer un Gobierno continuista, pero la dinámica actual Madrid-Generalitat lleva a un peligroso choque de trenes

En mis Confidencias’ del pasado miércoles, me hacía eco de la esperanza de muchos observadores cualificados que creían que Rajoy en su nuevo Gobierno tendría un gesto hacia Cataluña nombrando a algún independiente de la sociedad civil, con el objetivo de que pudiera hacer una labor de aproximación o mediación. Al fin y al cabo, en 1996, cuando el PP ganó sin mayoría absoluta pero con más diputados que ahora y en circunstancias mucho menos graves —el independentismo era entonces políticamente casi inexistente—, Aznar nombró ministro de Industria a Josep Piqué, que entonces no solo no era militante del PP sino que estaba próximo a CDC (había sido hombre de confianza de Macià Alavedra, ‘conseller’ de Economía de Jordi Pujol) y era presidente del Cercle d´Economía, una entidad muy plural y mixta de empresarios y profesionales. Su primer presidente fue Carles Ferrer Salat, luego fundador de la CEOE, y en su junta directiva estaban Ernest Lluch y Narcís Serra, que más tarde formaron parte del Gobierno de Felipe González de 1982.

No ha sido así, y Rajoy tiene todo su derecho. Después de muchos meses, ha ganado la batalla, el PSOE se ha metido varios autogoles y ha podido formar un Gobierno del PP más bien continuista, también más modernizador, en el que la dirección política continúa en manos de la vicepresidenta y cuya novedad quizá relevante es la llegada a la portavocía del democristiano tranquilo Íñigo Méndez de Vigo, un europeísta de siempre que ha sido eurodiputado muchos años y que fue un directo colaborador de Marcelino Oreja.

Y respecto a la cuota catalana, ha sustituido a Jorge Fernández Díaz —que fue proclive al entendimiento con la antigua CDC, pero que ha acabado con una muy tensa relación con la Generalitat— por la joven y aplicada diputada Dolors Montserrat, que estuvo en la mesa del Congreso y que además es hija de una militante histórica de la AP catalana. Rajoy hace una apuesta. La pregunta es si el mantenimiento de Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro al frente de las relaciones con el Gobierno de la Generalitat y la incorporación de Dolors Montserrat como ministra de Sanidad van a contribuir a mejorar la difícil relación de Rajoy con Cataluña. Solo 11 diputados catalanes (seis del PP y cinco de C´s) de 47 votaron su investidura, y de los 36 restantes, 29 —todos salvo los siete del PSC, que defienden la reforma constitucional y tienen unas tensas relaciones con el PSOE que habrá que analizar otro día— abogan o por la independencia (los 17 de ERC y PDC) o como mínimo por un referéndum de autodeterminación (los de En Comú Podem).

Además, para 2017 la Generalitat tiene como prioridad la celebración del referéndum, aunque sea al margen de la ley, y se puede producir un grave choque de trenes porque el Gobierno del Madrid dice —ya lo hizo el lunes Soraya Sáenz de Santamaría— que está dispuesto al diálogo, pero solo desde el estricto respeto al ordenamiento legal. La posición del Gobierno de Madrid es lógica, pero es difícil que —ella sola— contribuya a resolver el conflicto, pues Neus Munté, la vicepresidenta del Gobierno catalán, ya dijo ayer que la voluntad de diálogo no era creíble mientras se quería levantar la inmunidad parlamentaria a Francesc Homs, el portavoz del nuevo PDC en Madrid (la antigua CDC), por su papel en la ‘consulta participativa’ de 2014, cuando era el ‘conseller’ de Presidencia del Gobierno de Artur Mas.

El conflicto es espeso, porque el Gobierno catalán —que para no perder el poder necesita el apoyo de los 10 diputados de la CUP en el Parlamento catalán— se ha comprometido con este grupo anticapitalista y asambleario a celebrar en 2017 un referéndum de ruptura con España. Y la CUP, cuya ‘fineza’ jurídica deja mucho que desear, ya protesta —y amenaza con no votar el Presupuesto de 2017— por la detención por los Mossos, a requerimiento de un juez, de la alcaldesa de Berga, que se había negado a acudir a declarar en un juzgado. La CUP pretendía que los Mossos no obedecieran a la legalidad, y varios políticos de CDC —empezando por el portavoz parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull— creyeron que debían hacer acto de presencia en Berga el pasado jueves para solidarizarse con la alcaldesa, Montserrat Venturós, donde por cierto Turull fue abucheado por los ‘cupaires’.

Resumiendo, el Gobierno de Rajoy no parece dispuesto a ningún gesto político que sin salirse de la legalidad pudiera rebajar la tensión independentista, y el de la Generalitat no quiere —ni puede— abandonar el discurso maximalista —el «referéndum o referéndum» de Puigdemont—, ya que la CUP solo le mantiene en el poder a cambio de una actitud rupturista y de mantener o aumentar la crispación. El choque de trenes entre los dos gobiernos y entre las dos legalidades —la real y la que quieren que emane del Parlamento catalán, de la que la ley de transitoriedad jurídica sería pieza clave— parece pues inevitable.

