El Parlament de Catalunya empieza vacaciones el martes y reanudará su actividad el 16 de agosto con el trasfondo de una desco­nexión exprés cuyo objetivo es desmontar la legalidad vigente y reemplazarla antes del 1 de octubre por otra. La mayoría parlamentaria de JxSí y la CUP se ve con ánimo de reemplazar en seis semanas las leyes que han dado a Catalunya el mayor autogobierno de su historia por otras diseñadas para la hipotética independencia del hipotético referéndum del 1 de octubre. Nadie puede negar que el objetivo es ambicioso. ¿Dispone esa mayoría de votos y apoyo social suficiente para embarcarse en semejante revolución en nombre de una mayor democracia para Catalunya mediante lecturas únicas, limitación de los debates parlamentarios y haciendo oídos sordos a los dictámenes de sus propios letrados y a las resoluciones del Consell de Garanties Estatutàries, dependiente también de la Generalitat? Como era de prever, el Gobierno de Mariano Rajoy ha recurrido la reforma del reglamento ante el Tribunal Constitucional. La “sociedad catalana necesita también que se les proteja de un proyecto radical y divisivo que se intenta imponer a las bravas”, afirmó ayer el presidente tras el Consejo de Ministros.

El proceso soberanista aglutina a sectores amplios de la sociedad catalana, pero en este tramo final está adoptando métodos y procedimientos que son un traje a medida de la CUP, partidaria de transformar la sociedad de arriba abajo o de desconectar a Catalunya de la Unión Europea y el euro. Es decir, el proceso se aleja de aquellos catalanes cómodos con la libre economía y el orden en tanto que factor de onvivencia y garantía de seguridad jurídica. Los votos imprescindibles de la CUP para mantener vivo el proceso después de las elecciones del 27 de septiembre del 2015 han tenido y tienen un precio muy elevado: empezaron cortando la cabeza al president Mas –elegido de facto por las urnas– y han logrado la convocatoria de un referéndum unilateral –que no figuraba en el programa de Junts pel Sí– que exige ahora desvirtuar la propia esencia del parlamentarismo en Catalunya. Sin este factor, resulta complicado entender que fuerzas parlamentarias como el PDECat o incluso ERC den apoyo a una reforma que se sustenta en una mayoría simple y una minoría en votos, conforme al planteamiento de “elecciones plebiscitarias” que estas mismas fuerzas dieron a las últimas.

La paradoja es que las fuerzas soberanistas invocan la necesidad de romper con España por su supuesto déficit democrático y, en cambio, proyectan un viaje a la ruptura que elude el debate parlamentario, tan imprescindible tratándose de la ley más importante desde la noche de los tiempos. Si reformar el Estatut exige dos tercios del hemiciclo, está fuera del sentido común que una mayoría simple permita hurtar debates y dar un ritmo acelerado a la desconexión, algo que muy pocos gobiernos democráticos del mundo pueden ver con simpatía. Un error habitual en el pensamiento soberanista es creer que su visión de España es compartida por la comunidad internacional, donde nadie pone en duda que se trata de una democracia incuestionable.

No es casualidad que tantas voces sociales, económicas, jurídicas y políticas se manifiesten con rotundidad y claridad sobre el método elegido para amparar una consulta unilateral. Lejos de fortalecer la democracia, la desconexión exprés la debilita.