Este pasado agosto el independentismo ha cometido errores políticos de envergadura que sitúan al Gobierno en mejor posición para afrontar el desafío del 1 de octubre. El más grave de todos ha sido la manipulación de la manifestación del 26 de agosto en Barcelona. Resultó no sólo burda, sino también desleal para con la sociedad catalana que en su inmensa mayoría se comportó de forma acorde a la naturaleza de la convocatoria. La transformación de esa protesta popular contra el terrorismo en un acto de hostil exhibición separatista, selectivamente representado en torno al Rey y el presidente del Gobierno, no sólo fue una muestra de insensibilidad, sino también de debilidad y evocó otras manipulaciones de infausto recuerdo que tanto coste político tuvieron para el Partido Popular. En esa línea se inscribiría la negativa de Interior, primero, y la admisión, después, de haber recibido una alerta de la inteligencia estadounidense desdeñada por su “baja credibilidad” y los ataques a periodistas y medios por dar cuenta de esa noticia. El major Josep Lluís Trapero ha quedado en mal lugar después de una irrupción sobria y prometedora. ¿Qué hizo que fuese mutando de profesional a secundario del conseller Forn?

Todo esto tendrá consecuencias para el secesionismo que –otro grave error– se ufanó durante la gestión policial y política de los atentados de que la Generalitat, a través de los Mossos d’Esquadra y el funcionamiento de su administración, había logrado oscurecer al Estado español de tal forma que se comprobaba así la viabilidad de otro catalán independiente. Un mensaje contradictorio con el mantra anterior que justificaría el intento separatista: la insuficiencia del actual autogobierno para colmar las aspiraciones de una buena parte de los catalanes. En este elenco de errores no puede dejar de apuntarse la precipitación sobreactuada y ­autocomplaciente acerca del funcionamiento de la policía catalana en la represión de los crímenes terroristas, obviando –lo mismo reza para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y para el CNI– los muy serios fallos anteriores a los crímenes en la detección de la célula yihadista.

Otro error de dimensiones aún por determinar es la proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república que conformaría un nuevo Estado ahormado en unos criterios que no pasarían los filtros de cualquier democracia liberal de nuestro entorno. Como se ha escrito, ese texto compone una autocracia. El conjunto de normas en ciernes que pretende regular el referéndum y la transitoriedad catalana hacia un Estado republicano independiente, tanto por el fondo como por la forma, configuran un auténtico “golpe de Estado jurídico” como ha denunciado Foment del Treball y como ha argumen­tado el catedrático Javier García Fernández ( El País, 31/VIII/2017) en su artículo titulado “El autogolpe independentista”. Denuncia este experto en derecho constitucional que no es preciso que medie violencia para que se perpetre ni un golpe de Estado ni un autogolpe, basta que se produzca una anulación del orden jurídico vigente y su sustitución por otro ilegítimo según descripción de Hans Kelsen.

La forma evidente de procrastinar de las autoridades catalanas –falta menos de un mes para el referéndum sin que haya sido regulado y, por lo tanto, tampoco convocado–, en combinación con una trompetería discursiva que aparenta una impostada seguridad, revela que el secesionismo está muy lejos de controlar las pautas finales del proceso y que, por más que desprecie a las instituciones del Estado, le imponen respeto. A estas alturas, los diputados del PDECat y de ERC siguen en el Congreso y ambos partidos mantienen sus escaños en el Senado: otro comportamiento contradictorio. Se trata de un juego de supuesta astucia que ha derivado hacia la incompetencia y el desconcierto. También hacia la tozudez. Había razones inapelables para alterar la agenda política. No sólo los atentados del 17-A imponían un nuevo marco de referencias y prioridades. También la negativa internacional a cualquier receptividad secesionista –véase el solitario viaje del president Puigdemont a Dinamarca– aconsejaba una corrección de rumbo como bien sugerían los cargos públicos purgados en los últimos meses por sus razonables dudas y cavilaciones ante un proceso en estado crítico.

Al presidente del Gobierno se le puede atribuir indudables responsabilidades políticas en el estado de la cuestión catalana. Pero no, desde luego, haber errado en la estrategia desplegada en este mes de agosto. No ha obstaculizado en absoluto el protagonismo de la Generalitat en la peor crisis de seguridad que ha padecido Catalunya –también el resto de España– y ha aplicado el principio de subsidiariedad del Estado, persistiendo en un discurso que, por una parte, ha llamado a la unidad y a la coordinación y, por otra, ha desoído todas y cada una de las provocaciones que se le han lanzado para que cometiese el error de entrar al capote que tan obviamente le ofrecían determinadas situaciones y declaraciones. Mariano Rajoy no es que redima sus omisiones, pero rehace su compostura política al actuar de esta manera, soportando no pocas críticas por su estrategia blanda (está descartado el 155 y cualquier medida que no sea proporcional para impedir el referéndum, aunque no la apli­cación de la ley de Seguridad Na­cional), que proceden tanto de sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como de no pocos medios de comunicación y de miembros de su propio partido. La equi­distancia políticamente correcta exigiría contrapesos a este análisis. No los hay. La conducta canicular del ­secesionismo no ha tenido un pase. Ha sido bo­chornosa y ofensiva en el nivel que importa: el institucional. La dignidad del Rey el día 26 de agosto en Bar­celona y la contención inteligente de Rajoy proyectan la mejor imagen del Estado en esta crisis de altísimo ­voltaje.