El PSOE y el PSC han presentado un conjunto de propuestas, contenidas en la llamada declaración de Barcelona, para intentar dar una salida política a la actual situación de bloqueo que sufren las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat.. Aunque la iniciativa llega muy tarde es bueno que alguien, al menos, se haya puesto a pensar en la definición de un eventual escenario de negociación. Sin embargo, tal como están las cosas, no parece que ello pueda evitar el choque de trenes que supone la convocatoria del referéndum sobre la independencia del 1 de octubre.

Pese a todo, los secretarios generales de ambos partidos, tanto Pedro Sánchez como Miguel Iceta, promotores de la iniciativa, parecen creer que aún hay margen de maniobra para el diálogo y, por tanto, hacen bien en intentar convocar al conjunto de fuerzas políticas del país en la búsqueda de una nueva tercera vía como alternativa al independentismo, en el marco de la Constitución y del Estatut, y que evite que la Generalitat se sitúe fuera de la legalidad.

“Frente al inmovilismo y el rupturismo, nosotros planteamos propuestas de solución”, ha dicho Sánchez, que estos días ha estado en Barcelona. El líder socialista intenta demostrar que desde la política se puede hacer mucho para resolver el problema catalán y, con ello, distanciarse del Partido Popular. Confía en que el PSOE, dada la actual composición del Congreso, puede actuar como dinamizador para encauzar una alternativa que permita salir del enquistamiento actual. “Los políticos no se pueden esconder tras los tribunales como hace el PP”, ha dicho Sánchez.

La citada declaración de Barcelona es un amplio compendio de propuestas para propiciar, a través de la negociación, un adecuado encaje de Catalunya en España. En ella ocupa un lugar destacado la reforma de la Constitución, que debería contemplar el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Catalunya, la mejora del autogobierno, un acuerdo sobre la financiación autonómica para dotar de recursos necesarios el sostenimiento de las grandes políticas públicas, y el establecimiento de un Senado federal como mecanismo de representación territorial.

En la declaración también se propone negociar las 46 reivindicaciones (con la excepción del referéndum) que Puigdemont presentó a Rajoy en abril del 2016, así como un mayor desarrollo del Estatut, con la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que impulsó el PP en el 2013. Ambos partidos también expresan su intención de impulsar una mesa de negociación política que busque el acuerdo sobre un sistema de financiación autonómico más justo y equitativo, así como una proposición de ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España.

La iniciativa del PSOE y del PSC, como hemos dicho, debe valorarse positivamente como hoja de ruta para el diálogo. Pero, aquí y ahora, tal como está el nivel de enfrentamiento político e institucional entre Madrid y Catalunya, no parece suficientemente para evitar el choque de trenes que representa la convocatoria del referéndum, a menos que en pocas semanas concitara el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas del Parlamento. Pero ello es altamente improbable por la intransigencia del PP y, asimismo, por las críticas que las propuestas de la Declaración de Barcelona han recibido de Ciudadanos.

En último extremo, los socialistas consideran que unas elecciones autonómicas serán en los próximos meses la única salida al bloqueo político actual, y por ello, antes del parón estival, han proclamado ya a Miquel Iceta como candidato a la Generalitat, con un apoyo casi unánime.