Todo proceso implica una acción que se desarrolla en distintas fases. Así sucede en el proceso que tiene lugar desde hace años en pos de la independencia de Catalunya y que, promovido por el sector más radical de los nacio­nalistas espoleado por los anarcos de la CUP, ha llegado a su clímax. Sin necesidad de ir más allá en el tiempo, cabe distinguir en este proceso tres últimas etapas. Una etapa de enroque (como en el ajedrez), en la que ambas partes se han blindado en torno a un único principio proclamado como verdad absoluta: los independentistas en torno al “principio democrático”, entendido de forma que la voluntad popular expresada en escaños ­carece de cortapisa alguna (dictadura de la mayoría parlamentaria); y el Gobierno central en torno al “principio de legalidad”, por el que la ley se erige en dogma intangible de interpretación estricta, ante el que decae toda exigencia de la voluntad popular que no pase por el tamiz de una norma a la que se atribuye la función de candado. Esta fase se ha caracterizado por una gesticulación creciente de los independentistas y una pro­gresiva judicialización del conflicto por el Gobierno central.

La fase de enroque ha desembocado inevitablemente en una fase de ruptura, marcada por una acción y una reacción que se retroalimentan. La acción ha sido el reciente golpe de Estado perpetrado por los independentistas en el Parlament con luz y taquí­grafos, al aprobar la ley del Referéndum y la ley de Transitoriedad con quebranto de las reglas básicas de la democracia, en unos ­términos de prepotencia y con unas formas tan burdas que a la ilegalidad se ha unido el mal estilo. Ha sido un golpe de Estado porque lo hay siempre que se produce una subversión total del ordenamiento jurídico establecido con voluntad explícita de hacerse con el control absoluto del poder. Así las cosas, la reacción estaba servida y ha tomado cuerpo en una panoplia de recursos, incidentes, impugnaciones, requerimientos y notificaciones interpuestos y practicados por el Gobierno central, que dejan otra vez el desenlace del conflicto en manos de jueces y tribunales, si bien es cierto que, consumado el golpe de Estado, no quedaba otro camino que este. Por tanto, la situación de ruptura derivará más pronto que tarde en un enfrentamiento franco.

La fase de enfrentamiento se librará a partir de ahora y se desarrollará, antes del desenlace, en tres frentes. Primero, en el frente de la participación, que, a su vez, se desdoblará en dos ámbitos: el institucional (en torno a que los ayuntamientos colaboren o se abstengan en la intendencia de la consulta) y el ciudadano (los independentistas promoverán la participación incluso de los que vayan a votar no, y los contrarios a la independencia propugnarán la abstención de estos para evitar que los votos negativos sirvan para legitimar el resultado). El segundo frente será el de la logística (colegios electorales, censo, mesas, papeletas…), en el que el Gobierno central se empleará a fondo para evitar que el 1-O pueda acudirse a votar. Y el tercer frente será el de la agitación y propaganda, en el que la ventaja independentista es incontestable. Este escenario complejo se prolongará hasta el 1-O, con riesgo grave de que se produzcan incidentes –casuales o buscados– que aumenten la crispación ya existente hasta extremos de confrontación abierta, que los independentistas aprovecharían en aras de un victimismo exportable. Se trata de una situación muy peligrosa a la que nunca se debiera haber llegado y que debe afrontarse con la esperanza de que el sentido común de la mayoría de ciudadanos, cualesquiera que sean sus ideas, compense de largo –lo que no es difícil– la imprudencia de todos nuestros dirigentes que, unos por acción y otros por omisión, han dejado pudrir un problema difícil pero no insoluble si se afronta con una brizna de inteligencia, algo más de generosidad y un decidido coraje, entendiendo por coraje el valor cívico que a veces se precisa para hacer y otras tantas para no hacer.

Es imposible predecir el desenlace de este proceso por su complejidad y por cómo se desarrollarán los acontecimientos hasta su final. Pero no hay que cerrar las puertas a la esperanza de que pueda superarse esta situación tan grave sin daños mayores. Lo que será posible si la mayoría de los ciudadanos catalanes apuestan, sin abdicar de sus ideales ni abandonar sus opciones, por la concordia en lugar del enfrentamiento, por el pacto en vez de la refriega y por la transacción como alternativa de la imposición. Es decir, si muestran aquellas virtudes cívicas de las que tan escasos han andado nuestros dirigentes desde hace ya demasiado tiempo, con olvido además de que la prudencia es la virtud política por excelencia. Ojalá lleguemos pronto y en paz a unas nuevas elecciones auto­nómicas y, tras ellas, el Gobierno central –que debería tomar la iniciativa– y el nuevo Govern catalán busquen un arreglo, aun- que sea un apaño, teniendo la ley como marco, la polí­tica como tarea y la palabra como instru­mento.