Dos colectivos de juristas confrontan sus posiciones sobre la viabilidad de la consulta que propone el Govern

El intenso debate sobre la convocatoria del referéndum para después del verano ha empujado a dos grupos de juristas a dar un paso adelante para pronunciarse sobre su viabilidad. La Plataforma Tercera Vía presentó el jueves pasado una declaración que apuesta por volver al camino del medio antes de que se produzca el choque jurídico y político entre los gobiernos. El otro grupo es el de Juristes pel Referèndum, en que seiscientos profesionales de la justicia suscribieron un manifiesto en favor del derecho a decidir.

Los dos colectivos han publicado manifiestos y declaraciones sobre los principios que se tienen que tomar en cuenta para resolver la actual crisis política y que, en ambos casos, siempre pasan por el respeto a la legalidad. Ahora bien, ¿hasta dónde se puede exprimir la ley? Esta es la principal discrepancia entre los dos colectivos.

Puertas abiertas: el camino del medio

El último manifiesto se presentó el pasado jueves. Cerca de trescientas personas llenaron el auditorio del Colegio de Abogados de Barcelona para apoyar al Colectivo Portes Obertes del Catalanisme, que apuesta por seguir el camino de la tercera vía, suspender el referéndum y sentarse a una mesa de negociación con el Gobierno español para hacer más factibles las pretensiones catalanas. “No degrademos nuestras instituciones ni saltándonos el Estado de derecho ni blo­quean­do los cambios que son necesarios y posibles”.

La discrepancia principal con el otro grupo de juristas radica en la voluntad de sacar adelante la votación en el momento actual más que en una cuestión legal. De hecho, los dos grupos están de acuerdo en que el referéndum vinculante que quiere implementar el Govern no está rpevisto en la Constitución y que la única posibilidad sería llevar a cabo un referéndum consultivo, similar al 9-N pero autorizado por el Estado. “Un referéndum consultivo sí que cabe”, apuntaba el jueves pasado el exvicepresidente del TC Eugeni Gay, en un coloquio durante la presentación de Portes Obertes del Catalanisme.

Sin embargo, por mucho que quepa este referéndum, el colectivo descarta que hoy por hoy sea conveniente sacarlo adelante. A la presentación de la declaración asistieron destacados dirigentes del PSC y de la extinguida Unió Democràtica, como Miquel Iceta, Pere Navarro, Josep Antoni Duran Lleida, Ramon Espadaler y exconsellers como Caterina Mieras, Ramon Espasa, Lluís Alegre e Ignasi Farreras. En coloquio aparte de Eugeni Gay, también participaron la exconsellera Pilar Fernández Bozal y el catedrático de Derecho Constitucional de la UB Xavier Arbós.

El profesor destaca que “la idea de Portes Obertes no tiene como objetivo impulsar un referéndum consultivo sino propiciar espacios de diálogo. Estos espacios se tienen que encontrar en el marco legal que ofrece un amplio abanico de posibilidades entre las cuales está la celebración de un referéndum consultivo. Pero eso no lo planteo como primera opción”.

La receta de la tercera vía para evitar el choque de trenes pasa por volver a la casilla de salida. Poner el contador a cero y establecer una negociación que pueda ser fructífera para las dos partes, es decir, el Gobierno español y los partidos políticos que defienden la celebración del referéndum al margen de que sean o no independentistas. El grupo señala que para conseguirlo hacen falta concesiones. Por eso, piden al Govern que suspenda el referéndum y al Gobierno español que se avenga a revisar la singularidad de Catalunya, la financiación del autogobierno y las competencias de la Generalitat.

