• Los partidos del Gobierno catalán tienen un concepto patrimonial de los medios de comunicación públicos y esto pasa con TV3

Los partidos en el Gobierno tienen un concepto patrimonial de los medios de comunicación públicos y eso pasa en TV3. El director general de comunicación del Gobierno catalán, por ejemplo, considera “una intromisión” que un diputado de la oposición pida una lista de tertulianos. Y lo argumenta parapetándose en el respeto a los profesionales del medio. Un escudo utilizado demagógicamente porque son esos mismos profesionales los que denuncian sistemáticamente la elección política de los cargos directivos de las emisoras y han tenido que ser ellos, y no los políticos, quienes batallaron –y ganaron- para ofrecer una información sin bloques electorales durante las campañas. Contemplar la crítica como una injerencia y no un ejercicio saludable únicamente demuestra que el Gobierno no quiere estorbos en el cultivo del jardín mediático catalán y sus organismos públicos.

Cuando se plantea la crítica de la escasa presencia en las tertulias de voces que contradigan el relato oficial, los defensores del actual modelo se acogen a que en muchos medios de España también están extremadamente minorizadas o excluidas las voces que defienden el camino de la independencia para Cataluña. Y es cierto, pero el empleo de este argumento defensivo descubre, al mismo tiempo, un reconocimiento a la parcialidad (¿compensatoria?) de los medios públicos de la Generalitat donde, muy a menudo, el discrepante de fondo, caso de haberlo, es un único ponente cuya soledad connota de excentricidad sus argumentos. A ello se añade el acompañamiento de una selección de mensajes procedentes de las redes sociales, mayoritariamente favorables al camino de la mayoría parlamentaria.
La ley que creó la Corporació Catalana de RTV en 1983 fue una de las primeras aprobadas por consenso unánime en la cámara catalana. Y nació teniendo que combatir intentos de recluirla en un papel folclórico. TV3 y Catalunya Ràdio han jugado un papel muy importante en la normalización del catalán y siempre han evitado la tentación de acudir a los géneros más barriobajeros que asegurarían una mayor audiencia. Pero como me comentaba hace años un alto responsable de TV3, su ausencia de la parrilla no se explica únicamente por una lógica obligación de un medio público si no porque los catalanes, que también disfrutan de estos programas, quieren verlos pero no quieren verlos en TV3 que nació, además, como reflejo de un supuesto y limpio imaginario sobre Cataluña que no puede empañarse con diversiones groseras.

Ahora, el debate sobre TV3 sube de tono por la pérdida de liderazgo. Ante este descenso, la dirección de TV3 ha planteado una futura programación para atraer a la audiencia “joven y urbana” que emigra a otras ofertas. Algo más fácil de enunciar que de conseguir. Y ello va asociado a una petición de subvenciones públicas suplementarias. Los responsables de los medios públicos históricamente se han visto sometidos a una triple demanda por parte de la oposición de turno: más audiencia, más servicio público (en un entendimiento dudoso del término) y menos costes. Una triangulación difícil. Pero está claro que un uso partidista del medio no ayuda a sostener peticiones de más subvenciones. TV3 se anuncia como “la nostra”, pero el cultivo de este posesivo resulta más complicado si se detecta una merma de audiencia por deserción (algo explicable por la multiplicación de pantallas y plataformas) o por expulsión de un sector de la ciudadanía por la persistencia en la construcción mediática de un imaginario, no únicamente político, que los desaloja (lo que sería más preocupante).

La pérdida de pluralismo también se detecta en el descenso de emisoras auténticamente locales, de las que Cataluña fue pionera en su emergencia, en una innovadora práctica del periodismo de proximidad. Una desaparición provocada por la crisis, pero también por maniobras legislativas que favorecen cadenas de televisión local con poca vinculación con las demarcaciones donde emiten. Unas maniobras que el profesor de la UAB, Josep Àngel Guimerà explica, en parte, “por los intereses político-mediáticos del gobierno”

El Gobierno ha vuelto a sondear sobre la implantación de un canon. No es nada extraño. Los hay en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania… En la medida que se aplica a los tenedores de un televisor resulta ahora un tanto anacrónico cuando mucha televisión se ve en pantallas alternativas. Pero es inevitable la sospecha de que se quiera implantar únicamente para evitar el sonrojo presupuestario cuando se comparan partidas dedicadas a medios de comunicación y a urgencias sociales. De hecho, los ciudadanos ya pagamos con los impuestos los medios de comunicación públicos.

Pero lo urgente es, como reclamaba en febrero de este año el Col.legi de Periodistes, que se acabe con el mercadeo político de los cargos directivos y, desde el consenso, se reforme la ley que rige los medios públicos de comunicación, para afianzar su pluralismo y necesario papel en una democracia