• La obstinación no debiera ser una política. En realidad es la actitud más impolítica que pueda imaginarse

La obstinación no debiera ser una política. En realidad es la actitud más impolítica que pueda imaginarse. Pero es la que han adoptado Artur Mas y Mariano Rajoy, protagonistas de un enfrentamiento que ya va para los cinco años de duración, sin desenlace previsible ni satisfactorio a la vista para ninguna de las partes.

Artur Mas ha jugado sus ultimísimas cartas en la escenificación de un juicio político en el que se presenta como víctima de la penalización del deseo de independencia de una parte de la sociedad catalana de la que se hace intérprete e instrumento. Sus planes respecto al ejercicio del derecho de autodeterminación —que esta es sin eufemismos la cuestión de fondo— cuentan con un amplio apoyo, pero ha quedado claro en las tres ocasiones en que las urnas han hablado con propósitos plebiscitarios desde 2012 —dos elecciones y un proceso participativo suspendido por el Constitucional— que la base del independentismo es insuficiente para recabar con autoridad los avales legales del titular de la soberanía que es el Parlamento español y obtener el reconocimiento imprescindible de la comunidad internacional.

La jugada que queda es la definitiva y la más peligrosa, porque de lo que se trata ahora es de someter a prueba a la democracia española, hasta el punto de demostrar al final del proceso lo que solo retóricamente cabía deducir ya desde el principio de los planteamientos más radicales: que Cataluña es una nacionalidad oprimida, un país ocupado, colonizado casi, y sometido a un régimen ajeno y extranjero.

Dos son las palancas para conducir a tal conclusión, que convertiría el caso catalán en uno de independencia ‘remedial’ en el mismo capítulo en el que se hallaba nada menos que Kosovo. De una parte, la judicialización del proceso por parte del gobierno de Rajoy, que ha llevado a olvidar cualquier vía política y a confiar exclusivamente a los tribunales la tarea de obstaculizar los planes de ruptura constitucional establecidos por el soberanismo: el radicalismo soberanista imagina a centenares de cargos políticos inhabilitados o incluso en la cárcel, la autonomía suspendida y la legitimidad de la democracia española cuestionada. De la otra, la fuerza parlamentaria decisiva de la CUP, con su correlato de movilización en la calle y su capacidad de suscitar la emulación de la izquierda radical: no es extraño que comentaristas de uno y otro lado hayan evocado el fantasma del Maidán, una permanente agitación callejera de fácil desbordamiento, que solo desde el territorio CUP se puede organizar y mantener.

Aún para alcanzar tal punto de ignición hace falta una actitud irritada del gobierno central, capaz de precipitarse y autolesionarse en la represión que se le invita a desencadenar. No hay síntomas hasta ahora de que esto pueda suceder, más bien los hay en sentido contrario. A pesar de todo, entrar en este territorio es tentar al diablo, pero ni siquiera así, en las actuales circunstancias internacionales, está del todo claro que la democracia española pueda sufrir daños irreparables que la cuestionen a ojos del mundo y dejen en cambio el campo libre para que un independentismo hasta ahora de base insuficiente ensanche de pronto sus apoyos y su fuerza y consiga la desconexión.

Si hasta ahora el secesionismo ha calculado mal las fuerzas —apoyo electoral, simpatías internacionales, alianzas españolas y europeas—, nada indica que sea correcto este cálculo actual, todavía más arriesgado. Implica echar al fuego toda la leña de la movilización e incluso del sacrificio personal, algo que hasta ahora no se había producido y que sus seguidores desconocen. Hay que hacerlo en un momento de enorme fatiga procesista, no tan solo entre los creyentes sino sobre todo en una sociedad catalana dividida, cuya mitad no independentista ha empezado a virar de la indiferencia a la irritación.

Más fácil es pensar que Rajoy practica, junto al inmovilismo, una calculada estrategia de restricción. Si el secesionismo busca su salida en la liquidación de la democracia española, Rajoy hace idéntica apuesta en la definitiva laminación del autogobierno catalán tal como lo hemos conocido en los últimos 40 años, con los márgenes extraordinarios que todavía tiene en educación, orden público, lengua y medios de comunicación, elementos todo ellos convertidos ahora en causa y origen de todos los males independentistas que a ojos de muchos conviene extirpar o cuando menos limitar. Esta estrategia perversa asigna a la tozudez de los independentistas el trabajo sucio de ofrecer la destrucción de un autogobierno que desprecian en aras de una independencia que no pueden conseguir.

Democracia española y autogobierno catalán han ido siempre de la mano. No es seguro que en los nuevos tiempos trumpistas funcionen las viejas ecuaciones históricas, pero sería bueno que unos y otros, Mas y Rajoy, dejaran de tentar la suerte, y renunciaran a aventuras y experimentos respecto a la resistencia de la democracia española y a la limitación del autogobierno catalán. Antes de que sea demasiado tarde, antes de que volvamos a las andadas, a la vieja historia que siempre termina mal.