• Hay síntomas de que un sector del nacionalismo catalán apoyaría una salida gradualista

Rajoy estaría dispuesto a nuevos encuentros subterráneos con Puigdemont para hablar de todo salvo del referéndum sobre la independencia de Cataluña; y el presidente catalán solo estaría de acuerdo en oficializar esos contactos si es para hablar del referéndum. A la vez, si el 71% de los catalanes está a favor de que se convoque esa consulta, el 61% del resto de los españoles está en contra.

No es realista esperar que el independentismo sobrevenido vaya a disolverse en el aire. Pero lo cierto es que casi cinco años después de la caída del caballo de Artur Mas, el respaldo a la secesión sigue siendo tenazmente insuficiente para dar un paso con tantas y tan graves consecuencias para las personas. Así lo constatan los resultados electorales y las encuestas que mes tras mes vienen certificando que la mitad de la población catalana está en contra de la separación.

Ante el callejón sin salida en que se ha metido el independentismo, tan imprudente sería ignorar sus intentos de saltarse la legalidad como despreciar los síntomas de estar buscando una salida que a veces emergen desde el subsuelo de la política nacionalista. Como cuando Artur Mas invoca la posibilidad de una tercera vía negociable que pasaría por optar entre la independencia y una oferta de mejora del autogobierno catalán que ofreciera el Gobierno.

No es lo de siempre. Admitir que un referéndum sobre o no a la independencia excluye a las opciones intermedias (federalismo, autonomía reforzada, etc.), que sumadas son mayoritarias, es un paso adelante. Pero tiene trampa. El mismo día en que se conocía esa propuesta, la portavoz del Govern, Neus Munté, se declaraba a favor del diálogo, pero advirtiendo (EL PAÍS, 24-2-2017) que ninguna propuesta podría ya parar el referéndum de autodeterminación: porque “no podemos traicionar lo que es un mandato del Parlament y porque “es perfectamente posible si hay voluntad política”. Mandato inexistente a la vista de los resultados de las elecciones de 2015; y voluntad política para aceptar que uno de cada dos catalanes sean convertidos de la noche a la mañana en extranjeros en su tierra.

Cabe sin embargo imaginar otra vía de salida. Aceptar que al final haya un referéndum, pero no entre dos opciones excluyentes, sino a favor de una solución pactada entre los dos Gobiernos. Salida que sería la desembocadura de una larga negociación sobre objetivos intermedios y no sobre el todo o nada habitual.

Significaría un repliegue hacia el gradualismo catalanista tradicional que permitiera negociar no sobre la independencia, pero sí sobre los motivos invocados en su día para justificar la adhesión a ella (financiación, por ejemplo). Significaría también sustituir el dilema entre votar y no votar por el de sobre qué hacerlo sin que divida en dos a la población; y sin vulnerar el orden constitucional, incluyendo el respeto del principio de igualdad de los artículos 138 y 139 . El Gobierno está obligado a rechazar propuestas que desborden los límites de la legalidad, pero también a negociar con las autoridades catalanas toda posibilidad de acuerdo dentro de ese marco.

Y no es cierto que no haya ninguna alternativa sobre la mesa. Académicos, políticos, intelectuales han planteado salidas con distintas formulaciones pero partiendo de esta base común: sí a la consulta pero no sobre la independencia, la propuesta más extrema, sino de ratificación del acuerdo sobre el autogobierno catalán a que lleguen los Gobiernos de España y Cataluña para su incorporación al Estatut por los procedimientos previstos.