Este planteamiento puede parecer incomprensible para muchos demócratas españoles, ya que la ley es la ley. Pero no es percibido así por media sociedad catalana. Primero, porque el 47,8% dijo en las elecciones de 2015 que cree que el Parlamento catalán es soberano. Bueno, cuando el 47,8% dice algo así, hay que tenerlo en cuenta, aunque estuviera desvariando. Segundo, porque la sentencia del Constitucional de 2010 contra varias partes del Estatut fue considerada la ruptura del pacto constitucional del 77, ya que llegó con cuatro años de retraso y una deslegitimadora lucha interna en el propio Tribunal Constitucional, tras una desafortunda campaña del PP y cuatro años después de que dicho Estatut —que ya había sido ‘cepillado’ en las Cortes españolas, como dijo gráficamente Alfonso Guerra— fuera aprobado en referéndum, siguiendo todos los trámites legales, en Cataluña.

Pero hay algo más de fondo, y es la pérdida de credibilidad del Gobierno españolante una parte relevante de la sociedad catalana. Hay cosas de comer —esas que Rajoy diría que importan a la gente— que explican esta pérdida de credibilidad. El Estatut decía que durante siete años la inversión del Estado en Cataluña debía ser la misma que la aportación catalana al PIB —el 18,9%— para no perjudicar las infraestucturas y el crecimiento económico catalán, donde por ejemplo casi todas las autopistas son de peaje. Es una disposición bastante equitativa y razonable —con independencia de que tuviera que estar en el Estatut— que lógicamente es imposible de cumplir al pie de la letra todos los años, pero que —en un comportamiento prudente con una parte del Estado donde hay una protesta fuerte— no debería ser totalmente orillada.

Pues bien, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Barcelona, Miquel Valls, un hombre ponderado y de orden, presentó el jueves pasado un informe demoledor. La inversión regionalizable del Estado en Cataluña subió tras el Estatut y con el Gobierno Zapatero al 18,2% y 18,4% en 2008 y 2009, pero después ha ido bajando y con el Gobierno del PP ha caído del 14,1% de 2011 (último año de Zapatero) al 13,5% en 2012, el 11,2% en 2013, el 11,3% en 2014 y ¡atención! el 9,9% en 2015.

Claro, con estas cifras de la Cámara de Barcelona ante el silencio total de la Administración central, la confianza del mundo empresarial catalán en el Gobierno de España no puede ser alta. Y sin confianza de la Cataluña de orden (en las cámaras no hay revolucionarios ni independentistas exaltados) en el Gobierno de Madrid, será muy difícil reconducir la situación en Cataluña.

El presidente y la vicepresidenta deben reflexionar dos veces. La política del PP desde 2006 respecto a Cataluña —decidida entonces en parte con el objetivo de deslegitimar al Gobierno Zapatero en España— les ha llevado a perder la batalla de la credibilidad en Cataluña. Y muchas veces no por la propaganda de la Generalitat o por la exaltación del sentimiento soberanista —que también, desde que Artur Mas se cayó del caballo como San Pablo y asumió la fe independentista—, sino por sus propios errores. Por no escuchar a Cataluña en las cosas de comer. No es lógico ni racional que una de las regiones que más contribuyen al crecimiento sea maltratada sistemáticamente a la hora de decidir las inversiones del Estado en infraestructura. Y este hecho no puede justificarse por la crisis, ya que no estamos hablado de inversiones en valores absolutos —que han bajado, y mucho, en toda España— sino en proporción.

Lo ha dicho alguien tan poco sospechoso de tener simpatías por el nacionalismo catalán como Albert Rivera, y lo viene repitiendo hasta desgañitarse una voz del catalanismo moderado como Miquel Iceta —al que los independentistas descalifican como españolista y al que algunos barones del propio PSOE descalifican—, solo el recurso y la invocación a la ley no sirven para resolver un problema político complejo y duradero como el catalán. Hace falta algo de empatía, voluntad de hablar y negociar… y cuidar cosas tan elementales como las inversiones del Estado.

¿Está calificada Soraya para entenderlo? ¿La aplicada Dolors Montserrat tiene fuerza suficiente para contradecirla si no es así y sigue confiando únicamente en la brigada Aranzadi? Lo iremos viendo rápidamente, pero me temo que la clase política madrileña —y no solo la del PP— ha entrado en un proceso degenerativo similar al de la catalana. Entonces, Miquel Roca y Jordi Solé Tura —en nombre del nacionalismo y del PCE, un partido español— contribuyeron a elaborar una Constitución que tuvo una mayor aprobación en Cataluña que en el resto de España. Claro, entonces en Madrid mandaba Adolfo Suárez, que venía del Movimiento y que reinstauró a un presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, elegido por el Parlamento catalán en el exilio —el de los rojos separatistas— a mediados de los cincuenta. ¿Qué hubiera dicho Soraya si se lo hubiesen preguntado? Claro, no se lo podían preguntar porque no está en los temas de oposición de los abogados del Estado.

Aunque más preocupante es que el señor Rufián, el jefe de lista de ERC en Madrid, debe pensar que el último presidente de la Generalitat de su partido, Josep Tarradellas, era un vulgar traidor —como los del PSOE actual— que se vendió a la España franquista de Suárez.