Por derecho y sin anestesia, el Cercle d’Economia ha descrito el diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra Catalunya: hay un “cansancio acumulado”, también una “creciente radicalización” y concurre la “sensación de encontrarnos en un callejón sin salida”. No obstante, los empresarios que se agrupan en la entidad están “convencidos de que pueden darse las condiciones para una negociación”. Pocas palabras pero certeras para dibujar una coyuntura que ha entrado en una peligrosa deriva. Podrá debatirse sobre los matices del diagnóstico, pero no tacharlo de ignorante de la realidad catalana ni refutarlo por ser sucursal o tributario de una organización ajena a Catalunya.

El cansancio al que aluden los empresarios del Cercle se observa con la desmovilización popular. Las sentencias del TSJC y de TS que condenan a distintas penas de inhabilitación y multa con arresto sustitutorio a Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs, por la comisión del delito de desobediencia grave al Tribunal Constitucional, han registrado una sísmica casi imperceptible en la opinión pública independentista. En todo caso, no han provocado expresiones de protesta pública colectiva, todo lo contrario a cuando los ahora condenados fueron calurosamente acompañados hasta ambas sedes judiciales en Barcelona por miles de ciudadanos y en Madrid por una representación política de alta cualificación al comenzar en el mes de febrero los respectivos juicios orales. 

Ni siquiera la pérdida del escaño de Homs en el Congreso –corolario de la sanción de inhabilitación– ha estimulado a las organizaciones independentistas –habitualmente tan activas– a convocar una protesta callejera. Hay fatiga, hay hartazgo y, además, hay escepticismo sobre la suerte del proceso. El pasado día 27 de marzo se consumieron los dieciocho meses de plazo que el actual Ejecutivo se dio a sí mismo para culminar la desconexión. Se ha superado el calendario establecido y se entra en una prórroga indefinida que se promete –las promesas abundan– concluirá en otoño con la convocatoria de la consulta separatista. La encuesta del CEO del pasado viernes es muy expresiva al respecto.

El radicalismo es todavía más evidente que el cansancio en una sociedad catalana serena y que ha puesto en valor el civismo en las últimas décadas. Un radicalismo que ha consistido en el intento de corte batasuno de okupar la sede barcelonesa del PP por un sector de las juventudes de la CUP bajo la mirada complacida y complaciente de la diputada Anna Gabriel y el exdiputado David Fernàndez. Ese vandalismo es aún más perverso porque los cuperos, anticapitalistas y ultraizquierdistas y de los que depende la mayoría secesionista en el Parlament y, en consecuencia, el Govern de la Generalitat, se negaron a condenar la coacción en la Cámara.

Pese a que Carles Puigdemont se cuidó de reprochar la acción contra el PP, no se privó en EE.UU. de formular ante un escaso auditorio –90 oyentes– una descalificación miserable de la democracia española. No sólo mintió asegurando que el Estado no cumple la Carta Europea de los Derechos Humanos, sino que se permitió comparar la Constitución española con la de Turquía de Erdogan (allí, 10.000 detenidos y 60.000 funcionarios purgados) y atribuir al Gobierno comportamientos como los que se dan en Albania, Moldavia o Ucrania. No son palabras estas subsumibles en la posverdad sino en la falsedad del discurso de un político que ha perdido el sentido de la realidad.

La sensación que describe el Cercle d’Economia de “callejón sin salida” explica, aunque no justifica, que se produzcan estos radicalismos verbales y estas acciones coactivas. Cuando no hay razones, se desatan emociones y pulsiones incontroladas, verbales y físicas, que enra­recen tanto el clima general que dan pie a editoriales en los que “el incidente de la CUP” sugiere similitudes con la kale borroka en el País Vasco, sin olvidar que Societat Civil Catalana también ha padecido la desinhibición amenazante de los socios parlamentarios del PDECat y ERC. Si no se abre alguna válvula de escape, este “callejón sin salida” propiciará nuevos y preocupantes episodios como los de los pasados días y discursos como el pronunciado por el president en una sala de la Universidad de Harvard.

Pese a todo, “pueden darse las condiciones para negociar”. Los empresarios catalanes acudieron el martes a la convocatoria de Mariano Rajoy en el Palacio de Congresos de la Diagonal barcelonesa para escuchar un planteamiento –quizás el primero– empático con las necesidades materiales de Catalunya. El presidente del Gobierno comprometió inversiones para el Principado de 4.200 millones en esta legislatura, mientras los ministros de Hacienda y Economía estudian plantear la condonación de hasta 70.000 millones de deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Algunos de los asistentes a la convocatoria del jefe del Gobierno hicieron de tripas corazón y vencieron el profundo recelo que en Catalunya provocan las promesas gubernamentales que, bien por la crisis, bien por determinadas concepciones ideológicas, no se han cumplido en el pasado. Pero esa actitud –la del empre­sariado catalán y la del propio Gobierno– aunque sea inicial, hace verosímil una reconexión entre la sociedad catalana y las instancias estatales que vaya marginando los discursos separadores de aquí y de fuera de aquí para reconstruir la “nueva concordia” a la que apeló –recordando a Cambó– Mariano Rajoy.

Esta ha sido una semana esclarecedora porque se ha producido un diagnóstico certero desde el epicentro de Catalunya –el empresarial– y se ha registrado un movimiento casi inédito desde la Administración general del Estado mediante la presentación en Barcelona y por el presidente del Gobierno de un plan de infraestructuras que incorpora una visión de España que podría superar la concepción radial instalada, tantas veces de manera infausta, en el kilómetro cero de España que no es otro que la Puerta del Sol de Madrid.