Parece que el presidente Carles Puigdemont quiere encargar a Oriol Junqueras la coordinación del referéndum o lo que sea, programado para el día 1 de octubre. Y también parece que Junqueras, que se quiere presentar a las próximas elecciones para presidente de la Generalitat, no quiere exponerse a que la justicia le inhabilite por desobediencia a la ley. También parece que, después de que el conseller Baiget haya sido cesado de manera fulminante por dudar que se hiciera el referéndum y también por haber dicho en una entrevista que no se quiere jugar su patrimonio, será difícil, por no decir imposible, encontrar a alguien que quiera firmar la convocatoria y la organización. Y hasta estas horas, también han renunciado y han salido del Govern los consellers Ruiz, Jané y Munté, así como el secretario del Govern, Joan Vidal. Una cosa son las representaciones escénicas y otra bien distinta es que el poder judicial te inhabilite durante años y además te haga pagar una considerable multa. Los funcionarios ya se han plantado y han dicho que no cuenten con ellos, que no se la juegan, son sensatos. Pero alguien, sea quien sea, tendrá que firmar alguna cosa, por ejemplo: una compra de urnas, una lista de voluntarios, unos gastos opacos, porque una movida como la que se pretende no se puede hacer tan sólo con humo.

Se habla de que se necesitarán 4.500 voluntarios, pero también es necesario decir que esos voluntarios, si se ofrecen, tendrán que identificarse con su nombre y así quedarán expuestos a lo mismo que los cargos políticos, patrimonio incluido. No existen voluntarios anónimos, porque para encargar un trabajo es necesario saber quién lo va a hacer, de manera que no hay escondrijo alguno para una infracción de la ley de esta envergadura. Y es necesario decir claramente que si los políticos que han tomado una decisión tan grave como esta no quieren firmar ningún documento para no cargar con las consecuencias penales, y en cambio quieren vender la moto a los voluntarios como una clase de socialización del castigo judicial que ellos quieren eludir, tan sólo muestra una cosa: que saben que la decisión es un disparate y que quieren resguardarse ellos mismos de las consecuencias penales. Una muestra de pura cobardía.