CARLES Puigdemont, presidente de la Generalitat, pidió la palabra por sorpresa en la sesión del Parlament del pasado miércoles y pronunció un breve discurso. El titular más frecuente en las crónicas de aquella intervención fue este: “La democracia española está enferma”. Las palabras del president llegaban en un periodo marcado por el juicio del 9-N contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Tras su sesión inaugural del pasado lunes, en la que Mas estuvo muy comedido, el president Puigdemont creyó oportuno dirigirse al Parlament en términos más duros. Su intención, presumiblemente, era poner en cuestión el insensible y antipático comportamiento del Gobierno español ante la cuestión catalana. Pero creemos que, en su disparo por elevación, Puigdemont no se expresó con la precisión necesaria.

Es sabido que las relaciones entre Catalunya y España no atraviesan su mejor hora. Pero eso no exime a nadie de hablar con la mayor propiedad posible. El presidente de la Generalitat podría atribuir al Gobierno una enfermedad si tal cosa fuera oportuna dada su cerrazón o inflexibilidad. Pero no podría calificar de enfermiza la conducta del Estado, que, como entidad, obedece a otras razones. Y menos aún afirmar que la democracia española está enferma. La democracia, en cuanto sistema político en el que la soberanía reside en el pueblo, no enferma. Sostener lo contrario constituye un exceso verbal. Porque a las enfermedades las sucede a veces la muerte. Y, pese a sus defectos, la democracia es un buen sistema, sin recambio que la supere.

Aun en tiempos de profundos desacuerdos, hay algunos denominadores comunes que conviene preservar. Hay que respetar el lenguaje y su universo de significados. Hay que respetar la verdad. Hay que respetar el marco de los sistemas políticos convivenciales. La discrepancia es legítima, pero no faculta a nadie para alterar unilateralmente las reglas del juego. Es fácil descalificar y llamar a la desobediencia. Pero es difícil reconducir a una sociedad cuyos miembros –o, peor, cuyas entidades– creen y proclaman que se puede seguir conviviendo cuando se denigran las instituciones que a todos nos amparan y se anima a vulnerar sus normas.

El mundo occidental asiste, atónito, a un cuestionamiento de las reglas de convivencia que han cimentado su progreso. La Administración Trump nos sorprende a diario con iniciativas que atentan contra el Estado de derecho. En demasiados países europeos los populismos avanzan a lomos de programas discriminatorios. En Catalunya el horizonte de choque, con su alto potencial destructivo, no sólo no se teme, sino que incluso parece aguardarse con impaciencia. En una entrevista de TV3 a los encausados del 9-N, sobre la que planeó la mencionada idea de la democracia española enferma, el expresidente Mas afirmó este domingo que “al final del camino veremos la fuerza de cada cual”. Más afortunada estuvo la exconsellera Rigau cuando declinó la posibilidad de suscribir el diagnóstico de enfermedad de la democracia española y prefirió decir que Madrid se mostraba duro de oído ante las reclamaciones catalanas.

No son sociedades enfermas aquellas en las que se discrepa. No son gobiernos sanos aquellos que creen posible actuar con criterios de parte o saltándose las leyes cuando dificultan el logro de sus objetivos. No debería olvidarse nunca que la fortaleza de una democracia reside en sus leyes. Y la de un gobierno, en su capacidad para dialogar, convencer y pactar.