La contundencia de la vicepresidenta del Gobierno del PP es innegable. En el Congreso, en el Senado y ante cualquier auditorio que lo permita, Soraya Sáenz de Santamaría garantiza que “el referéndum no se celebrará”. Por si hay alguna duda, extiende la negativa por la geografía europea: “Ni en España, ni en Baviera, ni en el Véneto”. Y efectivamente, el referéndum posible en su imaginario Aranzadi es imposible. Pero ese convencimiento no resuelve el problema.

Si algo ha demostrado Carles Puigdemont es determinación para cumplir su “misión”, incluso con una desenvoltura para el esgrima verbal insólita tras la presidencia de las astucias de Artur Mas: “La democracia española está enferma”. Puigdemont ha asumido con gusto una de las máximas de la CUP. No está en la Presidencia para reproducirse políticamente, lo que puede impregnar su actuación en el cargo de cierta temeridad, chocando incluso con la resistencia a la inhabilitación demostrada por la defensa de Mas en el juicio del 9-N.

En el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se jugaba la previa del referéndum o referéndum con la Fiscalía ejerciendo de ariete del Gobierno. El fiscal Sánchez-Ulled confesó que la fiscal general del Estado lo escogió para hacer una valoración técnica rigurosa, pero acabó citando a Gila y evidenciando alguna humana debilidad con un irreprimible “¡ya está bien de todo lo que se está organizando!”. Hasta se atrevió a rebatir a Puigdemont con más contundencia que el ministro portavoz del Gobierno: “España es un estado democrático. Bastantes años de oscuridad nos tuvimos que chupar en este país”. El resultado llegará en la prórroga porque, más allá de la sentencia del TSJC, será el Supremo quien la convierta en firme y el calendario político va más rápido que el de la justicia de letra gótica, tinta china y campanilla.

Lo que se celebre, si Puigdemont y Oriol Junqueras quieren, ¿qué respuesta tendrá por parte del Gobierno? Habrá que innovar, como sostuvieron las defensas en el juicio del 9-N previendo una condena, aunque la innovación debió afrontarse hace años en el terreno político para evitar los tribunales. La pretensión de celebrar un referéndum está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional junto con la resolución que establecía la enésima hoja de ruta. El Govern ha sido apercibido en tres ocasiones –algunos consellers acumulan un aviso del anterior Executiu– a los que se sumarán otros por las leyes de desconexión. El Estado tiene mecanismos para actuar pero debe asumir el coste de su ejecución una vez demostrado que la estrategia penal tiene sus límites. Hasta la vicepresidenta del TC considera evidente que el conflicto catalán no se solucionará sólo por la vía judicial.

El Gobierno de Rajoy quiso poner en circulación la operación diálogo pero no se ha impuesto ni un clima propicio. Cuando las palabras no sirvieron, en la Moncloa pensaron que las conferencias del exjuez Vidal harían el resto pero los juicios “por poner las urnas” generan más solidaridad que rechazo un hiperventilado del proceso. Y el problema sigue sin resolver.