Dos imágenes de las presentaciones del manifiesto de Portes Obertes (arriba) y Juristes pel Referéndum

Dos imágenes de las presentaciones del manifiesto de Portes Obertes (arriba) y Juristes pel Referéndum (David Airob)

Juristes pel Referéndum sí o sí

Por el contrario, los Juristes pel Referéndum quieren que el Gobierno de la Generalitat saque adelante la convocatoria de la consulta porque consideran que hay margen legal para hacerlo. Seiscientos profesionales, entre abogados, procuradores, secretarios judiciales y algún juez, suscribieron el manifiesto. “El derecho tiene que estar para dar respuestas y no para ser un impedimento”, afirma la catedrática de Derecho Constitucional de la UB Mercè Barceló, que añade que “el principio democrático permitiría la celebración del referéndum”.

La catedrática es una de las seiscientas personas que suscribieron “el manifiesto de juristas a favor del derecho de los ciudadanos a celebrar un referéndum para decidir el futuro político de Catalunya”. La cuna de la iniciativa es el Colectivo Praga, que integra a un grupo de profesores de Derecho universitario que se expresan en la línea de lo que fija el Pacte Nacional pel Referéndum. En este colectivo, entre otros, figuran el actual alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pissarelo, y el exsecretario general del Parlamento Pere Sol.

A la presentación del colectivo asistieron el conseller Carles Mundó; el presidente del Pacte Nacional pel Referéndum, Joan Ignasi Elena; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; los diputados de Junts pel Sí Jordi Turull y Lluís Llach; David Cid, de la dirección de ICV y de En Comú Podem, y Carles Viver Pi-Sunyer, expresidente del Consell Assessor de la Transició Nacional.

Este grupo de juristas considera que la actual Constitución permitiría la celebración de un referéndum atendiendo al principio de participación política. Entienden que con el actual marco legal se podría hacer la votación que “jurídicamente sería consultiva, pero políticamente sería vinculante”. A partir de aquí, en caso de que ganara el sí, se tendría que poner en marcha los mecanismos de negociación con el Estado para plasmar el resultado en una reforma constitucional.

Legalidad y legitimidad

Los dos grupos coinciden en que el referéndum sólo podría ser consultivo, pero difieren en el momento de su aplicación y sobre todo en el camino del futuro. Los partidarios de la tercera vía insisten que el rumbo emprendido por el Govern tiene que ceñirse a la legalidad y ven con temor la voluntad del Ejecutivo de Puigdemont de desobedecer las leyes en nombre de una supuesta legitimidad. “La legalidad es la que da la legitimidad. No se pueden invertir los términos y poner en riesgo algo tan importante como la Constitución”, insistía el exvicepresidente del TC. El catedrático Arbós subraya que el Govern “está banalizando el derecho invocando la legitimidad”, ya que considera que la desobediencia es un “ejercicio individual en que se asume el riesgo de incumplir la ley por cuenta propia”, pero el Govern no puede descalificar todo el ordenamiento jurídico en nombre de su legitimidad. Por el contrario, los Juristes pel Referéndum lo ven del todo diferente. Consideran que como la consulta sí tiene cabida en la Constitución, el Estado tiene la obligación de dar respuesta. “Si te niegan la existencia de un derecho que existe, quien rompe el juego de cartas es la otra parte. ¿Entonces, quién está desobedeciendo?, si el Estado no cumple con sus compromisos, el primero que desobedece es el Estado”, afirma Barceló.

Los partidarios de la tercera vía recuerdan que la Constitución fija la “indisoluble unidad de la nación española”, mientras que los impulsores del referéndum creen que su tesis queda avalada por el “principio democrático”.

Las visiones de los juristas, en definitiva, dependen de cómo se interpreten las leyes. Los dos catedráticos, Xavier Arbós y Mercè Barceló, recuerdan la doctrina del derecho internacional sobre los referéndums de autodeterminación. Arbós afirma que “no se puede hacer un referéndum de autodeterminación si no hay una situación colonial o de opresión de las minorías, y en este caso vivimos en un sistema democrático”. Y Barceló expresa que “si eso fuera así, llegaríamos a una conclusión muy extraña. Como no somos una colonia ni un pueblo oprimido, no podemos decidir”.