• La única salida para la situación es que Puigdemont convoque nuevas elecciones

Ya estamos viendo que el temido choque de trenes -al convertirse tras las leyes rupturistas del Parlament– en un enfrentamiento de dos legalidades empieza a tener consecuencias muy peligrosas. En un país no pueden coexistir dos legalidades. Forzosamente una debe imponerse y aplastar a la otra. Y cuando esto sucede, la que tiene más cimiento jurídico y la más fuerte es la que gana la batalla. El problema es que si se impone de forma desmedida y/o no sabe explicarse, corre el riesgo de perder -al menos ante una parte significativa de la sociedad- la razón moral. Y entonces…

La semana pasada vimos cómo las instituciones y las libertades empiezan a degradarse. Imponer la legalidad puede exigir intervenir las finanzas de la Generalitat y limitar parcialmente la autonomía de la policía catalana. No se puede ignorar que el Gobierno catalán se ha rebelado contra el orden constitucional. Es así, aunque muchos independentistas no lo sepan o no lo entiendan. Pero llevar las medidas coercitivas a imputar a 712 alcaldes –como ha hecho el fiscal general– o a detener a altos cargos de la Generalitat altera la normalidad democrática todavía más y afecta a las libertades. 

Degradación e indignación

Hay un grave riesgo de degradación, y la reacción indignada de la calle -tenga o no razón- lo demuestra de forma palpable. Del choque de trenes se ha pasado al de legalidades y todo puede acabar en un terremoto que ponga patas arriba las instituciones.

A día de hoy, y con la Sindicatura electoral ilegalizada, multada y disuelta por el propio Puigdemont, es evidente que no puede celebrarse ningún referéndum presentable. Lo ha explicado claramente Xavier Arbós, y la propia Mònica Oltra le dice a Puigdemont que lo debe suspender.  

No obstante, el domingo -en la entrevista sin concesiones de Jordi Évole– el ‘president’ insistió en que habría referéndum. Si quiere una gran manifestación con papeletas, y quizá urnas, no sería nada mas grave de lo que viene sucediendo, pero si proclama resultados -sin ningún control y a favor de la independencia- habremos llegado al terremoto. 

La única salida sería que Puigdemont convocara elecciones. Si se inclina por una DUI, al Gobierno de Rajoy no le quedará otra alternativa que suspender provisionalmente la autonomía y -si es sensato y no desea la catástrofe- convocar inmediatamente elecciones.

La solución, votar

Vamos a vivir una semana de infarto, un 1 de octubre con todos los riesgos imaginables para la convivencia y la democracia. Y llegaremos al 2 de octubre al borde de la catástrofe. La única salida -que no solución- será votar. Como hemos hecho no siempre, pero sí 12 veces desde 1980. Y luego, respetar tanto los resultados como el Estatut. En caso contrario, pasaremos del terremoto al caos.

Y la onda expansiva del caos puede alcanzar a toda España. El entorno es hoy mucho mejor, pero lo de Companys contribuyó a la degradación de la República, que acabó como acabó. Impensable hoy, sí, pero también lo era que la ‘cafrada’ del PP contra el Estatut llevara a la insurrección del Gobierno catalán.