Aunque el independentismo parece inmune a la adversidad, es evidente: un referéndum en el sentido pleno del término no podrá celebrarse. La primera dificultad seria tuvo lugar, recordemos, en el Parlament: no obtuvo el quórum ni el consenso necesarios. No todas las dificultades proceden del Estado, sino también de la correlación de fuerzas en el interior de la sociedad catalana. El 47% queda fijado como un techo y, al mismo tiempo, como un lastre. Sin embargo, a pesar de este techo y ese lastre, si el referéndum hubiera podido organizarse con un mínimo de comodidad logística y normalidad democrática, con una campaña seria y contrastada, los datos de participación y resultado habrían sido muy relevantes políticamente, incluso sin ser vinculantes. Habríamos sabido si, en este clima de máxima tensión y ante las flagrantes violaciones de varios derechos básicos por parte de la fiscalía (convertida, de facto, en autoridad máxima: incon­testable) el independentismo recogía más o menos apoyo.

Ahora bien, las fuerzas civiles y políticas que organizan la consulta no han podido driblar la fuerza del Estado y la determi­nación taxativa del PP de impedir el re­feréndum al precio que sea. Cierto: el Estado tiene el monopolio de la violencia, en los regímenes democráticos. Pero esta violencia debe respetar escrupulosamente los derechos y libertades; y debe aplicarse con proporcionalidad. El sometimiento de la política y de buena parte de la sociedad catalana al poder judicial, la acusación de sedición imprecisa y genérica, los registros, detenciones e incautaciones, las al­tísimas multas del TC (inéditas en tri­bunales análogos) y, muy especialmente, el despliegue policial que está llegando a Barcelona confirman el gran tópico del ­independentismo histórico: “Catalunya, país ocupado”. Que la excusa de este despliegue policial sea la violencia, como decía ayer el portavoz Hernando del PP, añade burla a la humillación. El independentismo puede ser muy discutido, pero no acusado de violento: cada 11 de septiembre lo demuestra con milagrosa ejemplaridad.

El despliegue policial confirma que, si bien el independentismo ha cruzado la línea roja de la legalidad, el PP ha hecho ­todo lo posible para que eso ocurriera (con una propuesta de tercera vía, la dirección moral de Catalunya sería otra). Rajoy y el PP, de acuerdo con las tesis de FAES, han preparado el terreno para batir al independentismo con una exhibición de fuerza colosal e implacable, disciplinante. Una fuerza que aplastará la disidencia, pero que no servirá de nada. El problema territorial reaparecerá el día siguiente, como el dinosaurio del cuento.

Mientras la España del PP elige el camino de la fuerza humilladora, coherente con su tradicional desprecio de la diferencia, en Catalunya quiero creer que el aplomo y la flema persistirán. Catalanes de ­opciones diversas, favorables o contrarios al referéndum, se conjurarán para dar en la calle ejemplo de contención y templanza. El PP responde con tremendismo al honor herido; pero Catalunya no puede prescindir de la serenidad.