Nada se podrá hacer en los próximos meses desde el punto de vista político. Ni el Gobierno, ni el Congreso, ni los partidos políticos. Nada tendrá cabida en la agenda política, esperando a Catalunya. La situación catalana condicionará lo que pueda o deba ocurrir en el resto del Estado. Ni siquiera la negociación presupuestaria, encarrilada aunque no cerrada, tendrá importancia. Ni los casos de corrupción que afectan al PP y que llevarán de nuevo a Rajoy a tener que declarar en la comisión de investigación sobre las finanzas del PP. Nada tendrá importancia al lado de lo que ocurra en Catalunya, de hasta dónde llegue el desafío soberanista si la Generalitat se empeña en seguir adelante con la consulta, o si al final decide buscar la solución legal a sus aspiraciones o una tercera vía que permita hallar puntos de encuentro entre Catalunya y el resto de España.

De momento, Rajoy tiene claro, muy claro, dicen quienes les rodean, lo que tiene que hacer para que el desafío fijado en una fecha, el 1 de octubre no llegue a ser una realidad. No es ya que el referéndum no tenga validez, como no lo tuvo la consulta de hace tres años, sino que no se celebre. Esta vez, no habrá urnas en las que depositar papeletas. El 9-N las hubo y Rajoy todavía se arrepiente de haberlo permitido. Instrumentos aseguran tener, sin llegar a la aplicación del artículo 155 de la Constitución –que necesita de más tiempo para dar respuesta a una desobediencia del Govern– para prohibir, advertir, impedir y llegar incluso a la inhabilitación, a la anulación de actos, para que no proclamen la independencia. 

Rajoy sabe que cómo consiga resolver este problema es importante. Porque no basta con resolverlo, es decir, no basta con impedir la consulta a cualquier precio, sino que debe hacerlo sin aspavientos, sin más medidas de las estrictamente necesarias, y es a lo que está dispuesto el presidente del Gobierno enfrentado al problema territorial más grave de la historia reciente. Lo que no tienen tan claro los demás es que, al margen de cómo impedirá que haya urnas en la calle el 1-O, Rajoy disponga de un plan que ofrecer al día siguiente, o en los días siguientes.

El PSOE lo tiene: la reforma de la Constitución para avanzar hacia un estado federal. Ciudadanos lo tiene: una reforma constitucional que cierre el marco territorial. Rajoy cree que la mayoría de los españoles no quieren cambios. Y es verdad, según el CIS. Pero el presidente del Gobierno también sabe que si no lidera una reforma constitucional, se la harán otros.